Hace una semana la Corte Suprema acogió un recurso de amparo en favor de 62 ciudadanos provenientes de Haití a los que se les impidió entrar a Chile. Acorde a la resolución del Máximo Tribunal, esta actuación “fue ilegal, y se dispone que la Policía de Investigaciones de Chile adopte las medidas necesarias para evitar la reiteración de hechos como los denunciados”.

Eso no ocurrió, tal como lo denunció la semana pasada el Movimiento de Acción Migrante (MAM), que acusó que la PDI retuvo a un ciudadano de Venezuela que habría venido de visita a suelo nacional, y que según el vocero de la organización, Eduardo Cardoza, quedó retenido en el aeropuerto.

“No pasó una semana y ya conocimos otros casos similares, lo que nos hace pensar que podrían haber sido desoídas las indicaciones de la Corte Suprema en el sentido de corregir prácticas arbitrarias e ilegales”, comunicó el MAM.

En conversación con Cardoza, el dirigente afirmó que este tipo de impedimento abre otro tipo de proceso de índole delictual.

“Esto lo único que hace es abrirle el mercado a los traficantes porque, como la migración no se controla de esa manera, lo que ocurrirá es que se querrá entrar por otros medios y lugares, generando vulnerabilidad”, dijo.

Más allá de estos hechos, que se han producido en el aeropuerto de Santiago que llevaron a interponer otro recurso de amparo, Cardoza aludió a un doble discurso del mundo político, sobre todo desde el Ejecutivo.

“Es una mala señal porque muestra que hay un discurso, por un lado, pero nos topamos con medidas concretas por este otro. Entonces, si se habla desde el punto de vista de los Derechos Humanos y la libre movilidad de las personas, se viene al agua con estos hechos concretos”, concluyó.