Hace cuatro años, durante un homenaje a Jaime Guzmán en la cámara de diputados, Camila Vallejo optó por quedarse sentada. No habló, no insultó, no descalificó, no impidió el homenaje. Su silencio fue elocuente. Como también el hecho de que no saliera de la sala, que eligiera quedarse. Debe ser difícil quedarse, en esas circunstancias, asumiendo una postura, una idea contraria.

El recuerdo viene al caso con motivo de las palabras agraviantes que brotaron estos días. Por un lado, los dichos del diputado Urrutia, que se refirió a ex presos políticos y víctimas de tortura como a “terroristas” que reciben “aguinaldo” (en relación al retiro del proyecto de ley sobre reparación monetaria). Por otro, el ataque al memorial de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Valparaíso, que apareció hace unos días con un inmenso rayado (“VIVA PINOCHET”) por sobre el nombre de las personas conmemoradas.

No es casual que en una misma semana, como si se hubieran liberado las lenguas y las riendas, se digan y se escriban estas palabras, sea con conocimiento de causa, sea por ignorancia, por ánimo de provocar y/o de seguir dañando. Sea incluso por maldad.

En el caso del ataque al memorial, se presentó un recurso para que se investigue y se definan responsabilidades. Diversos organismos de DD.HH. se han reunido, han debatido, han denunciado y van a encargarse de limpiar y restaurar el memorial.

En efecto… sea lo que sea que haya que hacer… está claro que lo vamos a tener que hacer nosotros. Como también queda claro el poco lugar que ocupan los ex presos políticos, los detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos en nuestra sociedad. Como dijo una vez el poeta Palomo Arriagada, para muchos, son “un cacho”. Un problema. Un problema que no parece tener solución pero que tampoco se puede obviar.

No se puede obviar porque quienes organizaron el golpe de Estado, no lograron completamente su cometido. Es sabido que el deseo de aniquilación fue total. ¿Qué otra cosa significaba la expresión “extirpar el cáncer marxista”? Es cierto que ellos tenían la fuerza. Es cierto que ellos quisieron aplastar y aplastaron. Es cierto que la izquierda o las izquierdas no volvieron a levantarse y cuando lo hicieron estaban tan cambiadas que ya no parecían izquierdas. Es cierto que a pesar de los esfuerzos de distintas generaciones, el neoliberalismo impuesto en Chile con manos llenas de sangre, no tiene hoy un contrincante que le haga peso. En ese marco donde la victoria (de ellos) parece también total, el “cacho” permanece. Insiste. Reclama. Se hace notar.

Veo, en torno a estas cuestiones, por lo menos dos problemas graves. El primero dice relación con la palabra daño.

A 45 años del golpe de Estado tenemos en Chile un porcentaje importante de nuestra población dañada por los crímenes cometidos en dictadura. En particular por la aplicación sistemática de la tortura. Pero también por la destrucción de las familias producto de alejamientos forzados, de muertes violentas y de duelos imposibles de hacer. Existe en Chile una abundante bibliografía académica sobre estos temas. Si alguno pone en duda los resultados de tantas investigaciones, en particular las que han sido llevadas a cabo por especialistas de la salud, también se puede tomar como referencia los informes producidos por distintos gobiernos tras sus comisiones de investigación.

Respecto a estos temas, cabe preguntar: ¿No le corresponde al Estado, involucrado en la producción de ese daño, hacerse cargo del cuidado de quienes lo sufrieron? ¿Puede el Estado desentenderse de una parte de su población? De poderse, puede. ¿Debe? Luego: ¿es aceptable que, en un país que se presenta como democrático, se siga agrediendo públicamente, desde una posición de poder, a esas mismas personas que fueron calificadas como víctimas, por el Estado chileno, precisamente con el fin de hacerse cargo del daño? ¿O de una parte del daño? A sabiendas de que ciertas pérdidas son irreparables. Pero a sabiendas también de que muchas personas se vieron, por ejemplo, impedidas de trabajar y no tienen hoy una jubilación que permita la subsistencia. Lo cual, sin duda, trasciende la situación de los ex presos políticos.

Acotación al margen. Hasta donde se sabe, ninguna de las comisiones de calificación de víctimas puede ser catalogada de marxista leninista ni de terrorista. Y me pregunto si, en algún punto, el agravio del diputado Urrutia no se hace extensivo a todas las personas que trabajaron en dichas comisiones. Cabe pensarlo.

Por otra parte, además de la cuestión central del daño, persiste el problema político, el problema medular, se podría decir. Es un hecho, guste o no, que estas personas –“terroristas” para el diputado Urrutia– antes de ser calificadas como víctimas y antes de ser perseguidas, detenidas, encarceladas… fueron, en su mayoría, personas comprometidas con los cambios sociales. Personas que buscaban un tipo de sociedad que en vez de favorecer a los pocos ricos se hiciera cargo de sus muchos pobres. No para exterminarlos. No para engañarlos. No para mantenerlos adormecidos. Para brindarles derechos. Trabajo. Vivienda. Educación. Salud.

Desde luego, no vamos a esperar de un diputado UDI que reconozca que estas luchas puedan tener algún valor y sigan siendo, hoy más que nunca, legítimas en sus principios. ¿De quién entonces?

No es que me importe tanto el reconocimiento, aunque no estaría mal alguna vez homenajear a tantos luchadores por lo que hicieron en vida, por sus propias opciones, acciones, y sin perjuicio de las dudas y/o reflexiones que nos inspiren algunas de sus decisiones. Pero decía, más incluso que ese reconocimiento, importa quizás los debates que podemos tener entre nosotros, pero sobre todo con otros, si hay respeto.

Porque hay ciertos debates que seguimos sin tener. Articulaciones que no estamos haciendo entre nuestro pasado y nuestro presente. Las tantas luchas dadas y perdidas, las nuevas caras que toma la desdicha y la exclusión. De ese espacio que dejamos en blanco, se nutre también el adversario.