Señor Director:

Son más las dudas que certezas lo que nos deja este Proceso de Regularización Extraordinaria de las personas migrantes impulsado por el Gobierno actualmente, pues para gran parte de la población migrante existen dos incógnitas trascendentales que van más allá de la promesa de residir de forma regular en el país, y son ya de carácter de supervivencia.

Una es: ¿cómo es posible que el Departamento de Extranjería y Migración se pueda demorar hasta un año en otorgar la respuesta al proceso de visa de los miles de personas que se están inscribiendo para regularizar su situación?

Esta es una legítima preocupación sabiendo que una Visa Temporaria permite el acceso al RUN, determinado como piedra angular para poder acceder a derechos sociales como salud, vivienda, educación y- muchas veces- trabajo; esto último debido al mismo desconocimiento de los empleadores frente a la contratación de inmigrantes, quienes usualmente no les dan trabajo si no tienen el RUN. Este flanco no se resolverá con un mero registro que no implica necesariamente visa, y que además no se resolvería hasta por un año, mientras se desarrolla la “Etapa 2: Procesamiento” de este proceso.

La segunda, ya como un asunto de primera necesidad: ¿se puede trabajar con el “Certificado de regularización migratoria” que entregan a cada persona migrante en esta etapa de registro? Entendemos que la respuesta es no, pero la información entregada por las autoridades de Gobierno ha llegado a ser, en ocasiones, confusa. Hasta el momento, no ha habido una respuesta clara a esta interrogante.

Teniendo presente que el trabajo es la fuente principal para conseguir los recursos económicos que permiten a cualquiera sustentarse dentro del país y sobrevivir, hay temor profundo y legítimo a los efectos que podría tener el hecho de permanecer un año sin empleo mientras se resuelva su situación migratoria.

Con todo, me parece que estas preguntas deben ser resueltas lo antes posible, por el bien de miles de familias que buscan en este proceso el poder conocer y comprender todas las reglas del juego posibles, para así asegurar un debido proceso, transparente para todas las personas migrantes, y que les permita tomar decisiones responsables e informadas sobre el futuro de sus vidas y la de sus familias aquí en nuestro país.