En esta jornada, la Cámara aprobó la petición realizada por los parlamentarios del PS, PPD, PC, PR y el Frente Amplio para interpelar al ministro de justicia Hernán Larraín por el retiro del proyecto de ley de reparación a los presos políticos y víctimas de torturas durante la dictadura.

La oposición reunió en la tarde de ayer las 58  firmas de diputados para ingresar la solicitud con 67 votos a favor, 54 en contra y una abstención y se decidió que la sesión de preguntas al ministro de Estado se llevará a cabo el 6 de junio a las 10:30 de la mañana. La parlamentaria a cargo del cuestionario es la  representante del Partido Comunista, Carmen Hertz.

En poco más de dos meses de gobierno, ya se ha decidido la interpelación de dos ministros de Estado. El primero fue el titular de Salud, Emilio Santelices, quien fue cuestionado por el cambio en el protocolo de aborto en tres causales.

Hernán Larraín manifestó a los medios que los diputados tienen todo el derecho a citarlo para que de cuenta y explicación de asuntos que dicen relación con su cargo. “Así lo dice la Constitución y por cierto acudiré al día que he sido citado para dar cuenta de los antecedentes respecto de las inquietudes que tienen los diputados que han hecho esta interpelación”.

El  ex senador de la UDI, expresó que espera que la interpelación no sirva “a juegos políticos o a show mediáticos, porque el país lo que espera de sus políticos y sus dirigentes, es la mayor altura para resolver los problemas”.

En esta oportunidad, el ministro Hernán Larraín deberá responder a la diputada Hertz respecto del retiro de una serie de iniciativas  para compensar a familiares de personas que fueron vulneradas en sus derechos humanos en época de dictadura. Respecto de eso, el titular de justicia y derechos humanos ha reiterado que la decisión de no perseverar con este proyecto no tiene relación con el fondo del asunto, sino con el financiamiento.  “Se ingresó después de la Ley de Presupuesto, por lo que la situación de financiamiento es la explicación principal del retiro de este proyecto”, recalcó hoy Hernán Larraín ante los medios de prensa.

En ese sentido, la parlamentaria a cargo del cuestionario expresó la importancia que conlleva el saber si el retiro de la iniciativa legal afecta o no a las obligaciones internacionales de Chile como Estado. “Este no es un tema de reivindicación sectorial, es un tema que tiene que ver con el adn del pacto social. Estamos hablando de quiénes fueron víctimas de prisión política y de tormentos atroces por parte de agentes del estado. Hablamos de una reparación que incluso es tardía y mezquina, que se entrega en tres cuotas y que además estaba financiada”.

El oficialismo también se hizo presente en la discusión sobre una nueva interpelación a un ministro de Estado a menos de tres meses de constituirse en el poder. El diputado de Evópoli, Luciano Cruz Coke llamó a la oposición a no hacer abuso de las herramientas de fiscalización del Congreso. “Dejen al gobierno gobernar y preocuparse de los problemas urgentes que este país tiene. En 60 días dos interpelaciones a ministros que tienen que estar ocupados de asuntos tan importantes como el tema del Sename, como es el caso del ministro de Justicia. El ministro de Salud debe preocuparse de las colas en los consultorios en los hospitales, de la construcción de hospitales, en general de necesidades de salud que son enormes. Por favor, tengamos una oposición constructiva”.

Otras interpelaciones controvertidas

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política de la República, los diputados tienen la atribución de “citar a un Ministro de Estado, a petición de a lo menos un tercio de los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo Ministro no podrá ser citado para este efecto más de tres veces dentro de un año calendario, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. La asistencia del Ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación”.

En la historia de esta instancia de requerimiento del poder legislativo al ejecutivo se han producido diversas citaciones a los secretarios de Estado.

En 2006, en el marco de las movilizaciones estudiantiles  del primer gobierno de Michelle Bachelet en las que los secundarios exigían la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) , la oposición de la época consiguió las firmas para citar a la Cámara Baja al entonces Ministro de Educación, Martin Zilic, para que diera razón del manejo de la crisis por parte de su cartera. La encargada de conducir la interpelación fue la diputada UDI Marcela Cubillos, hoy Ministra de Medio Ambiente. Un mes después del cuestionario, Michelle Bachelet pidió la renuncia del ministro Zilic.

Ese mismo año, la ministra de Salud, Soledad Barría, fue interpelada por el diputado Roberto Sepúlveda (RN) el 19 de octubre de 2006 por los conflictos con gremios del área y denuncias de irregularidades.  Presentó su renuncia ocho días después de su comparecencia en el Congreso.

En 2007, luego de la puesta en marcha del Transantiago, fue el entonces ministro del Interior de Bachelet, Belisario Velasco, quien debió responder las preguntas del ahora ex diputado Rodrigo Alvarez (UDI), en una larga sesión que buscaba saber los argumentos que decidieron la implementación del nuevo sistema de transporte público, pese a que  los informes de expertos sugerían lo contrario. Velasco dimitió al gobierno en enero de 2008.

Uno de los episodios más controvertidos fue el vivido por  el ex ministro del Interior de  la presidenta Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, quien fue citado por los diputados el 18 de agosto de 2009, y el encargado de exponer las preguntas de la Alianza fue el diputado Cristián Monckeberg (RN).  En medio de la sesión, el diputado Gonzalo Arenas (UDI) se aproximó al asiento del ministro, para presentarle unos papeles, los que fueron rechazados. Ambos terminaron lanzándose los documentos mutuamente.

Ya  en el  primer gobierno de Sebastián Piñera, una de las interpelaciones con mayor repercusión mediática fue la del ministro de Salud, Jaime Mañalich, el 16 de octubre de 2013. Su exposición debió versar sobre infraestructura hospitalaria, forma y detalles de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud y el manejo del presupuesto del Ministerio ante la compra de servicios e insumos a terceros y contratación de profesionales.

En el segundo periodo de mandato de Michelle Bachelet, su ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo,  debió responder al diputado José Manuel Edwards  (RN) por los hechos de violencia ocurridos en la región de La Araucanía, a raíz del conflicto mapuche y el rol del gobierno en este tema.

Javiera Blanco, titular de Justicia, fue otra de las secretarias de Estado de la administración Bachelet que debió responder a los diputados. Marcela Sabat (RN)  el 2 de agosto del 2016, interrogó a la actual miembro del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por  las muertes al interior del Servicio Nacional de Menores -Sename-, las pensiones en Gendarmería y los cambios involuntarios de domicilio electoral.

También se dio el caso de dos ministros que fueron citados a la interpelación por parte de los diputados y no llegaron a la Cámara Baja, pues presentaron sus respectivas renuncias al gobierno. Se trata de Ricardo Raineri, titular de Energía del primer  gobierno de Sebastián Piñera, y Andrés Gómez Lobo, Ministro de Transportes del segundo mandato de Michelle Bachelet,  quien sería citado para responder  por las cifras de evasión en el Transantiago, pero presentó su dimisión antes que se votara la interpelación.