Los funcionarios agrupados en la  Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (FENAMIP) denunciaron ante los Tribunales de Justicia y ante la Organización Internacional del Trabajo la indefensión de los trabajadores debido a la falta de un órgano fiscalizador que supervise el actuar del Ministerio Público en cuanto a su rol de empleador.

A raíz de esto, el diputado democratacristiano Raúl Soto, miembro de la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados solicitó a la instancia legislativa que se cite al Fiscal Nacional, Jorge Abbott , para que informe  sobre los hechos denunciados por los funcionarios del Ministerio Público respecto de las malas prácticas que los han afectado. La citación al jefe nacional de los persecutores fue aprobada por unanimidad de los miembros de la comisión.

Las denuncias que ha realizado la Fenamip apuntan principalmente a la falta de fiscalización externa del Ministerio Público. Los dirigentes sindicales señalan que la independencia de esta institución debe ser únicamente para la investigación penal y no debe incluir materias presupuestarias ni laborales. La presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, Paulina Ruiz, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile y señaló que es necesario un cambio legal para garantizar la igualdad tanto dentro del Ministerio Público como entre éste y las otras instituciones del Estado.

La dirigente señala que es de primera necesidad el hacer una reforma legal a la institución del Ministerio Público y revisar si los reglamentos están acorde a la realidad país que vivimos y a los avances que han existido en materia laboral.

“Para Fenamip es importante  que se propicie un cambio en la ley orgánica constitucional del Ministerio Público que permita  el control de legalidad externo de la decisiones administrativas y un control financiero con la misma rigurosidad con que la Contraloría fiscaliza a otros servicios del Estado.  Justamente  por la falta de fiscalización externa es que la organización sindical asumió un rol de denuncia y defensa de los trabajadores ante los tribunales. La idea de ir a exponer a la comisión del trabajo no es presentar hechos nuevos, porque esto ya se ha puesto en conocimiento parlamentario”.

En ese sentido, el diputado Soto expresó que la Comisión del Trabajo tiene que abocarse al conocimiento de este tipo de situaciones para poder colaborar con los trabajadores y ver cómo se puede seguir avanzando para fortalecer sus derechos y dar solución a sus demandas que, en muchos casos, son históricas.

Diputado Raúl Soto

El diputado Soto, en conversación con nuestro medio señaló que la precariedad laboral de los funcionarios del Ministerio Público es algo sostenido y permanente en el tiempo, sin embargo, no ha sido debidamente abordada , independientemente de cuál es la relación laboral actual entre el Fiscal Nacional y los funcionarios.

“Hay una deuda enorme y es de todo interés de la comisión conocer la versión del Fiscal y de los trabajadores, para que podamos colaborar en alcanzar las soluciones ya sea desde el punto de vista legislativo o de políticas externas al Ministerio Público.

El parlamentario DC señaló también que los funcionarios de las fiscalías se encuentran en tierra de nadie en materia laboral y judicial. “No tienen protección especial y tampoco se acogen a las reglas generales. Su situación es compleja y no les permite perseguir mejoras de sus condiciones laborales de manera efectiva”, añadió el diputado por el distrito 15.

Los funcionarios públicos han señalado que su mayor preocupación es la asimetría de poder en que se encuentran al momento de enfrentarse en un juicio laboral contra su empleador, ya que existe una suerte de indefensión para los trabajadores, toda vez que el Ministerio Público siempre actúa representado por el Consejo de defensa del Estado, mientras los trabajadores deben proveerse ellos mismos de patrocinio legal, lo que muchas veces los desincentiva de denunciar prácticas de acoso laboral. Fabio Trujillo, dirigente de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público señaló a Radio  y Diario Universidad de Chile que aunque efectivamente hay un protocolo para prevenir los abusos, en la práctica este no se aplica.

“Hay una disforia de poder entre lo que representan los trabajadores al interior de la institución y el poder que representa la autoridad del Ministerio Público en su rol de empleador”, señala el dirigente.

Las propuestas de la Fenamip incluyen un sistema de protección a los funcionarios para la denuncia de malas prácticas que ocurren dentro de la institución.  “Al existir un órgano contralor, que supervigile el actuar de la fiscalía nacional, en el Ministerio Público las cosas funcionarían mejor. Actualmente tenemos una contraloría interna, pero que no cumple un rol de control ante ciertas actuaciones arbitrarias, como por ejemplo la instrumentalización de la evaluación de desempeño para despedir a los funcionarios sin que ello implique repercusiones para las jefaturas. Son esas situaciones las que hemos denunciado, con documentos, incluso sentencias de tribunales laborales que han ratificado la existencia de despidos por represalias”.

La citación al fiscal no tiene fecha designada, pero debería ocurrir durante los primeros días de junio, una vez terminada la semana distrital de los parlamentarios