Un reciente diagnóstico realizado por la división de Inversiones del Ministerio de Salud detectó que hay un total de 45 proyectos heredados de la administración anterior que se encuentran con retrasos; sin presupuesto asignado; enfrentados a procesos judiciales, y/o abandonados por empresas declaradas en quiebra.

De acuerdo a la subsecretaria de Redes Asistenciales se trata de hospitales, Cesfam, Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) y consultorios que, en total, involucran un monto que supera los 600 millones de dólares.

Si se añade a esta incómoda posición el hecho que, de los más de 5.500 millones  de dólares en gastos sin financiamiento para el período 2018-2021 denunciados por Hacienda y que suscitó un duro debate entre las actuales y anteriores autoridades económicas, cerca de un tercio se explica por el déficit en Salud -dado el sobregasto en servicios hospitalarios, que en 2017 alcanzó a los 1.000 millones de la divisa estadounidense- las perspectivas de gestión en esta compleja área no son para nada alentadoras.

En efecto, en un último informe, titulado “Déficit y deuda en la salud pública: se deben sincerar las cifras”, el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) proyectó que, si la autoridad no toma medidas de contención del gasto en este ítem, el impacto sobre las cuentas fiscales sería grave, pues, si la autoridad reconoce el recurrente gasto por sobre la ejecución, el Presupuesto fiscal crecería entre  1.200 y  1.500 millones de dólares anuales.

De ser así, los cálculos del think tank prevén que el gasto público subirá en torno a 2 puntos porcentuales adicional cada año, mientras que el déficit efectivo y estructural de las cuentas públicas lo hará en 0,5 puntos del PIB, cifras que ponen en serio riesgo el propósito del actual Gobierno de llevar el balance estructural a su equilibrio en el mediano plazo.

A mayor abundamiento, el estudio de L&D indica que sin medidas compensatorias o de ajuste de gasto, el erario nacional crecería este año en torno a 6 por ciento, muy por sobre el 3,9 que aprobó el gobierno anterior y también respecto del crecimiento de 3,6 por ciento del PIB que ha anticipado la Encuesta de Expectativas del Banco Central para 2018.

El dilema que enfrenta Hacienda, en particular, y el Gobierno, en general, es en dónde se pueden hacer los ajustes que posibiliten la citada meta de reducir el desequilibrio de balance estructural, dado que, entre los ítems donde se genera la mayor sobre-ejecución de recursos en Salud es en pagos a personal y bienes -apriete que incidiría sobre un gremio de fuerte influencia pública- y servicios de consumo -es decir, insumos necesarios para la atención de los miles de pacientes-, al tiempo que el item de inversión presenta una sostenida sub-ejecución, eventualmente derivada de los fallos y retrasos descritos más arriba y detectados por las actuales autoridades.

Según L&D, en la última década el gasto presupuestado para personal y consumo creció 114 por ciento real, pero el gasto efectivo fue aún superior, totalizando 133 por ciento real. Es decir, si entre los años 2008 y 2013 la ley de Presupuestos aprobada anualmente alcanzaba a cubrir de forma estable en torno al 90 por ciento del gasto efectivo, en 2017 esa proporción cayó al 80 por ciento de los recursos efectivamente devengados.

Entre los proyectos atrasados en Salud hay 14 de infraestructura con retrasos en su ejecución, como el Hospital Gustavo Fricke de Viña, donde, en total, hay involucrados unos $ 450 millones de dólares otras 14 obras “fueron adjudicadas a firmas sin la capacidad técnica y financiera” y la administración pasada debió poner término anticipado a sus contratos, quedando abandonadas; otras 13 no contaban con presupuesto asignado, tenían problemas funcionales o los terrenos no contaban con las condiciones para la construcción; y finalmente, varias otras se encuentran en tribunales por juicios indemnizatorios iniciados por constructoras por supuestos incumplimientos de contratos por parte del Estado, tales como el Hospital de Chimbarongo y el de Talca.

Por de pronto, pareciera que dar urgencia al término de las obras retrasadas, realizando los cambios legislativos y/o normativos necesarios para asignar rápidamente presupuestos sub-ejecutados que mejoren la eficiencia de esas inversiones, actualmente sin retorno social; y reasignando los recursos liberados de esas inversiones para ser redestinados a bienes, consumo e insumos, así como mejorar su fiscalización, integrando la gestión del ISP, Cenabast y las subsecretarías de Salud y Redes Asistenciales, se podría comenzar a cuadrar el círculo, evitando, al mismo tiempo, que, al menos, el gasto en personal aprobado en los Presupuestos Nacionales se cumpla efectivamente este año y los subsiguientes. Como se puede ver, no hay espacio para rebajas tributarias.