Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia de Argentina el 10 de diciembre del 2015, las cuentas y servicios básicos han registrado alzas que bordean, incluso, el mil por ciento.

El mandatario argentino ha propiciado las medidas catalogándolas como necesarias para poder ordenar las arcas trasandinas, pues acusa un histórico déficit heredado de los gobiernos kirchneristas.

Sin embargo, la oposición es incrédula con las afirmaciones de Macri y considera que cualquier déficit que existiera no debe reflejarse en el argentino de a pie, como hasta ahora el gobierno lo ha hecho.

Igual piensan los trabajadores y sindicatos argentinos que han salido a las calles para protestar por alzas que consideran injustas. Las manifestaciones desarrolladas, desde hace ya un tiempo, a lo largo y ancho del país, han tenido como respuesta una brutal represión policial que ha dejado a varios heridos.

Es la actual situación de crisis en Argentina –donde incluso se solicitó la ayuda del desprestigiado FMI- la que hizo que la madrugada del jueves los senadores aprobaran la Ley de Emergencia Tarifaria, que consistía en limitar las alzas de los servicios públicos y mantenerlas en el valor que tenían en noviembre del 2017. La denominada “Ley Antitarifazos” fue aprobada con 37 votos a favor y 30 en contra.

Sin embargo, la normativa fue vetada por el Gobierno a menos de cinco horas de ser aprobada. A primera hora de este jueves, el jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña, confirmó la noticia, catalogando a la iniciativa como “inconstitucional e irresponsable”.

Durante una visita a la provincia de Salta, al norte de Argentina, Mauricio Macri se refirió al polémico veto que impuso a la iniciativa peronista, asegurando que esta normativa significaba grandes recortes a programas sociales y obras públicas.

“Esta ley nació sin ningún tipo de viso de continuar, porque claramente no está financiada, los que la han votado no han dicho de dónde salen los recursos, más de 110 mil millones de pesos, es una cifra incalculable. Significaría que debiéramos suspender la Asignación Universal por Hijo el resto del año, la discapacidad, parte de las jubilaciones, o suspender todas las obras que tenemos por todo el país. La verdad es que no se puede hacer algo así tan irresponsablemente, no se puede mentir a la gente”.

El mandatario trasandino también aseguró que no quisiera tener que subir las tarifas de los servicios básicos, pero que, sin embargo, es necesario para poder financiar proyectos que, entre otros, den desarrollo y energía a la nación.

“Si pudiese no aumentar las tarifas no las aumentaría ¿a qué presidente le puede gustar tener que dar la mala noticia, generar incomodidad, el desafío adicional de tener que pagar las tarifas? pero también no hay futuro sin energía. Tenemos que tener energía para poder crecer y desarrollarnos”, afirmó.

Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar. El diputado del Partido Justicialista, José Luis Gioja, escribió en su cuenta de Twitter: “Estamos frente a un Presidente que camina al borde de la antidemocracia. Su gobierno está más pendiente por la ganancia de las empresas de sus amigos que por lo que sufre el pueblo. El veto es fracaso total del diálogo político. Más democracia y menos autoritarismo”. 

Por su parte, Graciela Camaño, diputada del Frente Renovador dijo estar triste, porque “el Gobierno ha defendido, defiende y defenderá los intereses de los empresarios y de los dueños de las finanzas. Nos tildaron de todo y nunca arrimaron en consensuar tarifas. Macri tiene intereses porque él mismo tiene familia que está metida en el negocio energético”.

Desde la bancada kirchenerista, los más férreos opositores a Macri, emitieron un comunicado en el que “repudian enérgicamente” el veto del presidente Macri.

“Una vez más Cambiemos (coalición política de Macri) gobierna de espaldas a los intereses de los argentinos, demostrando su insensibilidad ante uno de los mayores problemas que padece hoy el pueblo: las altas tarifas”, se lee en el texto.

Desde que Mauricio Macri está en el poder, la tarifa del gas ha aumentado en un 930 por ciento, la de electricidad en un 920 por ciento y la del agua en 683 por ciento.

El veto es una atribución del presidente de la República para rechazar, total o parcialmente, una norma sancionada en el Congreso. No es la primera vez que Mauricio Macri utiliza esta cuestionada herramienta, de hecho, la de este jueves fue la octava ocasión.

Entre las leyes que ha vetado se encuentran una que impedía el despido de los trabajadores públicos por 180 días y establecía el doble de indemnización.

También vetó parcialmente una ley que establecía la doble jubilación mínima para excombatientes de Malvinas.

Según el artículo 83 de la Constitución, un proyecto que es vetado regresa a la primera Cámara en la que fue tratado. En el caso del freno al aumento de tarifas, volverá a la de diputados. Entonces, la iniciativa debe conseguir dos tercios de los votos para ser aprobada, algo que, según la prensa argentina, es altamente improbable.