Las estudiantes de la Universidad Católica lo establecieron como uno de los puntos mínimos en la negociación para dar de baja la toma de Casa Central: “En Campus Oriente hemos podido constatar faltas por parte de la empresa de aseo contratada por la administración Domínguez y Domínguez. Por esto, demandamos que se apliquen las medidas que sean necesarias a corto, medio y largo plazo para eliminar la figura del subcontrato”.

Dentro de las demandas en esta materia, el petitorio establecía la necesidad de “iniciar un proceso de internalización de los y las trabajadoras subcontratadas en toda la UC, comenzando este proceso desde Campus Oriente, de forma urgente en la empresa Domínguez y Domínguez”. La lista agregaba, además, el urgente “pago de todas las horas extraordinarias acumuladas que no han sido remuneradas y que han sido realizadas en conocimiento de las autoridades de Campus Oriente UC”.

A lo que hacen alusión las estudiantes movilizadas es a la situación que han vivido este año cinco trabajadores del Campus Oriente de la Universidad Católica. El subcontrato no es nada nuevo para la casa de estudios y la tercerización de servicios de aseo o seguridad se ha vuelto una tradición, no solo en la PUC, sino en prácticamente todas las universidades del país. La UC, como muchas otras, no realiza un concurso público para seleccionar a las empresas. Una de las empresas contratadas para los servicios de Oriente es Domínguez y Domínguez, con nombre de fantasía “Oficio 2000”, una de las cerca de 15 que ofrece servicios subcontratados a la casa de estudios.

Según un documento interno al que Radio Universidad de Chile tuvo acceso, las estudiantes constataron una serie de hechos irregulares que afectan la calidad laboral de los trabajadores de Campus Oriente, entre ellos, cuatro de origen haitiano.

Dentro de los hechos se encuentra un “contrato que no se condice con la realidad: trabajan con un contrato por obra o faena, sin embargo, realizan un servicio continuo en el campus. Se vence el contrato y se les vuelve a contratar cada tres meses desde noviembre del año pasado”, sostiene el informe.

Por otro lado, el empleador mantiene “cotizaciones de previsión social impagas” y se realizan “aproximadamente el doble de horas extra del máximo legal permitido”.

El estudiantado también acusa el no pago de las horas extraordinarias trabajadas desde el mes de enero, cifra que en total alcanzaría una deuda que supera los dos millones de pesos.

Otra de las irregularidades señaladas dice relación con la vulneración del libro de asistencia. “A la trabajadora y los trabajadores les hacen firmar de lunes a viernes a las 16 horas, pero tienen la orden de retirarse a las 18 horas”.

Finalmente, como dato para la causa, “esta empresa ya tiene cuatro denuncias, dos perdidas y dos pendientes, y la  situación laboral se vio aún más precarizada al ingresar una trabajadora y trabajadores migrantes haitianos al servicio”.

“Hay una discriminación racista”

En Campus Oriente existen dos empresas subcontratistas dedicadas al rubro del aseo, una para la Facultad de Arte y otra para la administración del campus. Es esta última -Domínguez y Domínguez- la que ha presentado las irregularidades que se abordaron durante la toma.

En diciembre, dos trabajadores empleados por la empresa mencionada se autodespidieron por incumplimiento del contrato y violación de derechos fundamentales. La empresa había prestado servicios -con otro nombre- anteriormente en los campus de San Joaquín y Lo Contador. Esos dos trabajadores interpusieron demandas y la primera audiencia de una de las trabajadoras, Gladys Queupo, se llevará a cabo este 15 de junio. La de Jorge Caro, el otro trabajador, aún no tiene fecha.

Los hacían quedarse a los eventos y dormir en el campus en una colchoneta que, según señala la demanda de Jorge Caro, “obtuvimos del tarro de la basura con mi compañera Gladys Queupo”. Les pagaban -si es que lo hacían- $1.000 por hora extra (en vez de los $2.250 que correspondía según su sueldo, el mínimo) y eran víctimas del hostigamiento por parte del otrora administrador del campus, Marcos Bravo, quien además fue despedido luego de destaparse un caso de fraude.

La demanda de Caro acredita lo mencionado y agrega que “la Pontificia Universidad Católica tenía conocimiento que el personal de aseo participaba de eventos en jornadas nocturnas o fuera del horario de trabajo del personal de aseo; y no obstante ello no ejerció su deber de control laboral sobre el pago de cotizaciones por tales trabajos a trato y horas extraordinarias, ni tampoco veló por la protección de la salud de los trabajadores subcontratados que pernoctábamos en sus dependencias lo que era incluso conocido por la comunidad universitaria”.

Fue en noviembre de 2017 que a Campus Oriente llegaron dos trabajadores haitianos, seguidos en enero por dos más, un hombre y una mujer.

Según una estudiante miembro de la vocalía de subcontratación en el campus, “trabajaban de 7:00 de la mañana hasta las 18:00, pero los hacían firmar a las 16:00. Trabajaban dos horas extraordinarias todos los días. Los pagos de esas horas no aparecieron nunca en las liquidaciones de sueldo. De enero hasta este lunes no les habían pagado ninguna hora extra. Además, trabajaban en los eventos que hacían fines de semana como centro de eventos, y no les pagaban nada. A los antiguos trabajadores, chilenos, les pagaban $1.000 la hora. A los haitianos, nada. Hay una discriminación racista”.

Es en ese contexto en el que las demandas respecto de este caso en específico fueron las siguientes: “Contrato directo de la administración del Campus Oriente a los cinco trabajadores de la empresa. Pago inmediato de todas las horas extra trabajadas que no han sido remuneradas. Condena y protección ante todo tipo de posibles represalias a estos trabajadores y trabajadora”.

Los pilares de la subcontratación

El ambiente en la Casa Central de la Universidad Católica el domingo por la noche era tenso. Eran las 21 horas y las seis estudiantes que representaron la contraparte del rector Ignacio Sánchez llevaban cuatro horas reunidas con las autoridades de la casa de estudios. Una vez afuera de la oficina de reuniones las caras de las alumnas eran más de satisfacción que de otra cosa. Sánchez había accedido, entre otras cosas, a regularizar la situación de los trabajadores de Oriente y de resolver de forma inmediata las deudas acumuladas.

Daniela Pinto fue una de las que representó la voz de sus compañeras en la reunión dominical con el rector. Según ella, Sánchez se comprometió a darle una solución inmediata a la situación de Campus Oriente, pero no a la subcontratación en la Universidad Católica: “Como la empresa está en un proceso judicial, la Universidad quería desvincularse de ella, mover a estos trabajadores subcontratados y recontratarlos en otra. Lo que se logró en el fondo fue que se pusiera al día la deuda que se tenía, cotizaciones, horas extraordinarias, y se logró que la universidad fiscalizara bien esa empresa durante este proceso. Exigimos también disculpas públicas por la mala fiscalización a las empresas que contrata. El rector fue a Oriente este lunes, en compañía de compañeras que trabajan en la vocalía de subcontratación para pedirles disculpas a los trabajadores. Fue una de las condiciones inmediatas para bajar la toma”.

“Sin un levantamiento del tipo toma esto no se hubiese resuelto en mucho tiempo. En realidad, la empresa es la que tiene que pagar, pero fue la universidad la que tuvo que responder en nombre de la empresa. La UC dice que no puede sacar a la empresa mientras está con una demanda en curso, pero dijeron que tenían clarísima la situación”, señalan desde la vocalía de subcontratación de Campus Oriente.

Este lunes el rector Ignacio Sánchez, junto a la vicerrectora económica, María Loreto Massanés, se reunió con los protagonistas del conflicto para regularizar definitivamente su situación. La reunión se llevó a cabo con la presencia de un traductor y la máxima autoridad de la UC tuvo que pedir disculpas: “La reunión en la que se pagó la plata fue muy fría, marcada por los números, en la que el rector y la vicerrectora lo único que querían era pagarles a los trabajadores, más que conocer su situación o conocerlos de verdad. Si bien les ofrecieron disculpas, fue todo muy frío”, señala una persona presente en el hito.

Era primera vez que los trabajadores haitianos contaban con un traductor para resolver asuntos laborales.

A pesar de este pequeño gran logro, el rector Ignacio Sánchez ha manifestado en distintas instancias que la subcontratación es un modelo de muy difícil modificación y no ha dado piso para empujar reformas orientadas hacia el fin de la precarización laboral. Todo indica que la toma de la Casa Central no alcanzó a remover los pilares de la subcontratación en la Universidad Católica.