Hace tres meses, 24 países de América Latina y el Caribe adoptaron el Acuerdo de Escazú, un instrumento que pretende plantear una forma de abordar los conflictos medioambientales de la región. Tal como lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, este es el primer tratado a nivel mundial que otorgaría garantías para la “protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”.

El texto y su suscripción se proyecta también como un eje de gran importancia en la relación entre las comunidades y los proyectos de inversión, algo así como intentar hacer en la medida de lo posible una combinación ideal entre desarrollo económico y cuidado del entorno. Durante este viernes, se realizó un foro para informar los alcances de la iniciativa.

Hasta el lugar concurrió Meilín León, jefa de Relaciones Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente, quien afirmó que en la actualidad es necesario contar con mayor información y participación, así como también mejorar el acceso a la justicia y otros aspectos importantes en la búsqueda del diálogo.

“Ya ha estado en los medios de comunicación la posible reforma al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), y si bien no se ha conocido el detalle de cómo se está implementando, sí está claro que el espíritu incorpora la posibilidad de la participación ciudadana temprana, que recoge un anhelo que viene de hace mucho tiempo, bastante consensuado en términos ciudadanos así que eso siempre es una buena noticia”, dijo.

Si bien el acuerdo es valorado por las organizaciones medioambientales, en la jornada se dejaron a la vista las carencias con las que cuenta el sistema de convivencia entre el desarrollo económico y las comunidades, lo que lleva a platearse algunas preguntas sobre la factibilidad del tratado.

Los antecedentes que llevan a desconfiar

Parece extraño que una noticia de esta envergadura no tenga la publicidad que merece. A pesar de ser vinculante, el Acuerdo de Escazú no establece un tribunal que pueda juzgar a los países que no cumplen con los términos, a diferencia de tratados como el TPP 11, en donde sí existen escenarios para hacer una revisión de esta índole.

Otro antecedente que es previo a este texto son las condiciones que existen en Chile en materia medioambiental, como la inexistencia de asistencia profesional y gratuita en materia judicial. Este punto fue abordado por Paulina Acevedo, coordinadora del Programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano. La periodista, junto con recalcar la urgencia de publicitar la nueva política, hizo un llamado a la cartera de Medio Ambiente en términos de aplicar las disposiciones.

“Tiene que haber una materialidad en el acceso a la justicia, y eso tiene que ver con la gratuidad que tienen sobre todo las poblaciones más vulnerables, y tiene que ver con otro punto que no está totalmente en el acuerdo, que es la fiscalización, que sabemos que es la fragilidad de cualquier sistema. Entonces, ¿cómo avanzamos dentro de esas fragilidades para que no aumenten los conflictos? Yo creo que es un término que el propio acuerdo incorpora, que es la transparencia”, dijo.

Desde la ONG FIMA, afirmaron que la “ratificación del Acuerdo de Escazú es imperativa para satisfacer la necesidad de que el acceso a la justicia ambiental sea efectivamente garantizado”. En ese sentido, presentaron sus cuestionamientos a partir de datos como la falta de recursos para fiscalizar, la asimetría entre las partes que existe en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y los anuncios de Sebastián Piñera.

“Cuando vemos que hay un gobierno que plantea una agenda pro inversión, finalmente está pensando la política dentro de los márgenes de su propio mandato, gobierno, pero que a la vez no está en concordancia con las políticas que se están llevando a través de los años. Es una característica del país, que hay una desconexión con lo que pasa entre un gobierno y otro, y no se produce una visión a largo plazo”, manifestó Antonio Madrid, abogado y asistente de proyectos en FIMA.

La firma del tratado será el próximo 27 de septiembre de 2018, en ocasión del septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.