León tiene 7 años y es hijo de Ronny Valenzuela y Andrea, una ex pareja de pololos que hoy no tienen más relación que esa, la del cuidado y mantención de un hijo en común. Desde que nació, el régimen de visitas para el padre había sido de seis días mensuales, un piso mínimo con la que el padre podía comprometerse plenamente, escondiendo aún su deseo por aumentar la cantidad.

2016 marcó el primer hito importante para el quiebre definitivo de la relación entre ambos. Valenzuela solicitó ante un tribunal de familia el aumento del régimen, requerimiento al que Andrea, la madre, manifestó aireadamente su oposición sin razones aparentes.

Andrea contaba con un historial no favorable respecto de los antecedentes de sus hijos. El más grande, de 18 años, apenas había cursado hasta octavo básico, y el menor, de 16, hasta séptimo. La jueza determinó derivar el caso al Centro de Medidas Cautelares, organismo en el cual lo consideraron de baja gravedad y que definió no tomar medidas al respecto. Así fue la primera vez, la segunda… La tercera.

La Oficina de Protección de Derechos (OPD), instancia hasta la cual también arribó la situación de Ronny y Andrea, tampoco tomó decisiones al respecto. “Tengo antecedentes de comportamientos disruptivos. Ella ha estado detenida por agresión a Carabineros. Tengo denuncias a fiscalía porque entró a mi casa a romper la tele, a romper todo. Entonces todo es congruente. En septiembre de 2017 su hermana se me acercó para decirme que se iba de la casa (en la que vivía con Andrea) y el León va a quedar desprotegido solo con la madre. Me contó que el hijo de 16 se había peleado con el grande y lo había amenazado con un cuchillo, siendo que estaba León ahí. Ese nivel de situaciones ocurre”. Valenzuela recurrió nuevamente al Centro de Medidas Cautelares para que volviera a revisar  la causa, entonces, determinaron ceñirse a lo que sugerían los informes de la OPD: “se sugiere entregarle el cuidado provisorio inmediato al padre”.

Además de los antecedentes judiciales, los informes del colegio de León dan cuenta de la ausencia de la madre a las reuniones de apoderados, de la deficiente presentación personal del alumno y de la poca responsabilidad a la hora de llevar materiales. Aún así, no logró nada.

En noviembre de 2017 Andrea perdió el cuidado provisorio de su hijo de 16, quedando bajo el cuidado de su abuela paterna.

Ronny Valenzuela, al día de hoy, insiste en su campaña por quedarse con el cuidado personal de su hijo, pero ninguno de los organismos a cargo de tomar una decisión –provisoria o definitiva- ha elegido darle la razón.  Este es uno de los varios ejemplos en los cuales las entidades públicas asumen que es la mujer la que debe ejercer el rol de madre antes que el hombre, situación que muchas veces ni siquiera tiene como horizonte el bien del hijo.

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En Chile, desde 2013 existe una ley que iguala los derechos del padre y de la madre a la hora de asignar la tuición de los hijos de una pareja. Desde que entró en vigencia, y a 2017, los casos en que la tuición quedó a cargo del padre han aumentado sustancialmente, pero siguen constituyendo excepciones.

En 2008, solo 37 padres se quedaron con el cuidado de sus hijos. Antes de 2013 se establecía que la tuición correspondía a la madre tras una separación. La normativa modificó cómo asumir el cuidado de los hijos después de un divorcio, separación o en casos en que nunca los padres hayan convivido. Ambos deben participar de forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos, señala la ley. En 2012, 613 hombres lograron el cuidado personal de sus hijos de un total de 1.751 juicios. En 2013 fueron 1.023 los casos hombres que lo obtuvieron. A pesar de eso, siguen existiendo discrepancias respecto del funcionamiento de la nueva ley.

Es la crítica que sostiene Carlos Michea, director jurídico de la fundación Padres por Siempre: “El artículo 225 del Código Civil quedó redactado de tal forma que los efectos son los mismos que existían antes de su modificación. El artículo 225 antiguo tenía una parte que decía que el progenitor que tuviera la tuición se la podía conceder al otro. Es decir, si una mujer tenía la tuición, se la podía conceder al padre. Por lo tanto, la única herramienta era solicitar completamente el cuidado personal. Lo que sí hizo la ley 20.680, es que estableció que las partes pueden acordar tuición compartida, pero quedó tan mal redactada que solamente los progenitores pueden pactarla, es decir, deben estar de acuerdo. Si no hay acuerdo entre los progenitores respecto de practicar la tuición compartida, el juez está impedido de acoger una demanda que diga que uno de los progenitores quiere tuición compartida. Es un acto voluntario. Bajo ningún punto el juez está en condiciones de decretar, de resolver, de obligar a las partes que no viven juntas a ejercer conjuntamente el cuidado personal.”

El ordenamiento jurídico no indica en ninguna norma que, separados los padres, es la madre quien tiene la tuición, sin embargo, las instituciones involucradas en casos como este suelen “favorecer” a la madre para quedar a cargo del cuidado de los hijos. “Se discrimina positivamente a la madre y negativamente al padre”, dice Michea.

Pero esa es una visión no plenamente compartida. Lorena Astudillo, abogada de la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres, lo mira desde un prisma distinto. Para ella adjudicarse la tuición por defecto no es un favor, sino todo lo contrario, una imposición: “El cuidado personal de los niños y niñas es altamente machista puesto que lo que hace la legislación es perpetuar un rol eterno que se le ha dado a la mujer, que es ser madre. No es un beneficio para la mujer, es una imposición. Se impone a las madres tener que cuidar a los hijos porque se entiende que, a priori, son ellas las llamadas a cuidarlo. Ahora, surge esta nueva figura del cuidado compartido y muchas veces se piensa que esto significa que cada uno cuida la mitad del tiempo al hijo. En realidad, esto tiene que ver con la toma de decisiones, especialmente la que dice relación con los bienes y las propiedades de los niños. Tiene que ver con si se puede abrir una cuenta en el banco la podemos administrar los dos, si los niños tienen una propiedad que heredaron de los abuelos la pueden administrar los dos. Ese tipo de cosas son las que se comparten, pero no hay el cuidado compartido en el sentido de la corresponsabilidad”.

Para Carlos Michea la solución es simple: “La ley debiera consistir en lo siguiente: nacido un hijo, nace bajo el concepto de tuición compartida. Al inscribirlo, por ley se establece que esa madre y ese padre ya tienen tuición compartida. Así se evitan un montón de juicios. Si ellos no pudieran por inhabilidades – hombre violento, pedófilo, etcétera- en ese caso la persona que estima que el otro no es idóneo, podría iniciar un proceso para quitar la tuición. Serían muchos menos y más barato para el Estado”.

Son situaciones como la de Ronny Valenzuela, las que ponen sobre la mesa el debate sobre si es efectivamente el bienestar de los hijos o hijas lo que se está anteponiendo, antes que estereotipos de género a la hora de determinar quién se hará cargo del cuidado personal de niños o niñas.