El gobierno anunció que el Ministerio de Bienes Nacionales desempolvó las carpetas de 233 proyectos energéticos que solicitaban terrenos fiscales de Coquimbo al norte, específicamente, 110 en Antofagasta, 62 en Atacama y 35 en Tarapacá. Dichas iniciativas se encontraban detenidas y pretendían generar una inversión de unos 21.459 millones de dólares.

La suma de estos proyectos integrarían 10.589 MW de energía al sistema interconectado central, cuando según plantea el presidente de la Fundación Ecosistemas, Juan Pablo Orrego “Chile tiene más de 23 mil MW de capacidad instalada de potencia y resulta que a nivel nacional la demanda máxima llega a los 9 mil. Es decir, tenemos un sesenta por ciento de excedente eléctrico a nivel nacional. Por lo mismo, muchos nos preguntamos por qué se insiste en levantar más parques energéticos”.

La explicación podría tener asidero en que se va a terminar con la generación de termoelectricidad, por lo que se está haciendo un cambio en la matriz, sin embargo, ningún empresario que maneje estas plantas ha hablado de cerrar sus operaciones. Podría tener sustento en la exportación de esta energía como un nuevo campo de inversión, pero en ese sentido los proyectos deberían presentarse como un fin en sí mismos y no como una necesidad de Chile, sino que privada. O bien la explicación es mucho más cercana a nuestra realidad y esta explosión de iniciativas empresariales responde a una estrategia de gobierno que pretende profundizar aún más el extractivismo por parte de la industria minera en Chile y, para eso, necesita la suficiente energía para que este negocio se siga profundizando.

A Juan Pablo Orrego le parece “preocupante que en ese contexto de excedente eléctrico no se haga una especie de moratoria para mirar mucho mejor lo que estamos haciendo, dado que el país está con problemas de salud humana, deterioro de ecosistemas y desaparición de especies. Quizás ese excedente eléctrico nos pueda ayudar a hacer una pausa para mirar muy bien la situación industrial y energética en vez de hacer un shock de inversión a priori, aunque no se sabe muy bien para qué servirá, lo que es muy preocupante”.

La oficina de Proyectos Sustentables creada en la administración Piñera se encuentra haciendo un trabajo estratégico para reflotar todos aquellos proyectos que se encontraban detenidos en diferentes procesos con el afán de viabilizarlos. Según Orrego, esta oficina está directamente relacionada con el Consejo Minero, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara Chilena de la Construcción, entre otras industrias, que mantienen el poder económico en nuestro país.

Rompiendo el cerco

No parece extraño que una de las instancias formales de resistencia por parte de la comunidad frente al desarrollo de proyectos de inversión esté siendo flanqueada. La reforma al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es una muestra de la necesidad que tiene el Gobierno de acortar los tiempos de aprobación de proyectos, minimizar las instancias de consulta ciudadana y buscar por todos los medios que los proyectos sean aprobados.

En abril, el Subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal, expuso un plan que pretende establecer tres momentos de acción. La primera “ventana” de apoyo es previa al ingreso del proyecto al SEA. “La idea es que en esta etapa puedan discutirse algunos elementos más políticos que no son compatibles con la discusión técnica que debe darse en el sistema”, dijo Irarrázabal. Para ello utilizarán herramientas de análisis territorial y un apoyo metodológico a la participación anticipada.

Asimismo, propiciarán la firma de acuerdos voluntarios entre las empresas, comunidades y otros actores. Estos se incluirían en la tramitación ambiental para que la Superintendencia de Medio Ambiente pueda fiscalizar su cumplimiento.

Cuando las iniciativas ya estén en el SEA, utilizarán los comités técnicos, formados por los directores regionales de servicios, para resolver de manera temprana los problemas que estén presentando los proyectos.

Una vez aprobados, el Ministerio generará una plataforma electrónica para el seguimiento de las iniciativas luego de otorgada la RCA, con el objeto de determinar claramente el responsable y los plazos de los distintos trámites administrativos.

“Esta es una propuesta que se puede implementar de inmediato, no hay que hacer modificaciones legales ni reglamentarias. Estamos usando los mecanismos existentes en la institucionalidad”, subrayó Irarrázaval.

Roberto Román, ingeniero de la Universidad de Chile y miembro del Directorio de la International Solar Energy Society (ISES) planteó que “la ciudadanía en todo el país, y especialmente en regiones, está súper bien empoderada, entonces si se hace un proceso transparente, los proyectos que no tienen viabilidad se van a trancar ahí. Si hubiesen existido estas instancias en proyectos como Pascua Lama, se habrían caído de inmediato y no como pasó, que tuvieron que pasar años para que dejara de funcionar”.

“Aunque sea la intención facilitarles el camino a los proyectos, van a ir apareciendo las falencias y va a existir la posibilidad de mejorarlos para que salgan de una manera coherente y consecuente. O simplemente que no se hagan y así evitar muchos líos. Es súper importante avanzar a la planificación territorial”, profundizó Roberto Román.

La iniciativa del Gobierno de adelantar los procesos que por ley están determinados al Servicio de Evaluación Ambiental puede ser visto como que el ejecutivo, en conjunto con estos conglomerados empresariales, está intentando “crear un sistema legalizado en que las empresas se puedan acercar a localidades, aproximarse a comunas mucho antes de presentar un proyecto de estudio de impacto ambiental”, explicó Juan Pablo Orrego.

“Esta es la nueva tendencia de las empresas, van a acercarse a las comunas, van a ofrecer un nuevo cuartel de carabineros, levantar un sistema solar para una escuela, crear un centro de investigación científica, o cualquiera de estas iniciativas que son camufladas como proyectos sustentables, pero siempre tienen la intención de aplacar cualquier tipo de resistencia u oposición ciudadana a los proyectos que se estén presentando, aunque esa iniciativa pueda ser tremendamente destructiva para su territorio”, planteó Orrego.

“Estos poderes fácticos están impidiendo, deteniendo la evolución política, social y económica de este país. Chile está listo para avanzar a un nuevo modelo de desarrollo, pero aparecen estos poderes fácticos rancios que impiden que el país evolucione cuando estamos con problemas severos sociales y ambientales”, finalizó el presidente de Ecosistemas.