Conductores libres de antecedentes penales y con licencia profesional, la constitución como empresas de transporte remunerado de pasajeros, el pago de impuestos, la contratación de seguros de responsabilidad civil para los pasajeros y sanciones que van desde las 10 hasta las 100 UTM en caso de no cumplir la normativa son solo algunas de las indicaciones que presentará el nuevo proyecto de “Ley Uber” que arribaría este viernes al Congreso proveniente de La Moneda.

Las exigencias, empujadas por la presión ejercida por el gremio de los taxistas, pretenden normar y regularizar la situación de las empresas que ofrecen servicios de transporte privado.

La información la publicó esta mañana el matutino La Tercera, señalando además que las indicaciones aguardaban la firma de la ministra de Transporte, Gloria Hutt, antes de ser enviado este viernes a Valparaíso.

Fue la misma titular de la cartera la que declaró este viernes respecto del nuevo proyecto y sus objetivos. “Para proteger también la regulación de la información que se entrega a los pasajeros y para equilibrar las condiciones de funcionamiento con otros servicios de transporte remunerado de pasajeros que operan en Chile hace muchos años, que satisfacen las necesidades del mercado y que requieren también una igualdad de condiciones de competencia que sean protegidas”. Sobre los requisitos para los conductores, la ministra aseguró que “además hay una restricción que tiene que ver con no tener antecedentes penales en algunos delitos específicos como tráfico de drogas, maltrato y delitos sexuales”.

Las indicaciones agregadas por el Ejecutivo al proyecto que vio su génesis durante el gobierno de Michelle Bachelet parecen ir en la dirección correcta. Sin embargo, hay quienes son críticos con algunas ausencias que podrían haber complementado la ley. Así lo señala Andrés Fielbaum, investigador en Transporte de la Universidad de Chile. Según dice, ninguno de los elementos agregados apunta hacia el combate de la precarización laboral de los conductores de estas aplicaciones: “Este proyecto de ley se compra absolutamente el cuento que venden estas empresas respecto de que sus trabajadores no son trabajadores, sino que son socios. Una especie de socios bien extraña, que no comparte las ganancias, no tiene derecho a negociar con el otro supuesto socio. En el fondo lo que se disfraza es una situación de precarización bien profunda. El proyecto debería reconocer a los trabajadores como trabajadores y garantizarles los mismos derechos laborales que los demás en Chile”.

Easy Taxi es una de las aplicaciones interpeladas por la nueva ley. Sin embargo, al trabajar únicamente con taxistas profesionales, no ve tocada su gestión de manera integral. Al ser ese el panorama, desde la empresa miran con buenos ojos la legislación. Así lo afirma Eduardo Hernández, gerente general de la compañía, quien se manifestó abiertamente a favor de normar a las aplicaciones. “Nos parece criterioso poder simplificar este proyecto de ley para ejecutarlo y aplicarlo. Antes era muy complejo. Respecto a los puntos concretos, es muy necesario tener conductores profesionales, así evitas riesgos para el pasajero. Es muy importante también el tema del parque, en el que se establecen condiciones y normas que norman una especie de cupo. Todas las indicaciones hacen que la gente que quiera trabajar en Transportes lo pueda hacer. Ahora cualquier persona puede ingresar”.

Sobre la crítica esgrimida por Fielbaum, afirmó que “eso tendría que regularse por otro lado, no por Transportes, sino que por temas laborales. Creo que efectivamente hay que revisarlo. Las personas que trabajan en estas aplicaciones no son empleadas por una empresa con su tiempo total a disposición. Habría que ver bien a nivel laboral qué tanto vacío existe respecto de eso. Debiera ser un tema a discutirse de los próximos años”.

El Gobierno afirma que puso énfasis en la protección del pasajero o cliente, y así lo reafirmó la ministra Hutt. Según dijo, fue el mismo presidente Sebastián Piñera quien le pidió que las indicaciones tuvieran su foco en la seguridad de las personas para “que viajen cómodas, paguen lo justo y sean respetadas”.