“El Estado tetanizado”, titula el periódico progresista Libération este lunes; “Affaire Benalla: El Ejecutivo debe explicarse”, exige en portada el diario conservador Le Figaro. La sangre ha llegado al río para el presidente francés Emmanuel Macron, que había optado hasta ahora por el mutismo por el escándalo tras la divulgación de un video por Le Monde donde el entonces colaborador en seguridad de Macron, Alexandre Benalla, aparece golpeando, usurpando un casco y brazalete policial, a manifestantes en las calles de París durante las protestas por el 1° de mayo.

La estrategia presidencial cambió el domingo por la noche ante la avalancha de críticas, alimentada por nuevas revelaciones – los raros privilegios que ostentaba Benalla, las infracciones en las que había incurrido haciéndose pasar por policía, indicios de presunta protección desde la cima del Estado- y sobre todo la decisión de la Justicia de inculpar a Benalla por el cargo de “violencia en reunión” junto a Vincent Crase, empleado del partido presidencial LREM.

A estas inculpaciones se agregó el anuncio de que un juez de instrucción decidió citar a tres policías, sospechosos de haber entregado a Benalla imágenes de cámaras de seguridad, y que fueron acusados del delito de “desvío de imágenes de un sistema de video protección” y de “violación de secreto profesional”.

Macron no habló directamente del caso que tiene en vilo a Francia, pero el domingo por la noche hizo saber a la prensa, a través de una fuente cercana, que consideraba que los hechos reprochados a Benalla son “inaceptables” y no habrá “impunidad”.

Entretanto, este lunes era el turno del ministro del Interior, Gérard Collomb, de explicarse ante una comisión de la Asamblea Nacional. Los legisladores franceses se han mostrado particularmente sensibles al asunto: Benalla había obtenido, entre otros privilegios, un pase especial para circular por la Asamblea Nacional, algo inexplicable para varios diputados que expresaron su malestar.

Preguntas

Si Benalla había recibido la autorización de acompañar el 1° de mayo a la policía como mero “observador”, ¿por qué se le había dado un casco y brazalete policial? ¿Por qué al enterarse de que había golpeado a manifestantes el gobierno había decidido sancionarlo con una simple suspensión de dos semanas y relegarlo a tareas administrativas? ¿Por qué si el Elíseo afirmaba que ya no se ocupaba de la seguridad presidencial tras el incidente, Benalla siguió apareciendo en el dispositivo presidencial de protección durante actos posteriores a su sanción? ¿Por qué el gobierno esperó a que tomara estado público el video de la agresión para despedirlo y no hizo la denuncia prevista por el artículo 40 del código penal en estos casos? Estos son algunos de los interrogantes que la oposición y la prensa le hacen estos días con insistencia a un gobierno que experimenta su primera crisis de envergadura.

Y las preguntas no cesarán. Porque con el paso del tiempo queda patente que Benalla, de 26 años, tenía más poder del admitido inicialmente desde el gobierno. Le Monde asegura además que Benalla estaba llamado a ver incrementada su influencia: debía ocupar la cabeza de la nueva estructura encargada de la seguridad presidencial pese a lo ocurrido el 1° de mayo. A estas ambiciones, se añaden las preguntas sobre los medios puestos ya a disposición del ahora ex colaborador presidencial, entre ellos un apartamento del Estado en pleno París, el mismo que el presidente François Mitterrand había destinado a su amante y a la hija que había tenido con ésta, a cargo del contribuyente francés.

Si Macron pensaba que el escándalo se calmaría con el tiempo, la realidad le está probando lo contrario. De momento, su agenda política se ha visto trastocada: el tratamiento de la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo ha quedado suspendido.