Son siete. Siete los violadores de derechos humanos que han salido libres en menos de 48 horas. Si este martes lo hicieron el suboficial (r) de Carabineros Gamaliel Soto Segura; el coronel (r) de Ejercito Manuel Pérez Santillán y los ex oficiales del Ejército, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga, la jornada de este miércoles lo hicieron el ex brigadier Emilio de la Mahotiere González y el coronel (r) Moisés Retamal Bustos.

Nuevamente fue la Segunda Sala de la Corte Suprema la que otorgó el beneficio de la libertad condicional a estos dos condenados por violaciones a los derechos humanos: Emilio de la Mahotiere por su complicidad en el Caso Caravana de la Muerte, y Moisés Retamal por el secuestro calificado de tres ciudadanos uruguayos.

En la resolución que acogió los recursos de amparo interpuestos se lee que “las Convenciones suscritas por Chile en materia de Derechos Humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la Libertad Condicional”.

Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por distintos abogados que han trabajado en el tema de derechos humanos. Uno de ellos es Roberto Ávila, quien calificó el fallo de la Corte Suprema de ilegal, pues un requisito fundamental para que los condenados puedan acceder a beneficios es el arrepentimiento y rehabilitación, algo que ninguno de los siete ex uniformados ha demostrado.

Por lo mismo, el jurista cree que la liberación de estos “siete genocidas” es el comienzo de una impunidad generalizada amparada por los jueces, a quienes acusó de emitir los fallos sabiendo de su ilegalidad.

“No nos olvidemos que existe, en el Código Penal, la figura de la prevaricación, es decir, cuando los jueces o autoridades administrativas dictan resoluciones manifiestamente ilegales y a sabiendas de esto. Aquí hay un proceso destinado a establecer la impunidad. Yo no sé si las organizaciones de derechos humanos iniciarán acciones legales o simplemente declarativas en contra de quienes han permitido esto, y si nadie lo hace, en algún momento algunos lo haremos”.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, se mostró indignada con la decisión de la justicia chilena, sobre todo cuando se sabe que los criminales, hoy libres, no han mostrado cuota de arrepentimiento y no han colaborado con las investigaciones, muy por el contrario, se jactan de sus actos.

“No tienen ninguna empatía con las víctimas que hicieron desaparecer, ejecutar o torturar. No han tenido nunca un grado de arrepentimiento, ni siquiera un grado de humanidad, cuando saben que seguimos luchando por la verdad y la justicia, cuando saben que miles de personas siguen buscando a sus familiares, por lo menos los restos, para poder sepultarlos”.

Concentración de este miércoles en rechazo a la libertad de violadores de derechos humanos.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, calificó el fallo como “gravísimo”, y apuntó a que, con la decisión de la justicia, Chile viola todos los acuerdos y tratados internacionales que ha suscrito en materia de derechos humanos.

“La Corte Suprema chilena no solo ha cometido un descaro, no solo se hace cómplice de la impunidad, sino que lo que está haciendo hoy es incumplir tratados internacionales. Somos un país que nos jactamos de ser parte de la comunidad internacional en los planos económicos y de derechos humanos, por eso, lo ocurrido esta semana es gravísimo, porque lo que finalmente está pasando, es que las chilenas y los chilenos estamos en la más absoluta indefensión”.

La dirigenta señaló que, con el otorgamiento de libertad condicional a los violadores de derechos humanos, la Corte Suprema se cuadra con el poder ejecutivo y sus políticas de impunidad. En ese sentido recordó que el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, fue un acérrimo defensor de la ex Colonia Dignidad y amigo personal de Paul Schaefer.

Lorena Pizarro en la manifestación de este miércoles

Luego de conocerse los fallos de la Segunda Sala de la Corte Suprema –integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y los abogados María Gajardo y Ricardo Abuauad- la AFDD, junto a demás organizaciones de derechos humanos, se manifestaron este miércoles a las afueras de Tribunales, ocasión en la que se hizo entrega de una carta al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito Muñoz.

En el texto, se lee que “El hecho de que a 28 años del fin de la dictadura sigamos buscando a nuestros desaparecidos y que la mayoría de los perpetradores no hayan sido juzgados, o hayan sido condenados tardíamente a penas que no se condicen con el horror de sus crímenes, es prueba suficiente para demostrar que las condiciones para evaluar beneficios carcelarios en Chile no están dadas”.

A raíz de todo el revuelo que ha causado la decisión de la justicia, el ministro integrante de la Segunda Sala de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, declaró durante la tarde de este miércoles que “siempre hay alguien que no queda conforme”.

En ese sentido, agregó que “si ahora lo que se ha decretado es la libertad condicional de algunas personas, que a algunas personas tampoco les parece bien porque tienen sus razones, yo respeto las razones que tiene las personas que se opongan, no hay nadie más respetuoso que yo del dolor ajeno, pero mi labor es resolver”.

La indignación causada por los fallos de la Corte Suprema no solo ha exteriorizado en Santiago, pues en diversas ciudades del país, organizaciones de derechos humanos se han manifestado para exigir verdad y justicia, conceptos que creen, se alejan cada día más.

Manifestación de este miércoles en Valparaíso