Ñuñoa es una comuna que históricamente mantiene una comunidad muy activa en la opinión sobre la política urbana, sin embargo, pese a los esfuerzos sobrehumanos de sus habitantes por organizarse, la participación no tiene injerencia en la planificación del territorio. Este fenómeno puede explicarse por diversas causas: primero porque las organizaciones originales fueron desarticuladas y los dirigentes perseguidos políticamente; luego porque desde los 80 se formaron juntas de vecinos fraudulentas impuestas por alcaldes corruptos; en tercer lugar por la desaparición del tejido social territorial como consecuencia de la devastación inmobiliaria desde fines de los 90; y finalmente porque la opinión ciudadana no es vinculante lo que además desincentiva la participación. La comunidad hoy en día se encuentra entonces sin derecho a voto, sin herramientas normativas y lo más complejo de todo, sin una educación cívica que le permita entender el modo de operar de la planificación, alejándola definitivamente de tomar parte en ella.
Esto, sumado a los casos probados por la Contraloría de permisos fraudulentos otorgados por la DOM de Ñuñoa que privilegian a las inmobiliarias, como el bullado caso del Edificio Botero[1], hacen que la ciudadanía se sienta burlada e impotente frente a la posibilidad de regular su propio territorio y tenga que observar cómo se demuelen barrios valiosísimos para la memoria colectiva, para levantar gigantescas torres que ensombrecen lo que queda y oscurecen la calidad de vida[2] .
Afortunadamente, pese al escenario desfavorable, existe hoy una rearticulación de la comunidad que se ha organizado y activado en torno a la protección del patrimonio haciendo frente a esta situación desventajosa. Para estos vecinos, el patrimonio es entendido como un bien común, donde coexisten paralelamente un dueño “económico” de los inmuebles y dueños “comunitarios” a los que pertenece la ciudad en conjunto por ser parte de su memoria colectiva. Esta visión contemporánea del patrimonio pone en cuestión el paradigma economicista de la valoración urbana y arquitectónica y necesita que la ciudadanía tenga derecho a voz y voto en la decisión sobre la regulación patrimonial para contrarrestar la fuerza preferencial del mercado. En la actualidad sólo la opinión del propietario económico es vinculante, lo que se expresa en el Decreto 223, sobre Zonas Típicas (ZT) del CMN[3]. Por su parte ningún IPT del MINVU se pronuncia literalmente sobre este asunto pero suele consultarse la opinión de propietario[4]. En términos de la protección patrimonial, esto demuestra que en Chile sólo opera la propiedad privada por sobre la colectiva.
La ciudadanía de Ñuñoa viene desde hace más de una década tratando de incorporar la protección patrimonial como uno de los ejes que regulan el territorio. Como el Municipio no lo ha hecho, los vecinos organizadamente han logrado declarar como Zonas Típicas cuatro barrios bajo la tutela del CMN, más el Barrio Suárez Mujica, en actual disputa entre el Municipio, los vecinos y el CMN[5]. Durante 2017, en el contexto de las Mesas Participativas que organizó la Municipalidad para la modificación del PRC, los vecinos realizamos un catastro solicitando la protección de 455 inmuebles y zonas de valor patrimonial. La modificación que en este momento presenta el Municipio propone apenas 3 inmuebles de conservación histórica (ICH) y una zona de conservación histórica (ZCH) lo que resulta casi una burla de la autoridad frente al trabajo desarrollado por la comunidad[6].
Por otra parte, la difusión malintencionada de aquel mito que compara la protección patrimonial con una suerte de “expropiación” o una incapacidad de tomar decisiones por sobre el propio inmueble, resulta muy efectivo a la hora de desincentivar la voluntad de los propietarios de proteger sus inmuebles. Los arquitectos sabemos que en la práctica los barrios patrimoniales tienden a subir los precios de las propiedades, pero aún no contamos con estudios sobre la plusvalía concreta que genera ser declarado patrimonio.
Esta intención de proteger el patrimonio no debe confundirse, sin embargo, con una postura conservadora de los vecinos frente a la ciudad de Santiago y la comuna de Ñuñoa. La comunidad reconoce la densificación como un proceso necesario, pero sostiene que esa densificación debe darse de forma sostenible, privilegiando la edificación de proporción horizontal por sobre la vertical que ha destruido la vida de barrio, un fenómeno que se repite en todas las grandes ciudades de Chile, y que es reflejo de la mercantilización desmedida del suelo por sobre la calidad de vida de la comunidad.
[1] Ver http://radio.uchile.cl/2018/01/11/vecinos-de-nunoa-las-inmobiliarias-son-un-adversario-dispuesto-a-demorar-y-desgastar/
[2] Ver Inzunza J., Wolff C., Vargas K., 2017. “Acceso Solar: Un derecho urbano para la calidad de vida vulnerado desde la gentrificación contemporánea”. Revista 180 Nº 39.
[3] Ver https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1099866
[4] Esto ocurrió en las declaratorias de ICH y ZCH del PRC de Providencia y está ocurriendo ahora para la modificación del PRC de Ñuñoa en curso, solo para dar un ejemplo.
[5] http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=491232
[6] Para contextualizar cabe mencionar que Ñuñoa en la actualidad en su PRC protege 2 ICH y 1 ZCH, mientas que Santiago cuenta con 1.358 ICH y 17 ZCH, Providencia con 82 ICH y 22 ZCH y Valparaíso con 1.025 ICH y 10 ZCH (además de las ZT, los MH y el SPM).
