América Latina ha realizado considerables avances económicos y sociales en las últimas décadas. Sin embargo, estas mejoras no alcanzan a todos por igual, pues aún persisten grandes brechas al interior de los países en prácticamente todos los aspectos centrales del desarrollo humano y social.

Relevar la existencia de estas brechas y proponer medidas para reducirlas es el principal propósito del Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad, que desde 2011, analiza este tema desde una óptica particular: la desigualdad territorial. La desigualdad es, lamentablemente, una constante en casi todas las dimensiones del bienestar. Tanto la pobreza, como el acceso a servicios o la actividad económica, se distribuyen desigualmente entre los territorios, con lo cual, a la ya compleja desigualdad social que aqueja a las sociedades latinoamericanas, se agrega una persistente desigualdad territorial, una de cuyas expresiones más claras es la peor situación relativa en que se encuentran los habitantes de zonas rurales respecto de sus pares en zonas urbanas, más aún, si estas zonas concentran población indígena o afrodescendiente.

La versión 2017 del Informe, que en los últimos meses hemos presentado en Ecuador, Colombia, México y Guatemala, y que la próxima semana presentaremos en Valdivia, refuerza esta evidencia preguntándose por la posibilidad que tienen los distintos países de la región de cumplir con el compromiso por todos establecidos de avanzar en un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de lo que se conoce como la Agenda 2030. Aunque los ODS no son obligatorios desde una perspectiva del derecho internacional, se espera que los gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos nacionales para la implementación de iniciativas conducentes al logro de estos objetivos.

Chile se encuentra mejor situado que otros países de la región para cumplir con las metas de esta agenda, ocupando la mejor posición relativa en el Índice de Equidad Territorial que elabora el Informe. No obstante, este resultado general esconde muchos problemas, como la enorme desigualdad entre territorios con mayor y menor concentración de población en situación de pobreza o inseguridad alimentaria, objetivos donde Chile baja a los últimos lugares del Índice. Mientras que entre 2013 y 2015 el 75% de las provincias disminuyó sus tasas de pobreza, Tocopilla subió de 3,7%, en el 2013, a 11,3%, en el 2015 y Chacabuco, de 6,3% a 11,5% en el mismo periodo

¿Esto qué significa? Que de no tomarse medidas urgentes, sólo algunos habitantes de Chile podrán percibir en su vida cotidiana los resultados del desarrollo. La Agenda 2030 es una invitación a no dejar a nadie atrás del desarrollo. La del Informe es una invitación a no dejar a ningún territorio porque es a todas luces evidente que según el lugar donde se vive, en Chile no todos tienen iguales oportunidades.

*María Ignacia Fernández, Directora Ejecutiva Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural