La catástrofe ambiental de Quintero ha servido para comprender la profundidad de la crisis que vive nuestro país en la protección de sus recursos naturales finitos, participación ciudadana y la necesidad de desarrollo de una institucionalidad ambiental.

La Comisión Investigadora Sobre Contaminación en Quintero-Puchuncaví ha sido un escenario para que las autoridades de gobierno expongan las carencias que existen en sus carteras en temas de protección ambiental, y es que esto no es solo proteger algunos árboles, sino que el sistema de vida de las personas que existen en un territorio complejo.

El pasado viernes, la Seremi de Medio Ambiente, María Victoria Gazmuri, relativizó las mediciones hechas el 23 de agosto en los primeros días de la crisis ambiental de Quinteros, diciendo que los funcionarios municipales de su propia repartición que capacitaron para operar los instrumentos de medición, lo habían hecho mal y que lo comunicado por el Seremi de Salud de Valparaíso -donde daba como resultado el hallazgo de metilcloroformo en altas concentraciones en el aire de la ciudad-  era una mala medición y que ella la consideraba como poco fiable.

Mientras tanto, en Quintero y Puchuncaví en los últimos dos meses que ha durado esta emergencia, van más de 1700 intoxicados y cada día se suman más. Las fiscalizaciones a las empresas se han dado en estos últimos días, sin embargo, desde el movimiento de mujeres en zona de sacrificio han advertido que previo a los análisis, las industrias preparan sus instalaciones para salir bien evaluados.

A pesar de que se han decretado 18 emergencias ambientales en las últimas semanas, esto no ha terminado por ser una solución de fondo. Evidencia de esto es la renuncia del Superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, quien este lunes presentó su renuncia, luego de que en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados advirtiera la incapacidad que tenía la entidad fiscalizadora para desarrollar su trabajo.

Cristian Franz fue nombrado en 2014, durante el gobierno de Michelle Bachelet

El presidente de la Comisión Investigadora sobre Contaminación en Quintero-Puchuncaví, Diego Ibáñez, luego de la presentación del ministro de Salud Emilio Santelices, planteó que “el Estado sigue siendo negligente. El ministro de salud no estaba a la altura para controlar la situación de catástrofe sanitaria que a esta altura ya es económica, la pequeña y mediana empresa está quebrando y vendiendo sus negocios, porque Quintero sigue siendo una zona de sacrificio. El ministro hoy no ha hecho uso del principio preventivo que es resguardar la seguridad de la comunidad, tampoco ha usado sus atribuciones ni los instrumentos que le otorga el código sanitario para detener temporalmente  o generar una presión también económica en las empresas para que inviertan en ciertas tecnologías y eso al menos lo pretende contrarrestar con la puesta en marcha de un plan de descontaminación que sabemos que no actúa desde la perspectiva preventiva, sino que lo hace cuando ya la zona está saturada o está en latencia”.

“El Estado no está a la altura, no ha contado ni ha dispuesto todos los recursos para solucionar la enfermedad que es la contaminación y las empresas contaminantes que no invierten en tecnología”, recalcó el parlamentario de Revolución Democrática.

El parlamentario, que hoy es presidente de la Comisión Investigadora, frente a la renuncia del Superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, afirm{o a nuestro medio que  “si yo fuera el superintendente de una institución que tiene uno de los últimos presupuestos de la superintendencias y de un ministerio que representa el 0.1 por ciento del presupuesto del Estado, yo lo pensaría dos veces para ejercer ese rol, porque a mi cargo estarían las vidas de niños y niñas en Quintero y si no voy a poder estar a la altura de las demandas de las comunidades, a mí no me gustaría asumir esa responsabilidad jurídica y política. Entonces,  entiendo lo que señala el superintendente respecto de tener que gestionar desde la pobreza para tratar de resolver este conflicto”.

Diego Ibáñez, además explicó que la cartera de Medio Ambiente tiene varias deudas en este poco tiempo de funcionamiento, ya que la ex titular, Marcela Cubillos, dejó comprometidos proyectos que luego de las crisis que se han desatado, no se han podido llevar adelante, una de ellas es la reforma al Servicio de Evaluación Ambiental que buscaba incluso acortar los tiempos para la aprobación de proyectos empresariales, esto en sintonía con la agenda pro inversión que el gobierno ha impulsado desde las primeras horas de su mandato.

Por otra parte, se encuentra la decisión del Gobierno de posponer la firma del tratado de Escazú pese a haber sido fue propuesto y desarrollado por nuestro país y cuya finalidad es, entre otras, dar mayor importancia a la participación ciudadana, principal factor de retraso en la aprobación de proyectos industriales y que también busca dar protección a los líderes de movimientos sociales que defienden el medio ambiente.

“En el organigrama del estado, el ministerio de medio ambiente depende de ministerios productivos, es decir, que está subordinado a agricultura, minería y energía y no tiene la posibilidad de diseñar políticas públicas que atienda las necesidades de la comunidad, desde ahí que salud hoy tiene que hacerse cargo de una catástrofe, porque medio ambiente no tiene las herramientas”, trasparentó el parlamentario de Revolución Democrática.