En el programa de Informe Especial de TVN del reciente martes 30 de octubre en la noche se dio cuenta de lo que sucede con la contaminación ambiental en Quintero y Puchuncaví, Región de Valparaíso, dejándose en evidencia la burlesca trampa, detectada por la Contraloría General de la República, que hizo el Ministerio de Medio Ambiente del segundo gobierno de Bachelet con el Plan de Descontaminación para esa zona saturada. Quienes ejercían el mando en ese ministerio, para favorecer a las empresas allí instaladas, se las arreglaron retozando las cifras delas emisiones tóxicas para que ese Plan no redujera ni un ápice de las mismas.

En ese programa se le dio mucha cobertura noticiosa a la información detectada hace años por Wikileaks y replicada en Chile por el medio de investigación periodística Ciper, en orden a que hubo gestiones internacionales para posibilitar, con malévolas prácticas, la instalación de la termoeléctrica Central Campiche de la empresa norteamericana AES Gener en un predio área verde que, según el ordenamiento territorial respectivo, no admitía el emplazamiento de esa industria.

Dicha empresa extranjera, para abaratar costos, decidió localizar su planta en un terreno que, por sus restricciones de uso de suelo, no se transa en el mercado y aprovechando el desorden de la institucionalidad logró obtener un permiso ambiental en el año 2008 por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Valparaíso. Tal proyecto de generación termoeléctrica se inició sin que existiera un permiso de edificación por parte de la Dirección de Obras Municipales de Puchuncaví, el que consideró una inversión de US$ 500 millones y aporta 270 MW al sistema interconectado.

Estando el proyecto en ejecución ilegal por el motivo del uso de suelo, tanto la Contraloría General de la República como la Corte Suprema, acogiendo las denuncias de los vecinos afectados, liderados por el Consejo Ecológico de Puchuncaví, resolvieron que por esa misma razón el proyecto era contrario a derecho, por lo tanto se anuló la feble aprobación de esa Corema porteña.

Ante tal situación, Paul Simons, en aquella época embajador de Estados Unidos y el gerente de AES Gener, se relacionaron urgentemente con unos cuantos ministros y funcionarios de Bachelet, verdaderos títeres, quienes urdieron las fórmulas para que el Estado pasara por alto el dictamen de la Contraloría y el fallo de la Corte Suprema. Simons se movió astutamente buscando que La Moneda consintiera en cambiar las reglas del juego urbanístico para que esa industria se instalara en el lugar no apto elegido por ella.

Las marionetas chilensis resolvieron que para cumplir con tal indecorosa tarea el Minvu, siempre solícito a los requerimientos de los poderosos, debía modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), lo que aconteció, vía alegre decreto supremo, el 31 de diciembre de 2009, mientras todos celebrábamos la llegada del nuevo año. Así, con esa movida, posteriormente en agosto de 2010, se logró el permiso municipal y se reiniciaron las obras de esa central a carbón.

Como un hecho anecdótico y hasta pueril, el presidente de  AES Gener, Andrés Gluski, en un arrebato de chifladura, después de reunirse con el embajador Simons, antes que se produjera este traje a la medida del solicitante, expresó que la sentencia del máximo tribunal del país era “una señal activista al gobierno”, frase insolente que le repetimos al actual presidente de la Corte Suprema, con motivo de nuestra visita de cortesía el pasado martes 30 de octubre en la mañana.

En vista de aquello, asunto no dado a conocer por el Informe Especial de TVN, la fundación Defendamos la Ciudad, con otras organizaciones de la sociedad civil informada, acusaron formalmente ante Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con copia al presidente Sebastián Piñera, copia al contralor general Ramiro Mendoza y copia al presidente de la Corte Suprema Milton Juica, este incorrecto comportamiento de los gobiernos de EEUU, como un mandón y de Chile, como un simple mancebo, ya que las reglas de esa institución internacional exigen que en los países que la integran se observen los más altos estándares en probidad pública.

Entre otras cosas, se le informó a la OCDE que el lobby y la presión diplomática internacional perturban sus propias reglas pues las inversiones extranjeras tienen que respetar las legalidades vigentes en los países receptores. En noviembre de 2011, primer gobierno de Piñera, le dirigimos una carta al canciller Alfredo Moreno, hoy ministro de Desarrollo Social, debido a que la OCDE nos respondió el 14 de abril de 2011, expresándonos que esta delicada materia se había trasladado al gobierno de Chile para que sus nuevas autoridades adoptaran las medidas conducentes a evitar la reiteración de los hechos.

Le manifestamos a Moreno que en razón a que la OCDE se relaciona con la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), organismo dependiente de su ministerio, le solicitamos en base a la ley que garantiza a la ciudadanía conocer las actuaciones de la Administración, nos informara por escrito cual ha sido el resultado de la investigación que se ha hecho al interior del gobierno para impedir la injerencia de una potencia extranjera en nuestras políticas públicas.

Al final de nuestra carta le decíamos al canciller “tenemos la certeza que usted comparte la molestia que nos ha causado conocer los detalles de esta situación y por lo tanto es urgente adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición de este tipo de prácticas tan negativas que erosionan el sistema democrático y el ejercicio del libre mercado en la economía”.

Tiempo después nos respondió una funcionaria de la Direcon, expresándonos por cuenta del canciller Moreno,  que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tenía conocimiento del episodio cometido por AES Gener. Ante este tipo de mendaz contestación oficial queda en evidencia que nuestras instituciones están dirigidas por personas que desconocen absolutamente lo que es el servicio público, lo que es lamentable.

En resumen, los que ejercen el poder político -segundo gobierno de Bachelet- quisieron pasar gato por liebre en la elaboración del Plan de Descontaminación para Quintero y Puchuncaví y más encima  -primer gobierno de Piñera- niegan por escrito la abusiva intervención extranjera para que AES Gener -primer gobierno de Bachelet- pudiera construir su planta Central Campiche en un área verde localizada en una zona saturada.