Por debajo de una agenda político-legislativa bastante cargada y en una época del año donde la atención de la opinión pública empieza a desviarse comprensiblemente hacia otros asuntos, el Gobierno ha ingresado al Parlamento el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como el TPP-11 o el TPP sin Estados Unidos. Aunque ha pasado desapercibido y los actores políticos no se han referido aún al tema, se trata de la política pública más importante que se ha sometido a consideración del Congreso durante este periodo legislativo.

Este tratado es, además, la expresión más extrema de cómo las trasnacionales pueden usar a los gobiernos y a las democracias liberales como meros instrumentos de su voluntad, transversalmente, valiéndose para ello, precisamente, de lo señalado más arriba: la desinformación de las fuerzas políticas, del Parlamento y de la ciudadanía sobre los alcances de este acuerdo.

No es casual, además, que la tramitación de este tratado de libre comercio coincida con una ola de tratados, que aunque se han presentado como diferentes al TPP, comparten en realidad la misma base y son parte de la misma estrategia. Solo esta semana el pasado lunes se firmó un TLC con Brasil y el este jueves se vota en la Cámara de Diputados el TLC con Argentina, el único tratado de libre comercio en la historia de Chile que ha pasado por la Comisión de Agricultura y desde donde, por primera vez y luego de estudiarlo, ha emanado a la sala de la Cámara una recomendación de que lo rechace.

El TPP-11 es demasiado extenso para que se pueda agotar en este comentario: tiene más de 900 páginas en 28 capítulos solo en su parte central, sin considerar anexos con una cantidad adicional de varios cientos de páginas. Por lo mismo, parece increíble que Chile lo haya negociado durante años sin incorporar a las fuerzas políticas, a los parlamentarios, a la academia ni a las organizaciones de la sociedad civil. Todo ha recaído en un grupo que trabaja discretamente en la Dirección de Relaciones Económicas de la Cancillería, la DIRECON, con funcionarios que pasan de gobierno a gobierno y que reciben un mandato que nunca es sometido al escrutinio público.

Yendo a los contenidos, el TPP es el más grande de los tratados de libre comercio de nueva generación. Para no abrumar con datos, describiremos algunos de sus efectos centrales: faculta al inversor a impugnar las leyes nacionales, pudiendo llevar a los países a tribunales internacionales si sienten que una reforma política afecta sus ganancias; aumenta los precios de los medicamentos y los beneficios para los laboratorios, como consecuencia de la ampliación de la duración de las patentes; perjudica a las economías locales al tener una lógica que desincentiva las políticas de promoción de los productos; no se hace cargo y al revés, perpetúa la desregulación financiera que es uno de los grandes males de nuestro tiempo; no se hace cargo y, al revés, perpetúa el debilitamiento de los derechos laborales, al poner un techo a las demandas de los sindicatos; sobre la base del principio de protección de la propiedad intelectual, promueve el seguimiento de usuarios y el cobro por acciones que hoy en día son sin costo, restringiendo el uso de internet según como lo conocemos hoy.

Además, incorpora el concepto de “coherencia regulatoria”, que es una revisión periódica de las políticas de los países con el fin de ampliar márgenes de favorecimiento a los inversionistas, una instancia que se reunirá cada cinco años y que en la práctica se apodera o al menos comparte atribuciones que actualmente el pueblo ha delegado en el poder legislativo.

En el plano laboral, incorpora solamente como derechos principios muy básicos establecidos por la OIT: la libertad de asociación y la libertad de negociación colectiva; la eliminación del trabajo forzoso; la abolición del trabajo infantil y la eliminación la discriminación en el empleo. No sube el piso a los derechos laborales.

En el plano general, no solo es un tratado, sino un modelo de tratado que compromete a otros países que negocian bilateralmente con los firmantes. Por ejemplo, en el caso del TLC con Uruguay, Chile ya había reconocido que trabajarían sobre la base del modelo del TPP, a pesar de que Uruguay no pertenece al TPP.

Todos estos son asuntos demasiado significativos para que hayan sido negociados por un grupo de técnicos sin control político. Ellos, además, expresan un orden mundial cuyo propósito principal es ampliar las condiciones para los inversores, arrinconando cada vez más a las democracias a ser entes meramente formales, poniendo adicionalmente un techo a la capacidad de los pueblos de transformar sus sociedades a través de la política.

Sería un grave demérito para nuestra ya debilitada democracia que se negocie un tratado tan importante con este nivel de desconocimiento y secretismo. Es responsabilidad ineludible del Parlamento exigir los tiempos necesarios y los estudios de impacto por cada sector económico y social, los cuales además deben ser realizados por entidades académicas independientes y no por lo mismos que promueven el TPP-11. También, se exigir una auditoría o estudios de impacto sobre los 26 TLC que ha firmado Chile, trabajos que increíblemente no existen. Y por último, se debe comprender la naturaleza profundamente política y decisiva de este debate al contestar las siguientes preguntas: ¿cuál es el lugar que le queremos dar a la inversión trasnacional en nuestras sociedades y cuántos costos sociales, ambientales y laborales estamos dispuestos a entregar a cambio de entregarles más facilidades?