Recientemente se conoció el rechazo, por parte de la Comisión de Familia, del aumento de subvención a instituciones de protección colaboradoras del Servicio Nacional de Menores (Sename). Esta situación que ha generado gran polémica en las organizaciones de la sociedad civil y en el mundo político, instala nuevamente el debate sobre las condiciones de cuidado y protección de niños y niñas en residencias, así como el cuestionamiento a las capacidades que tienen los hogares para garantizar que los derechos de los niños no serán nuevamente vulnerados.

Este problema contiene una complejidad que no se reduce a las aristas expuestas en el debate público, a saber, la necesidad de contar con mayores recursos económicos o el discurso que instala la idea de una campaña organizada para desprestigiar a las organizaciones sociales que trabajan con infancia. Es necesario recordar que el contexto social y político donde se discute este asunto está precedido por la visibilización de una cultura de maltrato y abuso hacia los niños al interior del sistema de protección, cuyas causas no sólo contemplan las deficiencias ecónomicas, sino que también tienen directa relación con el predominio de un conjunto de prácticas, discursos e ideas, es decir de una ideología, que ubica al niño en un lugar de objeto de caridad, asistencialismo y tutelaje.

Es efectivo que las residencias tienen serias deficiencias para solventar el conjunto de necesidades y acciones que se requieren para realizar la compleja tarea de cuidar a niños que han sido vulnerados en sus derechos, junto con realizar intervenciones con el propósito de apoyar los procesos de revinculación familiar que permiten que los niños egresen del sistema. Se suma a lo anterior la precariedad en la que los equipos de las residencias deben desarrollar su labor en condiciones de alto desgate emocional y malestar como efecto de las exigencias de un trabajo que implica vincularse con la fragilidad y el sufrimiento humano en un escenario de gran vulnerabilidad e injusticia social.

Pero también es de conocimiento público la histórica dificultad de estos organismos para resguardar los derechos de los niños, lo que ha decantado en graves vulneraciones de derechos denunciadas y constatadas por organismos nacionales e internacionales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. No es antojadizo, entonces, plantear al menos un cuestionamiento sobre el modo en cómo la inyeccción de nuevos recursos permitiría mejorar las prácticas institucionales de aquellas residencias de protección que siguen operando con lógicas tutelares y, a su vez, garantizar el resguardo de los derechos humanos en contextos de separación e internación.

Es necesario enfatizar que esta situación es la expresión de un sistema que no termina por reconocer los efectos de sus propias prácticas y que, finalmente, ha generado por sí mismo la fractura de su legitimidad como garante de los derechos e intereses de niños y niñas. Sin lugar a dudas, la legimitad y la confianza en estas instituciones son aspectos que deben ser reconstruidos a través del impulso de acciones que innoven en el trabajo cotidiano que se realiza con niños, familias y comunidades vinculadas a esta realidad. Es decir, se deben discutir aspectos tan relevantes como la forma en que se piensa y ejerce el cuidado al interior de los hogares, la manera en cómo se resguardan y promueven los vínculos entre un niño y su familia, junto con desarrollar estrategias que permitan acompañar y apoyar la labor que realizan los equipos que trabajan en estas instituciones.

Ahora bien, no es tarea fácil que en un terreno donde la desconfianza aparece como un elemento enquistado en la dinámica de esta institucionalidad se puedan generar acuerdos que no se limiten al establecimiento de nuevas exigencias y formas de control a cambio de más recursos. Cuestión que en último término viene a ser la repetición de las lógicas de asistencialismo y sospecha que tanto daño han hecho a la formulación de nuevas condiciones institucionales que permitan impulsar formas de trabajo, diálogo y encuentros con miras a resolver las serias problemáticas que se despliegan en el campo de la niñez.

La propuesta de aumentar la subvención a organismos colaboradores, entregándoles más recursos para solventar sus necesidades, seguirá siendo cuestionada si no está debidamente acompañada de un plan de acción que permita conocer e identificar con claridad cuáles son los ámbitos en que los nuevos recursos se invertirán para resolver los problemas que hoy se señalan como más urgentes al interior de las residencias y que tienen impacto en las experiencias cotidianas de los niños y sus familias.

Reducir la importancia del financimiento al plano de los costos involucrados en la atención por niño, presentando cifras que evidencian la insuficiencia de recursos, no es suficiente como argumento para fundamentar la necesidad de una mayor subvención, ya que en esa argumentación se eluden las responsabilidades institucionales sobre los graves antecedentes de vulneraciones a los derechos humanos de niños y niñas en hogares.

Aumentar la subvención es primordial, pero también lo es abocarse a la tarea de identificar con mayor precisión cuáles son los aspectos del funcionamiento de las instituciones y de las intervenciones que se realizan en estos contextos que se ven mermadas por la falta de una mayor subvención. Cuestión que por lo demás se expresa de forma distinta en cada realidad residencial. No todas tienen las mismas dificultades. Sin embargo, el punto de mayor complejidad rádica en la ausencia de distinción entre aquellas instituciones que cuentan con antecedentes de vulneraciones de derechos y aquellas que presentan una trayectoria de buenas prácticas.

El abordaje de estos nudos críticos no se resolverá a través de un Estado que se limita a ejercer un rol de fiscalizador de los aspectos técnicos, financieros y administrativos del funcionamiento de las residencias de proteccion. Es urgente que en este tema Sename pueda construir otro modo de relación con las instituciones colaboradoras. Innovar en esta materia pasa por generar formas de trabajo colaborativo e interdisciplinario a través de procesos de acompañamiento técnico a los equipos de trato directo, junto con considerar en el trabajo cotidiano de la residencia el vínculo con la familia y a la comunidad de los niños y niñas.

Camilo Morales es Psicólogo, Coordinador Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Infancias, Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile