El diputado miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Leonardo Soto, valoró la señal política realizada por el Senado que recientemente aprobó la idea de reducir los gastos reservados de Carabineros a un peso y un dólar.

La decisión se dio durante la madrugada de este jueves, cuando la Cámara Alta despachó el Presupuesto 2019 e incluyó la indicación para disminuir al mínimo los recursos destinados a este polémico ítem financiero, manejado en secreto y exclusivamente por los altos mandos de la policía uniformada.

Leonardo Soto destacó que desde la Cámara de diputados también se rechazara la glosa que financia al denominado Comando Jungla.

“Gran parte de esos recursos terminan en sus bolsillos y destinados a usos privados, así está determinado en distintas investigaciones judiciales. Por eso me parece correcta la señal política que da el Congreso, decirle al Gobierno ni un peso más, mientras no mejoren los controles y las rendiciones de cuentas, que se asegure de verdad que esos dineros van a llegar donde la ley establece y no al bolsillo de un general codicioso”, afirmó.

Las declaraciones de Soto, se dieron en el marco del seminario “Desafíos de la reforma policial en el contexto local. Experiencias recientes en Uruguay y Chile” que organizó la Asociación Chilena de Municipalidades junto con el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (INAP).

En la oportunidad, uno de los panelistas, el senador y ex ministro del Interior José Miguel Insulza, aseveró que se debe cambiar la relación de la policía uniformada con el poder civil, ya que la Ley Orgánica de Carabineros no dice que la institución esté subordinada al Presidente ni al ministro del Interior.

“Es perfectamente posible establecer un control civil sobre la policía y es hora de hacerlo. La formación que reciben no está al día con lo que es necesario. Creo que existen estereotipos muy importantes acerca de cuáles son las reales amenazas, por ejemplo, escasa dedicación al crimen organizado en el último tiempo, pero mucha identificación de determinados grupos, como adversarios, aparecen organizaciones sociales que son legítimas y válidas, y que no son antisistema ni muchos menos, como son calificadas por la propia institución”, argumentó.

La eventual nueva labor que tendrán los guardias municipales en la iniciativa de reforma a las instituciones policiales enviada recientemente por el Gobierno, fue otro punto de discusión.

El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), alcalde de Talcahuano, Henry Campos, rechazó dotar con armas de fuego a este estamento comunal.

Sobre el tema presupuestario, el jefe comunal precisó que se deben analizar los mecanismos de financiamientos más equitativos, teniendo en cuenta la brecha de recursos que existen entre las diversas administraciones comunales del país.

“No comparto que los guardias municipales porten armas, ese es un deber de control que debe tener el Gobierno y el Estado de Chile, no los municipios, nuestro rol es preventivo. Podemos colaborar en muchas situaciones con Carabineros, por ejemplo, muchas veces seguridad ciudadana llega antes a un accidente de tránsito, ahí podemos hacer cobertura, cortar calles, o actuar frente a una emergencia menor, y así evitamos tener a 10 o 15 policías dedicados al caso y no cubrir el resto de la comuna”, afirmó.

Los participantes del seminario “Desafíos de la reforma policial en el contexto local. Experiencias recientes en Uruguay y Chile”, que organizó la Asociación Chilena de Municipalidades junto con el INAP, coincidieron en que Carabineros requiere una reforma profunda que democratice el sistema policial y profundice en el control que debe ejercer el poder civil en la institución.

La reforma policial en Uruguay que privilegia la formación

El Comandante Mayor Alfredo Clavijo, director de la Guardia Republicana del Uruguay, informó de las reformas que se han realizado a la institución policial y cómo se ha mejorado la confianza de la sociedad civil con dicha instancia uniformada.

La autoridad policial uruguaya precisó que la reestructuración tomó más de cinco años de implementación, sin embargo, cambió el paradigma de la represión militar, por la prevención y la protección a la comunidad.

El director de la Guardia Republicana del Uruguay, argumentó que la evolución partió desde la formación de la escuela policial, donde se privilegió la carrera funcionaria, la eliminación de la división entre oficial y suboficial, además de instruir específicamente a cada integrante de acuerdo al rol que el egresado desempeñará. Una especie de reforma a la educación policial.

La autoridad agregó que incorporar tecnología, además de acercar la policía a la comunidad fue clave en esta evolución que sufrió la institución uniformada del país sudamericano.