Estos días diferentes actores de la educación superior han reclamado agudos déficits presupuestarios a causa de la gratuidad. Más que un problema de ciertas instituciones, este déficit es expresión de la ausencia de una política de Estado de largo plazo para la educación superior. Siendo la gratuidad una de las principales respuestas del régimen político al malestar social, sus problemas no afectan sólo al ámbito educativo, sino a la legitimidad general de la política.

Según el informe de la Contraloría General de la República, la diferencia entre el aporte por gratuidad y los aranceles reales generó un déficit de 17 mil millones en 2017. Pero el problema no se detiene ahí. El déficit es en realidad crónico y afecta tanto a las universidades del Consejo de Rectores como a la expansión de la educación privada con fines de lucro. Estos déficits se simbolizan en las crisis del Fondo Solidario y del Crédito Privado con Garantía Estatal (CAE), respectivamente. La morosidad del Fondo Solidario en 2016 llegó a representar el 99% del presupuesto de la gratuidad de ese año. Y, como se sabe, el CAE ha significado una transferencia no prevista de 3 billones de pesos a la banca.

Probablemente en estos déficits intervenga la impericia de gobiernos y administradores, pero por su envergadura no pueden derivarse de errores puntuales. En realidad, la expansión reciente de la educación superior no fue capaz de llevar a los jóvenes a los lugares prometidos de la estructura ocupacional y por eso no ha podido financiarse a través de créditos. En su morosidad, en sus intereses y en sus dolores, se oculta como padecimiento individual lo que es una paradoja estructural de nuestra educación superior y que informa sobre su relación inorgánica e incongruente con el modelo de desarrollo y la estructura del empleo.

Sin enfrentar estos problemas, derivados de la ausencia de una política de Estado de largo plazo para la educación superior y de la estructural desigualdad del país, cada ciclo expansivo agrava el déficit, al mismo tiempo que hace cada vez más rica a una pequeña minoría de controladores y tecnócratas. De tal modo, los aportes del Estado no son ya, en lo medular, para la educación superior, sino para evitar la quiebra de un sistema que simplemente no funcionó como se esperaba, pero que a pesar de eso, es fuente para fortunas impresionantes. Los parches, cada vez más caros, intentan mantener vivo el mito educacional de movilidad social, pues su plausibilidad es una línea de flotación clave de la legitimidad de todo el modelo.

La política de gratuidad, de algún modo, intentó enfrentar este problema, reduciendo el peso global de los instrumentos crediticios. Pero al no alinearse con una política de largo plazo en educación superior -todavía inexistente-, en realidad agravó el déficit. Obligó a las instituciones a soportarlo, disminuyendo sus ingresos. Paradojalmente, tanto el CAE como su proyecto de reemplazo resultan más atractivos entonces para las instituciones que la gratuidad. Así, el estímulo está puesto en continuar –y acrecentar- la estructura deficitaria de la educación por medio de sistemas crediticios ya sabidamente inviables.

No soluciona nada aumentar los presupuestos sin alterar el círculo vicioso de la deuda. Desde Fundación Nodo XXI hemos hecho propuestas que permiten revertir esta tendencia. Si la política no quiere un colapso de la esperanza de la sociedad en la educación, o un colapso material de sus instituciones, es necesario entonces enfrentar el problema de fondo. Defender la gratuidad es repensarla y corregirla, de lo contrario no sobrevivirá.

El autor forma parte de Fundación Nodo XXI.