Este viernes 14 de diciembre pasará a la historia de los 1460 días de gobierno de Sebastián Piñera como aquel en que, alineándose con decisiones similares adoptadas por Donald Trump o Jair Bolsonaro, el presidente de Chile, el que decide la política exterior de la nación, comunicó que su gobierno definitivamente no adoptará el Pacto Migratorio de Naciones Unidas. Como principales razones, Piñera esgrimió que “el Pacto contradice algunos principios de nuestra propia política de migración y no resguarda los legítimos intereses de los chilenos”.
Además, según afirmó, el Pacto de Marrakesh “fomenta la migración irregular y el trabajo informal, promueve el ingreso de inmigrantes vulnerables, dificulta la detención de inmigrantes irregulares y otorga acceso a pensiones sin que (los inmigrantes) cumplan con los requisitos del país”, dijo. También señaló que el nuevo instrumento internacional hace “difusa” la distinción entre migrantes y refugiados, y entre extranjeros en situación irregular de aquellos que se encuentran regularmente en el país.
Y terminó con esta sentencia que, si el fondo del asunto no fuera todo lo dramático que es, arrancaría más de una sonrisa: “Si bien se dice que (el Pacto) no es vinculante, es evidente que si un país serio y responsable como Chile adopta ese pacto, se compromete con su espíritu y contenido”, señaló. Es decir, NO SOMOS un país ni serio, ni responsable, pues NO nos comprometimos con el espíritu y contenido de este Pacto. ¿Otra de sus “piñericosas”? Sin duda. De ésas que en mi época se llamaban simplemente “cantinfladas”, honrando a su creador.
No obstante lo anterior, este mismo viernes 14 de diciembre aunque en las antípodas en términos de concepción humanitaria, jurídica y del recto espíritu solidario, el presidente de la Corte Suprema, ministro Sergio Muñoz, fijó jurisprudencia en este tema al afirmar que en este país “los derechos de los migrantes están incorporados en todos los instrumentos de derechos humanos”. Una clara alusión a la decisión de Sebastián Piñera de no firmar el referido Pacto multilateral, desde luego. Pero tal vez, también un mensaje de clara lectura para los migrantes que quisiesen -o necesitasen- acudir ante los tribunales para reclamar el amparo de sus derechos en un momento determinado.
Aprovechando la presencia de los medios de comunicación en el juramento de nuevos abogados ante el máximo tribunal de justicia del país, el ministro Muñoz abundó en el ordenamiento jurídico existente en Chile para los procesos migratorios y expresó -sin mencionar, por cierto, al gobierno- que en la actualidad “se pretende condicionar el reconocimiento de la dignidad humana de algunas personas a su nacionalidad de origen, como para aceptarles en una determinada comunidad política”, aseveró.
Acto seguido, como para refrescarle la memoria al gobernante, Muñoz afirmó que “también se han suscrito convenios de carácter específico, como la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familiares, en 1990”. Pero no se quedó sólo en eso. Agregó que “las personas migrantes se enfrentan a múltiples barreras que les impiden acceder a la justicia en igualdad de condiciones, ya sea por desconocimiento de la normativa interna, por no entender el idioma o por barreras culturales, junto con las dificultades que deben enfrentar para acceder a asistencia y representación jurídica. Dando respuesta a esta realidad, el Poder Judicial ha adoptado distintas medidas tendientes a garantizar los derechos de las personas migrantes”, expresó.
Finalmente, el presidente de la Corte Suprema señaló que “los tribunales superiores de justicia, al resolver los recursos de amparo y protección, también han reconocido la especial necesidad de protección que requieren las personas migrantes”.
