La desestimada querella por injurias y calumnias en contra del periodista Javier Rebolledo, la crisis de TVN, los nuevos despidos en los medios “tradicionales”, la cobertura del caso Camilo Catrillanca y las secuelas de la Operación Huracán; más la deuda que existe por despenalizar las radios comunitarias; el proyecto de ley que sanciona, con multa y cárcel, a quienes nieguen las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por la dictadura; y las fake news más recientes contra la diputada Vallejo, y las que habría usado el gobierno para no adherir al pacto migratorio de la ONU, son evidencias diversas de un balance crítico de la libertad de expresión en Chile.
Y esto no es nada nuevo, porque desde hace dos años que la situación no es la misma: basta recordar, en 2016, la querella de la expresidenta Bachelet contra la revista Qué Pasa o el proyecto de ley conocido como Ley Mordaza, que buscaba, entre otras cosas, endurecer las sanciones en caso de que las investigaciones de la fiscalía se filtrasen a la prensa.
Más aún en tiempos de noticias falsas, y de victorias de la ultraderecha en Brasil y en parlamentarias de varios países europeos (Suecia, España, Francia, etc.), la defensa y promoción de la democracia y la libertad de expresión es una tarea ineludible, aquella por la cual tanto se luchó en dictadura y se consiguió más plenamente para los periodistas y comunicadores a inicios del 2000.
En este escenario se dan tres aspectos relevantes, como la persecución y/o agresiones a periodistas y comunicadores, como le ocurrió este año a Javier Rebolledo y a comunicadores en zona mapuche.
Si bien la ley de prensa de 2001 y la derogación parcial de la figura del desacato en varios cuerpos legales han robustecido la libertad de expresión e información, desde el año pasado se han registrado con más frecuencia agresiones a periodistas y se han abierto procesos penales contra comunicadores acusados de atentar contra el orden público o difamar a personeros del Estado, tal como lo consignó el informe 2017 de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, que advierte, al menos, de 12 casos durante el año pasado.
Al respecto, la Corte Interamericana emplazó al Estado chileno a adoptar las medidas necesarias para derogar o modificar los artículos 264 del Código Penal y 284 del Código de Justicia Militar, que tipifican los delitos de amenazas y desacato, y se mantienen en la legislación nacional.
En relación con el tratamiento noticioso que se da a casos o personajes de relevancia pública, el asesinato del mapuche Camilo Catrillanca, principalmente, es un llamado de atención para que los medios y sus periodistas no pierdan el escepticismo y la duda frente a versiones oficiales y sean capaces de investigar en profundidad temas y problemas que son de impacto para la población. Más aún en tiempos de viralización de noticias falsas, sin ningún crédito o fuentes que las avalen, es una doble responsabilidad que asumen quienes ejercen el periodismo.
Ya el CNTV ha elaborado varios manuales con recomendaciones para los canales en temas de infancia, diversidad y género, desastres, etc. y lo propio hizo al cierre de este año el Tribunal Nacional de Ética del Colegio de Periodistas, el que además de abogar por la devolución de la tuición ética a la orden profesional, valoró por otra parte, la investigación acuciosa y la búsqueda de la verdad que hicieron en 2018 la revista El Sábado y Ciper en casos de abusos en la TV y el homicidio de Camilo Catrillanca.
Un tercer aspecto es la promoción del Estado de medios plurales y diversos, que atenúe la sobreideologización de la prensa chilena y termine con el modelo de transición mediática que propició y defendió la Concertación.
Esta agonía crónica del sistema de medios no resiste más calmantes, por ello, la crisis de TVN no se resolverá tampoco con la propuesta del Presidente Piñera de modificar la ley orgánica del canal público. Si no se cambia el modelo y se quiere, por el contrario, “equiparar” la cancha con los canales comerciales y subsidiar, por otro lado, la señal cultural, el fracaso no demorará en llegar.
La situación de los medios alternativos es aún más precaria, con una ley de Radios Comunitarias que no alcanzó para democratizar el dial –debido a que ocupan el 5% de todo el espectro- ni menos para mejorar sus condiciones, cuando solo el 32,7% obtuvo los 25 watts de potencia (121 concesiones de 370 dadas a radios comunitarias),
Uno de los desafíos que tenía el recientemente fallecido presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (ANARCICH), Alberto Cancino, para abrir más espacios para las emisoras comunitarias y locales, era ocupar “la banda china” del 76 al 88 mhz. Con el apoyo de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y la Archi, se comenzó a levantar esta propuesta hasta el último año de la expresidenta Bachelet. En esta mesa también se llegó a acuerdo para derogar el artículo 36 b, letra a, de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado el 20 de enero de 1994, que castiga con decomiso, multas y cárcel a radialistas sin frecuencia concesionada. Después de 24 años de democracia, este proyecto de ley para eliminar este articulado está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, sin movimientos, del 13 de marzo de 2018, pese a que el Tribunal Constitucional acogiera parcialmente el recurso de inaplicabilidad de este artículo en el caso de la Radio Aukan de San Fernando. En la práctica no aplica penas de cárcel al comunicador responsable de la emisora sin concesión y marca un precedente para no aplicar más penas corporales. Así también el Estado se comprometió a eliminar este artículo en el marco de una conciliación de la CIDH entre el Estado y las víctimas del caso de Radio Estrella del Mar de Melink, cuando el 1999 el alcalde impidió que la radio siguiera funcionando. Sin embargo hasta la fecha no hay voluntad ni compromiso político del Estado y de los últimos dos gobiernos por cumplir estos acuerdos, y de paso promover un sistema más democrático y garantista de la libertad de expresión en Chile.
Por Raúl Rodríguez, académico de la Escuela de Periodismo e Investigador del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.
