La toma del poder por fuerzas fascistas en Brasil trae riesgos económicos, sociales y ambientales, inmediatos y futuros, a nivel nacional e internacional.  Incluso antes de tomar posesión, las declaraciones de Bolsonaro representan una amenaza al derecho a la tierra de pueblos indígenas, campesinos y quilombolas^[1].  Declarar que los pueblos indígenas no deberían tener ni “un centímetro de tierra”^[2] o que “indios en reservas son como animales en zoológicos” ^[3] forma parte de una agenda neocolonial de entrega de tierras y bienes naturales a empresas del agronegocio.

La visión neocolonial, que atiende a los intereses combinados de la oligarquía latifundista en Brasil, del agronegocio nacional e internacional, de empresas mineras y del capital financiero, se basa en dos “mitos”: aquel que presenta la tierra en Brasil como abundante y “vacía” y la imagen de comunidades campesinas como campos abiertos para la “modernización”.  Nuestros estudios muestran que la expansión del agronegocio genera destrucción ambiental, expulsión de comunidades rurales de sus tierras y sustitución de la producción de alimentos por monocultivos de commodities agrícolas^[4].  El efecto de estas políticas no es sólo local o aislada, pues el sistema agrícola basado en la producción de monocultivos extensivos, dependientes de insumos químicos y de gran cantidad de agua, se constituye en uno de los principales factores que causan los cambios climáticos.

Estas son informaciones básicas, conocidas por la opinión pública y comprobadas por estudios científicos en Brasil^[5] y en el exterior.  Sin embargo, la ideología expresada por miembros del régimen que tomará posesión en Brasil representa un peligro, no sólo ambiental, social y económico, sino también por difundir un discurso fundamentalista con el objetivo de reprimir comunidades rurales e investigaciones científicas^[6].

El futuro ministro de relaciones exteriores ha declarado que “el cambio climático es una tramoya marxista”; la futura ministra de agricultura es conocida como la “musa del veneno” por su conexión con empresas de agrotóxicos en un contexto que ya trasgrede límites ambientales, con serios impactos en la salud pública y el medio ambiente^[7].  Los planes de Bolsonaro incluyen además la creación de una secretaría especial para tratar las cuestiones de propiedad de tierras bajo la conducción de Luiz Antonio Nabhan García, presidente de la Unión Democrática Ruralista (UDR), institución que representa a la oligarquía latifundista.  Los movimientos sociales rurales advierten que “Nabhan García ya tuvo que declarar ante la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) de la Tierra por porte ilegal de armas, contrabando y organización de milicias privadas en la región del Pontal do Paranapanema, en São Paulo, y que apoya la deforestación de la Amazonia” ^[8].

Estos son algunos ejemplos del peligro que está por venir.  Las declaraciones de Bolsonaro contra la oposición amenazan con “eliminar a los adversarios”, en un claro ataque a movimientos sociales: “estos marginales rojos serán desterrados de nuestra patria”.  En alusión al período de la dictadura militar, afirmó que “la limpieza ahora será mucho más amplia (…) o se van afuera, o van a la cárcel”^[9].

Otra señal de la agenda reaccionaria, peligrosa y unilateral de Bolsonaro fue la renuncia a ser sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP25) marcada para 2019.  Esta decisión causó consternación internacional, ya que anteriormente Brasil había invertido esfuerzos diplomáticos para realizar el evento.  Los estudios muestran que el ritmo de destrucción de la Amazonia alcanzó el mayor nivel en 10 años, entre agosto de 2017 y julio de 2018^[10].

La expansión de la frontera agrícola por parte del agronegocio ya alcanza un punto de no retorno en la destrucción del Cerrado y de la Amazonia.  Como estos biomas están interconectados, su devastación causa cambios en el régimen de lluvias, con crisis extremas de sequía e inundaciones, tanto en el Norte y Nordeste como en el Sur y Sudeste del país.  La destrucción del Cerrado afecta a los manantiales de grandes ríos y fuentes de agua subterránea.  La deforestación en la Amazonía puede acelerar catástrofes climáticas en Brasil y en otros países^[11], afectando también el nivel de productividad de la agricultura^[12].

Para seguir recibiendo créditos especiales y subsidios, el agronegocio utiliza la justificación de su supuesta contribución a la economía.  Sin embargo, el cálculo de su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) no incluye el desplazamiento de enormes deudas y otros impactos, como apropiación de tierras y destrucción ambiental.  Tanto históricamente como en la actualidad, el mantenimiento del sistema agrícola extensivo, basado en monocultivos para la exportación, demanda una política estatal que genera pasivo económico.  La formación de monopolios permite que grandes empresas puedan demandar acceso a créditos bancarios a intereses por debajo de la media del mercado y otros subsidios estatales, lo que genera mayor dependencia del sector agrícola en relación al mercado financiero.  Este proceso profundizará el papel subordinado de Brasil como proveedor de materias primas agrícolas y minerales a partir de la demanda externa.  Este modelo genera el endeudamiento del Estado para cubrir los costos de producción con maquinaria e insumos químicos.

El discurso sobre la supuesta “vocación” agrícola brasileña, en el sentido de la defensa del modelo económico basado en los monocultivos para la exportación, ha sido reforzado repetidamente en los medios de comunicación.  La necesidad de expansión territorial del agronegocio pretende compensar la pérdida de productividad causada por la destrucción de los suelos, la biodiversidad y las fuentes de agua.  El carácter extensivo del agronegocio se mantiene a través de la alianza entre empresas transaccionales y la oligarquía latifundista.

Por otro lado, el papel de la producción agrícola para el mercado local, de la agroecología y de la agricultura de subsistencia es comúnmente subestimado o incluso ignorado en los datos económicos oficiales, a pesar de garantizar el sustento de la mayoría de la población con alimentos saludables.  En la actualidad hay un movimiento creciente de demanda de alimentos ecológicos y producidos localmente en Europa y Estados Unidos.  Uno de los lemas de este movimiento es “kilómetro cero”, que defiende la agricultura local.  Mientras tanto, el Estado brasileño compromete enormes sumas de recursos públicos para financiar la producción de commodities agrícolas, que constituyen un canon de exportación cada vez más reducido.  Esta política estimula la violencia contra pueblos indígenas, campesinos y quilombolas y compromete la posibilidad de asegurar la soberanía alimentaria y el pleno derecho a la alimentación.  Es necesario reforzar la solidaridad y la defensa de los movimientos sociales rurales en Brasil.

La autora es doctora en Geografía Humana (Universidad de São Paulo, USP) y co-directora de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos.