No es primera vez que los deslices comunicacionales del presidente Piñera en Educación le abren flancos a su Gobierno. La afirmación del día de ayer de que el proyecto denominado eufemísticamente Admisión Justa buscaba dar libertad y flexibilidad a la “industria de la educación” va en la misma línea de las declaraciones del 19 de julio de 2011, en su primer gobierno, cuando en la inauguración de la sede de San Joaquín del DUOC-UC, afirmó que la educación es “un bien de consumo”. Estas afirmaciones, que más que deslices son la expresión genuina de la mirada del Mandatario, dicen lo que Piñera ha dicho muchas veces con otras palabras: que para él la educación tiene un componente empresarial y que las políticas públicas deben generar las condiciones para facilitar ese vínculo.

Una destacada investigadora en Educación, María Loreto Egaña, me enseñó una vez que en este tema el debate siempre es ideológico. Que cada política o discusión legislativa, aun cuando parezca técnica, es a su vez la expresión de los paradigmas que los distintos actores tienen no solo sobre la educación, sino también sobre la sociedad. Como se sabe, el Presidente adscribe al punto de vista de que los empresarios pueden participar y por cierto lucrar en ámbitos que para otros son los de los derechos sociales: educación, salud, previsión, etc. Tal punto de vista es respaldado además por la Constitución de 1980, a pesar de los cambios que se le han hecho en consenso con quienes se han declarado sus detractores.

En relación al proyecto Admisión Justa, Piñera adscribe también a la idea de que el desempeño de los estudiantes puede corresponder al solo mérito individual y familiar, sin que el contexto sea del todo determinante. Dicho de otra manera, la ministra Marcela Cubillos afirma que el Gobierno pretende fortalecer el derecho de los padres respecto a la educación de los hijos. Sin embargo, reponer mayores espacios para la selección parece ir en la línea contraria, al punto que para la Oposición la palabra selección debería, en realidad, ser reemplazada por la de discriminación.

Como se sabe, una de las consecuencias del sistema educativo instalado en dictadura, y cuyos pilares aún están ahí, es lo que la OCDE definió como un apartheid, al sostener que el sistema educativo chileno estaba conscientemente estructurado en clases sociales. Conscientemente estructurado en clases sociales. A pesar de las grandes batallas político-sociales acaecidas en este tema en los últimos lustros, la Constitución ha terminado zanjando aquello que ahora se expresa de la manera más cruda: el derecho preminente es el del prestador o sostenedor de la educación, por sobre el de los niños y sus familias.

La evidencia internacional (no olvidemos que el paradigma educativo chileno nada contra la corriente) muestra que los sistemas exitosos son aquellos que conciben los sistemas educativos como espacios para la inclusión, bajo el supuesto que su rol en la sociedad es construir comunidad. Cuando se pone la selección por encima, se entiende entonces que el rol de los sistemas educativos es zanjar las competencias entre individuos, lo cual es justamente la mirada del modelo neoliberal sobre cómo debe erigirse una sociedad virtuosa.

Como sea que decante lo que un matutino calificó como “la primera batalla legislativa del año”, es importante recordar lo siguiente: en Chile el rendimiento escolar sigue dependiendo más del capital sociocultural de los padres que del esfuerzo o el mérito de los niños. Es lo que evidencia la PSU y otros instrumentos de medición. Seleccionar sobre la base de esta realidad que ya está desequilibrada parece darle la razón a la OCDE, que como decíamos hace ya 15 años se refirió a nuestro sistema como un apartheid educativo. Como para recuperar la capacidad de asombro.