Señor Director:

“Chile ha sido el laboratorio del neoconservadurismo. El neoconservadurismo es el matrimonio entre un pensamiento neoliberal y un conservadurismo en el orden moral y religioso. Es una mezcla de hipermodernidad y elementos reaccionarios, como los valores familiares, la contracepción, el reconocimiento de las sexualidades diferentes” (Juliette Grange, académica de la Université François Rabelais de Tours).

En la agonía del siglo XVIII se llamaba conservadores a aquellos que se oponían a las nuevas ideas de la Ilustración. Edmund Burke en sus “Reflexiones sobre la Revolución Francesa” (1790), sentó las bases del conservadurismo moderado, exponiendo su sistema como defensor de la familia, el mundo rural y la religión, en abierta oposición a las ideas y propuestas de la Revolución Francesa.

El francés Louis de Bonald, exponente de otro tipo de conservadurismo, plasmaba en su obra “Teoría del poder político y religioso” (1796) los principios de un conservadurismo reaccionario o fundamentalista donde las bases de la sociedad se asentaban sobre la monarquía absoluta, la autoridad patriarcal en la familia y la aristocracia hereditaria.

Los conservadores son enemigos de los cambios políticos; en lo social defienden los valores de la familia tradicional, de la Iglesia Católica y del Nacionalismo; en lo económico se manifiestan por la implantación de políticas proteccionistas. Son defensores de la ley, el orden y del principio de autoridad. Poseen la convicción que toda sociedad necesita un orden jerárquico y desigual, la condición de la libertad es el respeto a la propiedad privada que conlleva irremediablemente a la desigualdad, se gobierna desde la tradición, mas no a través de grandes cuerpos teóricos, etc.

En nuestro país la historia del sector conservador refleja un pérfido derrotero; a modo de mini resumen historiográfico encontramos:

– La Primera Junta Nacional de Gobierno fue travestida en un acto de lealtad al depuesto monarca Fernando VII.

– Organiza un motín encabezado por el teniente coronel Tomás de Figueroa (Motín de Figueroa) para disolver la Junta de Gobierno e impedir las elecciones del primer Congreso Nacional.

– Exigencia a ultranza de indemnización a los propietarios de esclavos que serían liberados por decisión del general Ramón Freire.

– La oligarquía se disgustó con los avances progresistas del gobierno de Balmaceda. Este sector complotó para que se generara una Guerra Civil (1891) entre compatriotas -el Ejército leal al Presidente, y la Armada, al Congreso Nacional- con una cifra de muertos de más de 5.000 personas, de acuerdo al historiador Cristián Gazmuri.

– La Matanza de la Escuela Santa María de Iquique, el 21 de diciembre de 1907, donde miles de trabajadores de las salitreras junto a sus familias reclamaban por las inhumanas e injustas condiciones de trabajo a las que eran sometidos. Fueron masacrados a sangre y fuego, por orden del Presidente Pedro Montt, por el Ejército al interior de dicho recinto educacional.

– Feroz reacción de la oligarquía derechista y conservadora ante el gobierno socialista de Salvador Allende. Las obras emprendidas por este último fueron revertidas por una plutocracia resentida por la pérdida de sus prerrogativas durante los mil días de la Unidad Popular, merced a la protección  militar con la que contaron a partir del 11 de septiembre de 1973.

¿Puede ofrecer una buena, progresista y maciza obra de desarrollo una creencia basada en prejuicios y en terminología conceptual tan abstrusa como naturaleza, divinidad y normalidad? Que el doctor en Derecho Agustín Squella nos ilumine a través de su “¿Es usted liberal? Yo sí, pero…”:

“El conservadurismo chileno desde el siglo XIX se opuso al registro civil de nacimientos y defunciones, a los cementerios laicos, a la primera ley de matrimonio civil, al término de la censura de libros por la que abogó Andrés Bello a mediados del siglo XIX, al sufragio femenino, a los métodos anticonceptivos, a la planificación familiar, al aborto terapéutico, a los primeros trasplantes de órganos, a la igualdad de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, al divorcio, a la abolición de la censura cinematográfica impuesta por la Constitución Política de 1980, a la promoción y uso del condón, a la distribución gratuita de anticonceptivos de emergencia a mujeres de escasos recursos, a la eutanasia activa, a la unión civil, al matrimonio de personas del mismo sexo y a la adopción por parte de parejas homosexuales…”.

A todas luces, la respuesta es un ¡No! rotundo.