Casi 140 mil haitianos viven en Chile, a miles de kilómetros de una probable guerra civil en su país que amenaza con fuerza las últimas semanas. Sin embargo, pese a las manifestaciones, problemas con los servicios básicos y el clima de inestabilidad política, 187 de ellos decidieron, por voluntad propia, partir este martes hacia Haití sumándose al Plan de Retorno Humanitario, organizado por el gobierno y que intenta alcanzar a dos mil personas en total.

Aunque esta última cifra no representa ni el dos por ciento del total de haitianos en Chile, el mensaje es claro: “estamos ordenando la casa”. Así lo cree el expresidente del Consejo Consultivo de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, quien, en conversación con este medio, aseguró que dicho plan no tiene nada de humanitario.

“El no cambiar esta medida en virtud de la situación que está viviendo Haití da cuenta de que al gobierno no le interesa la dimensión humanitaria del programa, sino que le interesa enviar un mensaje a la población nacional en términos de que están controlando la migración”, explicó Thayer.

Sobre los cuestionamientos al carácter voluntario de este plan, el académico indicó que, efectivamente, hay un grupo de personas que pidieron este programa, pero que no representan a la comunidad en su conjunto. Todo esto, por el contrario, implicó un gasto sustancial que el gobierno asumió por el impacto que tendría en la población.

Para el vocero de la Coordinadora Nacional de Migrantes, Héctor Pujols, a esta situación se le deben sumar las diversas causas que han permitido hacer insostenible la vida de algunos haitianos en el país.

“Hay una serie de políticas racistas y es lo preocupante. Pedirle papeles que no pueden conseguir, ponerle una visa consular, dificultarle acceso a trámites, es toda una política de hostilidad”, aseguró Pujols.

En medio de la crisis haitiana -explicó el vocero- el jefe de la policía de dicho país renunció y, por lo tanto, conseguir hoy antecedentes penales certificados resulta imposible, aunque sigue siendo un requisito obligatorio para los haitianos que desean quedarse en Chile.

Frente a esto, el rol protagónico que parece haber tomado Sebastián Piñera en la crisis venezolana pone en tela de juicio los intereses por los cuáles se llevarían a cabo este tipo de políticas. Es decir, según indicó Pujols, “con Venezuela hay un trato y con Haití hay otro”.

Para Luis Eduardo Thayer, además, los cuestionamientos a las nacionalidades no son válidos ni tendrían que ver al momento de crear políticas públicas.

En el caso de los cánticos violentos hacia los familiares de asesinados en dictadura, acontecidos el fin de semana en la Embajada de Venezuela, Thayer indicó que no se debe olvidar que la migración, ante todo, es un derecho humano.

“Esas agresiones debieran ser objeto de sanción jurídica a las personas, pero no por eso vas a cambiar la política migratoria. Una cosa es la política que prohíbe el odio y eso requiere un tipo de medidas, pero no tiene que ver con la política migratoria”, enfatizó el experto.

Finalmente, Thayer comparó el plan de retorno chileno con lo sucedido en España en el 2008 en plena crisis. En esa oportunidad, indicó el académico, el gobierno ofreció el incentivo de retirar la totalidad de los fondos de desempleo para los migrantes que decidieran volver a sus naciones. Sin embargo, el plan fracasó.

Las diferencias con lo sucedido en Chile saltan rápido a la vista. Por un lado, el gobierno español contemplaba un plan sustentado en la crisis laboral del país y era estrictamente voluntario, en el sentido de que no tenía un máximo de personas consideradas. Aquí, por el contrario -según Thayer-, se calculó previamente un total de 2000 “beneficiarios”, un sesgo racial y una cláusula de no regreso por nueve años.