La elaboración del informe por parte del DOM dejará en evidencia las numerosas irregularidades de los proyectos denunciados, que comenzaron con la aprobación de los respectivos anteproyectos de loteo antes que entrara en vigencia, noviembre de 1994, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). En síntesis, se modificaron a la chilena las normas de un instrumento de planificación territorial intercomunal a través de loteos aprobados por la DOM, lo que excede por mucho las atribuciones de esa dirección municipal. Esas alegres decisiones locales son garrafales errores que hasta un novato estudiante de arquitectura en una universidad privada pudo detectar: ¿qué pasó con los experimentados arquitectos que contrataron los titulares de los loteos? ¿olvidaron todas las materias técnicas aprendidas?
También se está a la espera del pronunciamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que hace casi 24 largos meses comenzó a tramitar denuncias por el fraccionamiento de los loteos y otros proyectos. La Contraloría General de la República ya advirtió a esa superintendencia que esos plazos no son aceptables, ello producto de una investigación generada por la denuncia de vecinos sobre un caso muy similar a los loteos de Pudahuel: el proyecto Hacienda Batuco en Lampa.
Entre los proyectos denunciados está el nuevo supermercado Líder de Ciudad de Los Valles, tercera edificación irregular de Walmart Chile en la comuna, luego del Centro de Distribución Lo Aguirre y el supermercado Líder San Francisco, proyectos de la empresa Bodegas San Francisco, el stripcenter Punto Vivo del Grupo VivoCorp, cuya propiedad mayoritaria es de CorpGroup del Holding Grupo Saieh, y decenas de viviendas unifamiliares recientemente ofertadas en ambos loteos.
El alcalde está informado del asunto pues la Contraloría lo ha instruido desde agosto de 2018 para que comunique a los titulares de cada proyecto los reclamos por la juridicidad de sus permisos, pero no ha tomado ninguna medida preventiva ante esta grave situación. Aunque el lector no le crea, hasta el año 2017 ningún sujeto del sector público o del sector privado detectó lo relatado en este opúsculo, ni menos lo ha denunciado. ¿Estaremos ante una brutal colusión pública-privada para evadir el cumplimiento de la ley?
Creemos que sí y por ello le hacemos un público llamado a los locuaces dirigentes de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), al presidente de la Asociación Nacional de los Directores de Obras y a los miembros del ponderado Colegio de Arquitectos de Chile (algunos de sus colegiados han participado en proyectos denunciados) en orden a que emitan juicios sobre lo que sucede en Pudahuel, más aún si todos los anteriores son los más vociferantes respecto de los dictámenes de la Contraloría que han establecido las ilegalidades de varios permisos de edificación.
