Mucho se ha hablado de las Isapres desde que fue presentada la Reforma de Salud del Gobierno, sin embargo las modificaciones a Fonasa, en el que está el 80% de la población, han pasado inadvertidas por la opinión pública. El proyecto de ley incluye dos nuevas facultades para el Fondo, razón por la cual se ha dicho que lo fortalece, pero estas nuevas atribuciones en ausencia de recursos para su ejecución terminarán profundizando el desmantelamiento del sistema público de salud.

Las transferencias de recursos desde el sector público al privado existen hace mucho tiempo y han ido aumentando progresivamente en la medida que no ha existido la voluntad política para fortalecer el sistema público. Esto no es sinónimo de construir grandes hospitales, sino también de proveer los recursos para la contratación de trabajadores, la compra de equipamiento e insumos, y sustentar el funcionamiento y mantenimiento de estos.

Como Fundación Equidad nos declaramos en contra de las transferencias de recursos a privados, sin embargo, sabemos que nos seguirán acompañando por mucho tiempo hasta que exista la real voluntad de fortalecer los establecimientos públicos, y así estos sean capaces de resolver las necesidades de las personas. En la actualidad las transferencias se materializan como bonos para elegir un prestador privado realizando copagos y a través de convenios que firman los Servicios de Salud para los establecimientos de menor complejidad, o los hospitales autogestionados directamente, para resolver las problemáticas de su población beneficiaria.

La reforma, en vez de centrarse en fortalecer el sistema público, en lo cual existe un amplio consenso, se ha enfocado en generar un nuevo punto de fuga de recursos desde el sector público al privado y ampliar uno ya existente, sin incluir recursos para esto. La primera nueva facultad es permitirle a Fonasa firmar convenios directamente con privados, saltándose a las redes de salud que priorizan los escasos recursos con los que cuentan de acuerdo a las necesidades de su población. Sin embargo, y al contrario de la Ley Ricarte Soto que contempla un aporte fiscal de $100.000 millones para su ejecución, estos nuevos convenios no tienen asignado un presupuesto específico, teniendo que disminuir los recursos de los Servicios de Salud y los Hospitales para financiarlos.

La segunda nueva facultad es eliminar el tope de bonificación, que actualmente es de un 60%, para que sea Fonasa el que defina el aporte máximo por prestación. Esto apunta a disminuir el copago de las personas que optan por la modalidad libre elección, pudiendo aumentar la fuga de recursos que se produce por esta vía si Fonasa establece un tope mayor. Nuevamente nos encontramos frente a una modificación que no contempla presupuesto para su ejecución y que impactará en los escasos recursos con que cuentan los hospitales.

Ahora bien, si hubiera el real interés de fortalecer el sistema público, y no debilitarlo, se debería partir aumentando el arancel de referencia, es decir, el monto de dinero que paga Fonasa por cada atención. Este monto históricamente ha sido menor al costo real de las prestaciones y explica en parte la deuda hospitalaria existente. Si fuera aumentado, en un claro gesto de querer fortalecer nuestro sistema público, estaríamos beneficiando principalmente a quienes se atienden en los hospitales y también a los que opten por privados a través de la modalidad libre elección, sin tener que eliminar el tope de bonificación como pretende el Gobierno.

Entonces, ¿la reforma de Fonasa no trae presupuesto? Los escasos recursos que contempla el proyecto de ley y que corresponden a $777 millones en el primer año de implementación, están asociados a permitir que los cónyuges hombres carentes de ingresos sean carga de beneficiarias mujeres. Modificación que aunque avanza en eliminar roles de género, en la práctica beneficiará más a los hombres que no pueden adquirir bonos (grupo A) y que ahora, al ser carga de una mujer que sí pueda optar a bonos de libre elección (grupos B, C o D), podrán acceder a atenciones en privados con la subsecuente fuga de recursos que significa.

Finalmente, emplazamos al Gobierno a transparentar el origen de los recursos para las dos nuevas facultades que pretende entregar a Fonasa. Mientras no realice esto, y no exista una clara voluntad de fortalecer el sistema que atiende a la mayoría de la población, quienes trabajamos y nos atendemos en la salud pública saldremos a defenderla y a rechazar esta reforma que profundiza su desmantelamiento.