La muerte, el jueves pasado, de un joven estudiante de 16 años en Copiapó, encendió las alarmas de toda la comunidad escolar y, más aún, de la comunidad LGBTI.

Esto, porque antes de lanzarse desde el piso 11 del edificio en el que vivía, Matías, alumno transgénero del Liceo Sagrado Corazón de Copiapó, habría dejado una carta en la que exponía las razones de su determinación.

Según relató la vocera del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Daniela Andrade, los antecedentes que les hicieron llegar dan cuenta de un constante bullying del que Matías era víctima debido a su identidad de género. Además, según indicó la vocera, este no era sólo por parte de otros alumnos, sino que también de funcionarios del establecimiento que rechazaban su expresión de género.

Es por esto que desde el Movilh solicitaron a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que investigue lo sucedido y se adopten las sanciones para aquellos responsables dentro del establecimiento, el que ha sido fuertemente cuestionado debido a la manera en que abordó el maltrato sufrido por la víctima durante su estadía en el colegio.

Frente a esto, la abogada y activista trans, Constanza Valdés, señaló a Diario y Radio Universidad de Chile que en la actualidad no existe una ley que resguarde este derecho de los niños y niñas trans; pero que es responsabilidad del establecimiento prevenir estas trágicas situaciones.

“En muchas ocasiones también vemos que los colegios tampoco entregan redes y contención de apoyo cuando tenemos una situación que es bastante compleja y donde se requería el apoyo. Hubiese sido una situación completamente distinta si hubiese habido una psicóloga o un psicólogo que le hubiera prestado acompañamiento o ayuda, que hubiera sido una red de apoyo y contención, que hubiesen habido profesores también. Que incluso hubieran intentado mediar entre el colegio y la familia el cómo respetar la identidad de género, pero pasó todo lo contrario”, criticó Valdes.

En el último gobierno de Michelle Bachelet se hizo algo que socialmente fue denominado como la ‘Cartilla Trans’, una especie de protocolo que se entregaba a los establecimientos para tratar temas de identidad de género dentro del aula. Esta minuta trae varias indicaciones relacionadas al derecho de los niños trans a estar en el colegio, a que deban capacitarse sus profesores y profesoras y que el colegio tenga una política anti-discriminatoria.

Sin embargo, la directora del Colegio Latinoamericano de Integración y parte de la Red de Docentes Feministas, Rosario Olivares, explicó que estas medidas no son fiscalizadas por ningún órgano estatal, quedando así a criterio del establecimiento la implementación de las mismas.

“Tampoco hay, de parte del Ministerio de Educación o del Estado, una vigilancia o una sanción para que esto pueda o no ocurrir. Por lo tanto, como queda al arbitrio de cada colegio, eso no hace en ningún caso que queden protegidos los derechos de las niñas, niños y jóvenes trans, por lo tanto, sigue volviéndose el colegio uno de los espacios más duros para estas personas debido a que no están preparados en los establecimientos para recibirlos”, sostuvo la académica.

Esto fue confirmado por las cifras que arrojó la Encuesta T 2017, primera encuesta nacional para personas trans y género no conforme realizada por la Asociación Organizando Trans Diversidades (OTD Chile), la que evidenció la dura realidad a la que se enfrentan las personas trans en la etapa escolar. Esto, porque un 56 por ciento de los encuestados declaró haber intentando suicidarse producto del trato discriminatorio y, dentro de este grupo, un 84 por ciento reporta haberlo intentado en su etapa escolar, es decir, antes de los 18 años de edad.

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Todo Mejora Chile, Diego Poblete, señaló que, si bien desde la organización realizan capacitaciones a profesionales en ejercicio respecto de estas temáticas, hoy en día no existen planes a nivel ministerial que ataquen el problema de la discriminación por identidad de género.

“Tampoco ha habido acercamientos previos para trabajar esta temática y, por lo tanto, nos parece complejo. Sí han habido esfuerzos por parte de algunas seremi de Educación en algunas regiones por avanzar en estos temas, sobre todo con los equipos de convivencia escolar. Pero, efectivamente, como política ministerial, no tenemos nada hoy día. Como fundación sí apoyamos y aportamos en esta lógica, pero no hemos sido contratados por el Mineduc”, sostuvo Poblete.