El Rector de la U. de Chile y presidente del CUECH, Ennio Vivaldi, junto al Rector de la U. de Valparaíso y vicepresidente del CRUCH, Aldo Valle, y el Rector de la U. Católica del Norte y presidente del G9, Jorge Tabilo, fueron convocados este lunes 27 de mayo a la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde se discutió la pérdida de la gratuidad para quienes excedan la duración formal de sus carreras. En la ocasión, las autoridades universitarias coincidieron sobre los efectos negativos de dicha restricción, tanto para quienes resulten afectados por esta medida (más de 12 mil estudiantes) como para las instituciones que deberán enfrentar el déficit que se genera al cubrir dichos aranceles.
En su exposición el Rector Vivaldi expuso que uno de los múltiples problemas que esta política ha tenido en su implementación es la limitación que provoca en la trayectoria de las y los estudiantes beneficiados. “La gratuidad, al entregar un plazo fijo para terminar una determinada carrera, limita a los estudiantes que la reciben a sólo una oportunidad -no realista- para alcanzar la educación superior, ya que no contempla un período de adaptación y nivelación, muchas veces necesario para ellos, y no permite un proceso de reorientación vocacional una vez ingresado a la universidad”, manifestó.
Explicó, además, que otra de las limitaciones de la política es que en caso de postergación de estudios -una de las alternativas que ha expuesto el Mineduc para evitar la pérdida del beneficio-, se da como plazo máximo un año de calendario, no permitiendo flexibilidad en casos de salud, maternidad o situaciones familiares. Esto genera que “el factor económico una vez más determine las decisiones académicas y personales de los estudiantes”.
“La gratuidad castiga a los estudiantes más pobres”, expresó por su parte el Rector Aldo Valle, quien planteó que la implementación de esta política ha ofrecido “un sistema defectuoso” para las y los estudiantes. De esta forma, puntualizó que el objetivo debería ser “lograr una política pública articulada de movilidad social eficaz”.
El Jefe de la Divesup, Juan Eduardo Vargas, explicó que “los estudiantes que eventualmente pierdan la gratuidad por excederse a la duración formal de sus carreras pueden acceder a créditos para financiar ese año adicional, o tres semestres adicionales, sabemos que son montos menores si se consideran todos los años de carrera”.
Adicionalmente, el Rector Vivaldi expuso que las universidades estatales aspiran a una implementación de la gratuidad específica, mostrandose contrario a aplicar los mismos criterios para todos los planteles, ya que “para otras universidades la gratuidad es una opción y constituye una de las formas en las cuales obtiene financiamiento desde el Estado”.
Conformación de la Mesa Técnica de Gratuidad
Uno de los compromisos relativos a esta política que aún no se concreta es la conformación de una Mesa Técnica, como se expone en el protocolo de la Ley de Presupuesto 2019.
Este organismo fue pensado para corregir los problemas de implementación que ha tenido la ley y “avanzar hacia un modelo de financiamiento coherente”, explicó también el Rector Vivaldi. Tendría además la tarea de discutir, entre otros temas la demanda levantada durante este año por las y los estudiantes en torno al agobio generado por la exigencia de las carreras universitarias.
Por su parte, el Jefe de la Divesup planteó que “la ministra de Educación convocó a un Consejo Asesor que se ha dedicado al análisis de diversas materias, una de las materias es ésta. Es más, en ese Consejo se hizo ver que invitando al Ministerio de Hacienda se iba a dar cumplimiento con el protocolo del Presupuesto 2019”.
Dicho consejo asesor es conformado por rectores de universidades estatales, privadas, institutos y CFT.
Vía Uchile.cl
