Con más recuentos que promesas, este sábado, en el Congreso Nacional, el presidente Sebastián Piñera rindió la cuenta pública 2019 haciendo más que nada un balance del cumplimiento de las promesas que abrazó en la misma instancia del año pasado.

La venidera conferencia por el cambio climático o COP25 en diciembre, sumada al reciente fallo de la Corte Suprema frente a la situación de las comunas de Quintero y Puchucaví y la crisis hídrica que atraviesa nuestro país actualmente, hacían que las expectativas del mundo político y de la sociedad civil respecto de anuncios en materia ambiental, fueran altas. Sin embargo, en su discurso, Sebastián Piñera apenas esbozó un par de propuestas estancadas en el Congreso hace meses y no hizo mayores promesas en la materia, incluso, desestimando, en cierta medida, el fallo de la Corte Suprema, aludiendo a que se deben respetar los distintos poderes del Estado.

Frente a esto, los presidentes de las comisiones de Medio Ambiente del Senado y de la Cámara de Diputados, Guido Girardi y Félix González respectivamente, anunciaron un trabajo en conjunto con su pares de las comisiones de Salud de ambas cámaras, con el que buscan fiscalizar el cumplimiento de lo fallado por la Corte Suprema. El senador PPD y presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta anunció la medida.

“Vamos a constituir un colectivo de trabajo con las cuatro presidencias de estas comisiones para poder hacer seguimiento del mandato que a tenido la Corte Suprema. Respaldarla y decirle a la comunidad que nosotros estamos dispuestos a ser una contra parte para que esto no quede en el olvido. Para que no sea una crisis que nuevamente se la lleva el viento, que con el paso del tiempo queda en el pasado y se vuelven a producir los mismos crímenes”, dijo el senador.

Así también lo hizo el diputado por el Partido Ecologista Verde y presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Félix González, quien atribuyó la responsabilidad por la contaminación de las llamadas “zonas de sacrificio” a empresas del Estado, por lo que pidió que se cumplan las medidas ordenadas por la Suprema.

“El Estado, a través de sus empresas, está matando a los vecinos. Yo creo que es muy valioso este llamado que han hecho los senadores de poder armar un equipo con los presidentes de las comisiones de Salud y Medio Ambiente, para poder ser contraparte a lo que el Gobierno está obligado a hacer, porque la Corte Suprema lo está obligando. La Corte no ha interferido en otro poder del Estado, lo que ha hecho es hacer valer el imperio del derecho y la Constitución”, señaló el diputado.

Por su parte, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), admitió que desde las organizaciones ligadas a la defensa del medio ambiente no habían muchas esperanzas puestas en el mensaje del sábado. Sin embargo, Cuenca lamentó que no se hayan priorizado temas que hoy en día tienen gran relevancia.

“Nada dijo el Presidente del Convenio de Escazú, respecto de la democracia ambiental, respecto de la protección de los defensores de la naturaleza. No se refirió a la crisis hídrica. Hizo una mención sobre el tema del agua, donde dice que la situación del agua está siendo un obstáculo para el desarrollo. La sensación que le queda a uno es que, efectivamente, estos temas no son parte de la agenda del Gobierno, no son prioridad, hay una mirada estrictamente economicista y desarrollista”, sostuvo el director del OLCA.

Todo esto surge en respuesta a lo mencionado por Sebastián Piñera en su segunda Cuenta Pública, en donde, sin medidas concretas, el mandatario aseguró que se intentará descarbonizar la matriz energética, reduciendo de un 40 por ciento a un 20 por ciento la producción de energía en las centrales a carbón en los próximos cinco años, así como también el reemplazo a energías limpias en los próximos 30 años.