La Corte Constitucional de Ecuador aprobó el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Este fallo histórico en un país conservador significa para la comunidad LGBT el inicio de una sociedad más igualitaria.
RFI
Jueves 13 de junio 2019 8:57 hrs.
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Ecuador inició un gran proceso de cambio en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. La Corte Constitucional aprobó el matrimonio entre dos personas del mismo sexo por cinco votos a favor y cuatro en contra en una sesión reservada.
Los cuatro magistrados que votaron en contra declararon que para reconocer el matrimonio homosexual es necesario que sea legalizado “por un procedimiento de reforma constitucional que le compete a la Asamblea Nacional”.
Ante este alegato, la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 81 del Código Civil y el artículo 52 de la ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Además, dispuso que la Asamblea Nacional “reconfigure la institución del matrimonio para que se dé un trato igualitario a las personas del mismo sexo”.
Ante este fallo, diversos especialistas salieron a pronunciarse. En declaraciones a la agencia AFP, el constitucionalista y expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Gustavo Medina, señaló que esta resolución es vinculante y obligatoria en todo el Ecuador, “porque las decisiones de la Corte Constitucional obligan a las autoridades ecuatorianas a acatarlas”, destacó.
En pie de lucha
La Corte Constitucional tomó esta decisión luego de que la Corte Provincial de Pichincha elevara a consulta la demanda planteada por dos parejas homosexuales, Xavier Benalcázar y Efraín Soria, así como Rubén Salazar y Carlos Verdesoto, activistas que recurrieron a todas las instancias legales en demanda a su derecho a contraer matrimonio.
Luego de conocida la resolución, el júbilo de la comunidad LGBT se desató en todo el país. Efraín Soria, beneficiario de esta disposición, declaró a los medios ecuatorianos sentirse sumamente alegre de alcanzar esta igualdad y además animó a los homosexuales a no esconderse más y “disfrutar de esa dicha de ser iguales que cualquier otro”.
Cabe recordar que en el 2008, durante el gobierno del presidente Rafael Correa, entró en vigor una nueva Constitución donde se ratificó la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En 2015, Ecuador reconoció la unión de hecho, una declaración notarial en donde dos personas señalan que viven juntas, pero con protección casi inexistente en aspectos como los beneficios sociales, médicos y laborales.
Esta nueva disposición, hecho histórico en Ecuador en un país conservador, ha despertado las críticas de acérrimos opositores. La política de derecha Poly Ugarte estimó que el máximo tribunal “no puede cambiar la Constitución, debe haber una reforma. Si quieren ideología de género, matrimonio igualitario o aborto, vamos a una consulta popular. Decisiones que afecten a nuestra vida y familia deben ser consultadas al pueblo”, señaló la exdiputada en su cuenta en Twitter.
Por su parte, la abogada Christian Paula, de la fundación Parka, organización que brinda consejo a cerca de una decena de parejas homosexuales que buscan contraer matrimonio, declaró que “este fallo significa que el Ecuador es más igualitario y más justo que ayer, que los derechos humanos son los mismos para todos, sin discriminación”.
Con esta decisión, Ecuador pasa a formar parte de aquellos países en América Latina que han aprobado alguna forma legal de matrimonio igualitario como son Costa Rica, Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. En México, solo algunos estados permiten este tipo de unión.
Ecuador inició un gran proceso de cambio en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. La Corte Constitucional aprobó el matrimonio entre dos personas del mismo sexo por cinco votos a favor y cuatro en contra en una sesión reservada.
Los cuatro magistrados que votaron en contra declararon que para reconocer el matrimonio homosexual es necesario que sea legalizado “por un procedimiento de reforma constitucional que le compete a la Asamblea Nacional”.
Ante este alegato, la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 81 del Código Civil y el artículo 52 de la ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Además, dispuso que la Asamblea Nacional “reconfigure la institución del matrimonio para que se dé un trato igualitario a las personas del mismo sexo”.
Ante este fallo, diversos especialistas salieron a pronunciarse. En declaraciones a la agencia AFP, el constitucionalista y expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Gustavo Medina, señaló que esta resolución es vinculante y obligatoria en todo el Ecuador, “porque las decisiones de la Corte Constitucional obligan a las autoridades ecuatorianas a acatarlas”, destacó.
En pie de lucha
La Corte Constitucional tomó esta decisión luego de que la Corte Provincial de Pichincha elevara a consulta la demanda planteada por dos parejas homosexuales, Xavier Benalcázar y Efraín Soria, así como Rubén Salazar y Carlos Verdesoto, activistas que recurrieron a todas las instancias legales en demanda a su derecho a contraer matrimonio.
Luego de conocida la resolución, el júbilo de la comunidad LGBT se desató en todo el país. Efraín Soria, beneficiario de esta disposición, declaró a los medios ecuatorianos sentirse sumamente alegre de alcanzar esta igualdad y además animó a los homosexuales a no esconderse más y “disfrutar de esa dicha de ser iguales que cualquier otro”.
Cabe recordar que en el 2008, durante el gobierno del presidente Rafael Correa, entró en vigor una nueva Constitución donde se ratificó la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En 2015, Ecuador reconoció la unión de hecho, una declaración notarial en donde dos personas señalan que viven juntas, pero con protección casi inexistente en aspectos como los beneficios sociales, médicos y laborales.
Esta nueva disposición, hecho histórico en Ecuador en un país conservador, ha despertado las críticas de acérrimos opositores. La política de derecha Poly Ugarte estimó que el máximo tribunal “no puede cambiar la Constitución, debe haber una reforma. Si quieren ideología de género, matrimonio igualitario o aborto, vamos a una consulta popular. Decisiones que afecten a nuestra vida y familia deben ser consultadas al pueblo”, señaló la exdiputada en su cuenta en Twitter.
Por su parte, la abogada Christian Paula, de la fundación Parka, organización que brinda consejo a cerca de una decena de parejas homosexuales que buscan contraer matrimonio, declaró que “este fallo significa que el Ecuador es más igualitario y más justo que ayer, que los derechos humanos son los mismos para todos, sin discriminación”.
Con esta decisión, Ecuador pasa a formar parte de aquellos países en América Latina que han aprobado alguna forma legal de matrimonio igualitario como son Costa Rica, Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. En México, solo algunos estados permiten este tipo de unión.
Ecuador inició un gran proceso de cambio en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. La Corte Constitucional aprobó el matrimonio entre dos personas del mismo sexo por cinco votos a favor y cuatro en contra en una sesión reservada.
Los cuatro magistrados que votaron en contra declararon que para reconocer el matrimonio homosexual es necesario que sea legalizado “por un procedimiento de reforma constitucional que le compete a la Asamblea Nacional”.
Ante este alegato, la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 81 del Código Civil y el artículo 52 de la ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Además, dispuso que la Asamblea Nacional “reconfigure la institución del matrimonio para que se dé un trato igualitario a las personas del mismo sexo”.
Ante este fallo, diversos especialistas salieron a pronunciarse. En declaraciones a la agencia AFP, el constitucionalista y expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Gustavo Medina, señaló que esta resolución es vinculante y obligatoria en todo el Ecuador, “porque las decisiones de la Corte Constitucional obligan a las autoridades ecuatorianas a acatarlas”, destacó.
En pie de lucha
La Corte Constitucional tomó esta decisión luego de que la Corte Provincial de Pichincha elevara a consulta la demanda planteada por dos parejas homosexuales, Xavier Benalcázar y Efraín Soria, así como Rubén Salazar y Carlos Verdesoto, activistas que recurrieron a todas las instancias legales en demanda a su derecho a contraer matrimonio.
Luego de conocida la resolución, el júbilo de la comunidad LGBT se desató en todo el país. Efraín Soria, beneficiario de esta disposición, declaró a los medios ecuatorianos sentirse sumamente alegre de alcanzar esta igualdad y además animó a los homosexuales a no esconderse más y “disfrutar de esa dicha de ser iguales que cualquier otro”.
Cabe recordar que en el 2008, durante el gobierno del presidente Rafael Correa, entró en vigor una nueva Constitución donde se ratificó la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En 2015, Ecuador reconoció la unión de hecho, una declaración notarial en donde dos personas señalan que viven juntas, pero con protección casi inexistente en aspectos como los beneficios sociales, médicos y laborales.
Esta nueva disposición, hecho histórico en Ecuador en un país conservador, ha despertado las críticas de acérrimos opositores. La política de derecha Poly Ugarte estimó que el máximo tribunal “no puede cambiar la Constitución, debe haber una reforma. Si quieren ideología de género, matrimonio igualitario o aborto, vamos a una consulta popular. Decisiones que afecten a nuestra vida y familia deben ser consultadas al pueblo”, señaló la exdiputada en su cuenta en Twitter.
Por su parte, la abogada Christian Paula, de la fundación Parka, organización que brinda consejo a cerca de una decena de parejas homosexuales que buscan contraer matrimonio, declaró que “este fallo significa que el Ecuador es más igualitario y más justo que ayer, que los derechos humanos son los mismos para todos, sin discriminación”.
Con esta decisión, Ecuador pasa a formar parte de aquellos países en América Latina que han aprobado alguna forma legal de matrimonio igualitario como son Costa Rica, Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. En México, solo algunos estados permiten este tipo de unión.
