La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) ha sido en estos días escenario de la rabia acumulada de una sociedad que se ha cansado de la ineficiencia e ineficacia del mercado. Se cansó de este modelo basado en la privatización y el lucro, pintado como una  alternativa innovadora frente a un Estado, que según ellos, respondía tan sólo a las necesidades de un sistema clientelar. Con los años hemos constatado la necesidad de volver a un Sistema de Salud Pública que ya en los años 50 desarrolló un régimen centralizado, de alta cobertura y al cual muchos historiadores y analistas de salud atribuyen un gran número de logros. El tiempo ha demostrado que el pilar ideológico de la experiencia privatizadora de la salud es salvaje y deshumanizado, siendo ya urgente que los legisladores depositarios de nuestra soberanía, evoquen un sistema, que tal como hace 49 años, instale en el centro de la gestión, a un Ministerio de Salud con poder de resolución nacional y presupuesto adecuado que comprenda a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Los chilenos y chilenas ya no podemos esperar tener una alta tasa de desarrollo económico para elevar la salud de sus compatriotas. Sin duda el desencanto y la rabia social están devolviendo la noción de Derecho a la ciudadanía; y los/as trabajadores/as del Estado hemos trabajado para que así ocurra. Somos parte de los/las que se manifiestan y exigen cambios.

Lo acontecido durante estas dos últimas semanas en la Contraloría Médica Centralizada de la COMPIN, ubicada en calle Moneda N° 1040, han puesto en riesgo no solo la integridad física y psicológica de los usuarios/as sino también la de  los funcionarios/as que trabajan en esta dependencia. Los trabajadores del Estado (al igual que los usuarios/as) han vivido el abandono de deberes por parte de las distintas autoridades máximas, sus asesores y jefaturas. Abandono que se traduce en la nula aplicación de procedimientos adecuados, eficientes y eficaces para dar respuesta en tiempo oportuno a los requerimientos de la población con la salud mermada y que cuentan con licencias médicas que acreditan dicha condición. Los trabajadores/as de la Comisión reciben en promedio 10 mil  licencias médicas diarias; cuando las Isapres reciben 120.  Existen  actualmente 42 mil licencias sin resolución, lo que se traduce en 42 mil personas y sus familias sin recibir el pago de esos días de reposo. El problema es estructural y los funcionarios/as también son víctimas de esta debacle. Grandes teóricos han sostenido que cuando las leyes ni las estructuras responden a las necesidades de las personas, estas pueden revelarse contra ellas; nos obstante, el “extintor” con que se agredió a los/as funcionarios/as y a los presentes,  no  dio con su objetivo político, sino contra su propia clase.

Los/las funcionarios/as públicos/as, conocen las ineficiencias y la pésima estrategia comunicacional que aún no  logra internalizar entre los usuarios/as, que la COMPIN es el organismo que autoriza y calcula el pago del Subsidio, siendo Fonasa la entidad pagadora que recibe los montos desde la Dipres una vez al mes. Que trabaja en pésimas condiciones  de infraestructura para lograr una adecuada atención de los usuarios/as. Que tiene un sistema de aprobación de Licencias Médicas obsoleto que considera plazos de resolución de datan de los años 80, cuando la cantidad de usuarios/as era muchísimo menor. Los programas deben conversar necesariamente con la normativa vigente que rige a la COMPIN respetando los plazos legales establecidos. Sumar que los equipos computacionales deben ser de alta tecnología y la banda ancha con capacidad adecuada para que funcione al 100% con los programas. Por cierto   que es comprensible  la  indignación de los/as usuarios/as (ciudadanos y ciudadanas que pagan sus impuestos regularmente y con mucho esfuerzo) quienes al llegar a  un servicio público  se les diga constantemente: “se cayó el sistema”.

Se entiende el malestar,  pero cabe decir que los/as funcionarios/as públicos trabajan para asegurar los derechos de la ciudadanía; si esta los ha perdido, también luchan junto a ella para recuperarlos. Que los extintores no vayan contra la baja dotación de trabajadores/as del  COMPIN. El sistema ha fracasado y las re estructuraciones no pasan por cambiar de edificio.

Carmen Luz Scaff es Directora Nacional ANEF y Presidenta de la Federación Nacional de las Asociaciones de Funcionarios de la Salud  Pública.