Debemos valorar positivamente el anuncio realizado por Mauricio Larraín, comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), quien comentó que el organismo regulador está evaluando perfeccionar la Norma de Carácter General N° 386, para incorporar requerimientos informativos relacionados con aspectos sociales y ambientales, lo que va en línea con las actuales experiencias internacionales.
En este aspecto, la evidencia empírica internacional ha demostrado que los inversores valoran positivamente la información social y ambiental que las empresas cotizadas en bolsa proporcionan de forma complementaria a los estados financieros. Esta nueva información, materializada en un reporte de sostenibilidad voluntario permite que diversos stakeholders evalúen el grado de responsabilidad socio ambiental asumido por las compañías que participan en un determinado mercado de valores; y les permite a los inversores conocer potenciales riesgos derivados de los aspectos sociales y ambientales que podrían tener efectos negativos en los resultados financieros.
Hans Hoogervorst, presidente del International Accounting Standards Board, entidad que elabora las IFRS, a través de un discurso dado el pasado 2 de abril en la U. de Cambridge, comentó que están trabajando en una revisión del documento “Comentarios de la Gerencia” con la finalidad de incorporar declaraciones de las empresas, en torno a cómo los problemas de sostenibilidad, incluidos el cambio climático, pueden afectar los negocios.
Diversas teorías, como la de la legitimidad permiten comprender por qué las organizaciones producen reportes de sostenibilidad. Esta habla de la necesidad que ciertas organizaciones tienen de validar sus actividades frente a la comunidad, debido al alto grado de afectación social y ambiental que generan sus acciones. En este caso, empresas de la industria minera, forestal, química y generadoras eléctricas son constantemente puestas a prueba por las comunidades aledañas, por lo que desarrollan acciones de mitigación que luego comunican a través de estos nuevos informes empresariales. Pero no solo enfoques económicos explican la divulgación de información social y ambiental. Existe un mecanismo coercitivo que se traduce en regulaciones estatales, tal como la nueva regulación impuesta en la Unión Europea, en torno a la obligatoriedad, que ciertas empresas tienen que elaborar y presentar información de sostenibilidad.
La decisión que adopte la CMF sobre la estructura informativa que asumirá esta nueva información debe considerar el principio de comparabilidad como pilar fundamental. En esta línea, la elección de un marco generalmente aceptado, como el elaborado por la Global Reporting Initiative (GRI), servirá para cohesionar la información sobre las prácticas que las principales empresas chilenas desarrollan para fomentar el bienestar social y ambiental.
El autor es Académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
