Los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y la Unión Europea anunciaron hace veinte años que empezarían a negociar un ambicioso acuerdo comercial. Fue un 28 de junio de 1999 en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Por aquel entonces, la UE tan solo contaba con 15 Estados y ahora son 28.

El mismo día, veinte años después, los cancilleres de los cuatros países y el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, los comisarios europeos de Comercio, Cecilia Malmström, y de Agricultura, Phil Hogan, consiguieron lo que algunos veían como imposible: un acuerdo que tendrá un impacto en 780 millones de consumidores de América Latina y Europa.

En Bruselas, la palabra más repetida el viernes fue “histórico”.

Jean-Claude Juncker. @Getty Images

Las negociaciones llegaron incluso a estar en punto muerto varias veces. Se paralizaron entre 2004 y 2010. España fracasó en su intento de relanzarlas en 2010 y volvieron a quedar bloqueadas hasta 2016, cuando se retomaron. Durante estos tres últimos años, los contactos han sido intensos y las expectativas, muy altas.

Primero, desde la Comisión Europea quisieron presionar para que el acuerdo se alcanzara antes de que finalizara 2017. Volvieron a anunciar que antes de finales de 2018 se quería el acuerdo cerrado, especialmente porque en Bruselas se vio con preocupación los mensajes a favor del proteccionismo del candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro.

Tras su elección, sin embargo, las amenazas de Bolsonaro de reabrir capítulos ya negociados finalmente no se cumplieron y las discusiones técnicas continuaron. Para mediados de 2019, las conversaciones consiguieron encauzar el pacto para que se cerrara el pasado viernes.

Diez días antes que se firmara el acuerdo, la presión fue máxima entre los negociadores. También por parte de los países europeos. Francia, Bélgica, Polonia e Irlanda enviaban una misiva a la Comisión Europea sobre sus temores con el acuerdo, especialmente sobre sus efectos en la importación de carne y sobre las consecuencias en el sector agrícola. Por su parte, otra misiva enviada por España y Alemania, entre otros, instaba al Ejecutivo comunitario a firmar el acuerdo lo antes posible. “Tenemos que aprovechar el momento actual en los países de Mercosur para que esta oportunidad no se pierda (…) La Unión Europea no puede dejarse llevar por los argumentos populistas y proteccionistas sobre la política comercial”, defendía la carta a la que tuvo acceso RFI y que se envió la semana anterior al cierre del pacto.

Ese día empezaron las conversaciones técnicas que se prolongaron durante el fin de semana. El miércoles, dos días antes del anuncio, las conversaciones se sostuvieron al más alto nivel. Desde la Comisión, preferían ser cautos: “Ya hemos estado en este momento anteriormente, así que mejor debemos esperar”, argumentaban fuentes próximas a las negociaciones. El acuerdo, finalmente, llegó el viernes aproximadamente a las 19h hora local en Bruselas.

Alcances del acuerdo

El acuerdo permitirá que se amplíe el intercambio de bienes y servicios. Actualmente, el flujo comercial entre los países del Mercosur y la UE es superior a los 100.000 millones de euros anuales. Las exportaciones europeas a Mercosur, quinta mayor economía del mundo, oscila en los 45.000 millones de euros y por parte de Mercosur es de 43.000 millones. Con el acuerdo, se espera que la UE puede ahorrar 4.000 millones de euros en aranceles.

Para Europa el acuerdo significa acabar con las altas restricciones que existen en las exportaciones de autos, a las que los países de Mercosur imponían prohibitivos aranceles del 35%; en maquinaria del 20%; y en productos farmacéuticos del 14%, los sectores más favorecidos.

Para Mercosur, implica mayor facilidad para colocar productos como la carne, la soja, el etanol y el azúcar. También para mejorar la exportación del vino, que favorecerá sobre todo a Argentina, y la fruta tropical. En términos de población, el acuerdo con Mercosur es el más amplio que ha firmado la UE, también el volumen de aranceles que se eliminan, superando pactos recientes con Canadá o Japón.

Además, Francia consiguió presionar a Brasil para que este país sudamericano siga cumpliendo con el Acuerdo de Clima de París, del que Bolsonaro había insinuado que abandonaría.

El pacto insta a Brasil a mantener su compromiso de reducir un 37% las emisiones de dióxido de carbono de aquí a 2025 respecto a los niveles de 2005, parar la deforestación del Amazonas y reforestar 12 millones de hectáreas de aquí a 2030. La deforestación de la zona se ha disparado desde que Bolsonaro tomó la presidencia del país con 550 kilómetros cuadrados menos sin árboles respecto al año anterior, según alertó a principios de junio el Instituto Brasileño de Investigación Espacial.

El rechazo de los agricultores europeos

El acuerdo ha sido un jarro de agua fría para el sector agrícola y ganadero europeo. La organización más importante que defiende los intereses del sector, el Copa-Cogeca, ha denunciado que el acuerdo abre “la Caja de Pandora” y provocará “competición desleal” con la importación de productos agrícolas.

Sin embargo, el comisario de Agricultura, Phil Hogan, desestima las críticas del sector e insiste en que será “muy positivo” para los agricultores y ganaderos europeos.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recordó que el acuerdo “promueve los valores europeos y apoya el multilateralismo”. Un mensaje que va en sentido contrario de estos tiempos en que el presidente Trump ha conseguido que el proteccionismo se haya instalado en el orden mundial. Nunca antes, en efecto, se han levantado tantas barreras comerciales como actualmente, según un reciente informe del Ejecutivo comunitario.

En cualquier caso, el camino hacia la aprobación final va a ser largo. Las dos partes deben hacer una revisión legal del acuerdo. La UE traducirá a todos los idiomas oficiales el texto, y deberá ratificarlo el nuevo Parlamento Europeo (que empieza una nueva legislatura el próximo 2 de julio) y deberán aprobarlo los Estados miembros. En algunos países,  como es en el caso de Bélgica  las regiones deben también dar su visto bueno. Valonia tiene competencias para aprobar o rechazar acuerdos. De hecho, el parlamento de esta región bloqueó el pacto con Canadá por sus efectos en la agricultura local, aunque finalmente lo acabó aprobando.