La actual movilización docente ha calado profundo. El gesto de las niñas y niños saludando, desde los cerros de Valparaíso, la larga marcha de docentes entrando por la ciudad y dirigiéndose al Congreso Nacional, quedará, en la memoria, como una imagen gráfica del masivo y transversal apoyo ciudadano, hacia la movilización de las y los docentes del sistema escolar.
Cada uno de los puntos del petitorio docente, aunque dispersos, contienen en sí, la carga de una historia, de la que es necesario hacerse conscientes, para entender la densidad, potencia y proyección del movimiento.
En esta movilización está presente la memoria viva de la “primavera docente” de 2015. En aquel momento se expresó la voz de la mayoría del profesorado que, superando a la dirigencia del Colegio de Profesores, expresó su desacuerdo con el proyecto de Carrera Docente, propuesto por el gobierno de Piñera y reinstalado por el segundo gobierno de M. Bachelet. Gracias a este movimiento, fue posible modificarlo, logrando dejarlo – solo un poco más –cercano a la realidad que se vive en las aulas del sistema escolar.
Del mismo modo, el punto del petitorio, que se refiere a la eliminación de la doble evaluación contenida en la ley de carrera docente, rememora la historia de un profesorado objeto de políticas de control de su autonomía profesional.
La actual movilización, también nos conecta con un momento dramático para el magisterio. La reestructuración privatizadora del sistema escolar público chileno de 1980, que lo despojó de su condición histórica de trabajador público. Con ello el profesorado del sistema escolar perdió las garantías laborales conquistadas durante el siglo XX, siendo traspasado al régimen contractual que imponía el Código Laboral. Es en este marco que se entiende la demanda, aún vigente, del cumplimiento de la “deuda histórica”.
La demanda por pago de la mención para las profesoras de educación diferencial y educadoras de párvulos, por su parte, arremete contra una idea antigua y persistente en las políticas del trabajo docente: que las profesoras se ocupan en “trabajos menores”, pues apenas prolongan su “rol histórico” fundado en labores de cuidado y la maternidad. Esta discriminación de género persiste, aun después del decisivo movimiento feminista de los últimos años.
Las políticas del trabajo docente tienen historia, pero también la tiene la organización magisterial que, desde los inicios del siglo XX, encontró en la sindicalización un lugar para revindicar sus derechos. Al mismo tiempo, inspirado en ideas pedagógicas fundadas en la libertad y la justicia social, y la corriente “escuela nueva”, logró, a través de la constitución de un movimiento cultural y pedagógico, elaborar e implementar una reforma educacional del sistema de educación pública.
Quienes lideran el paro docente, desde los comunales y regionales del país, son las y los otrora estudiantes del movimiento de 2006, deudores del CAE, que arrastran un sentimiento de traición por una victoria pírrica, en la que fue acordada, desde el duopolio político, la instalación de la Ley General de Educación. Aquel movimiento estudiantil comprendió muy rápido que, para cautivar la atención de la ciudadanía, era necesario manifestarse a través del uso de nuevos lenguajes de expresión de la protesta: el canto, la perfomance, los bailes populares y masivos en la calle.
La actual movilización docente, ha sido acompañada por los portuarios, quienes marcharon junto a los y las docentes en la quinta y octava región. Así también lo hicieron estudiantes secundarios y universitarios. Este lunes se suman las y los trabajadores del Ministerio de Educación organizados en ANDIME. Más allá de los resultados de la votación del lunes, donde el magisterio decidirá, democráticamente, si continuar o no con la movilización, es necesario hacerse cargo de una nueva subjetividad docente, que se funda en una historia de luchas por sus derechos laborales, pero al mismo tiempo, recupera el sentido público del trabajo y la profesión docente. En esta vuelta, el profesorado repone la discusión por el sentido público de la educación, rechazando la política depurativa del gobierno representada por la Ley de Aula Segura. Y desde lo pedagógico, se proyecta como un profesorado que incita a la toma del control individual y colectivo de su práctica docente. Las herederas y herederos de la AGECh de los 80, del SUTE de los 70, de la FEDECH de los 50 y de la AGP de los 20, reeditan, con su palabra, experiencia y acción transformadora, una educación pública que coloca, en su centro, a las niñas, niños y jóvenes, como seres complejos, espirituales y pensantes, con cuerpos reales, con historias desiguales y culturas propias, contribuyendo así, a una tarea urgente: la rehumanización de la sociedad chilena.
