En el Foro de Davos de 2016, se debatieron los efectos sobre el empleo de la llamada “Cuarta Revolución Industrial”, esto es los desarrollos de la inteligencia artificial, nanotecnología, robótica, impresión 3D, y las comunicaciones, la conclusión es que en los próximos años se van a terminar cinco millones de puestos de trabajo en los países más industrializados especialmente en el sector de servicios, y se van a crear dos millones en las áreas relacionadas con estas transformaciones. Es decir un saldo neto esperado de tres millones de trabajos perdidos.
En abril de 2016 el economista Sebastián Edwards advirtió que en los siguientes siete años “la mitad de los chilenos perderá su empleo y serán reemplazados por máquinas. Ese es el desafío que nadie quiere enfrentar”.
La fuerza laboral de nuestro país no está preparada para los cambios en el trabajo, es necesario preparar la capacitación y reconversión masiva de los trabajadores que se quedarán sin fuente laboral. En este contexto el gobierno y su Ministro del trabajo Nicolas Monckeberg, han enviado una reforma que han bautizado como ley del Nuevo SENCE. Sin embargo, la reforma no va en la dirección correcta para aumentar el acceso a capacitación de los trabajadores, lo contrario es lo correcto.
La reforma al SENCE partió mal. Un artículo de prensa con el título “Acusan a ex asesor de Monckeberg de hacer una reforma al Sence a la medida de la Cámara Chilena de la Construcción” denunció que “uno de los principales articuladores de dicha reforma fue Bernardo Ramírez Bañados quien operó como asesor ministerial en el diseño de dicho proyecto.” El Mostrador prosigue “El gran problema es que Ramírez Bañados era gerente general de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, una entidad considerada el mayor intermediador de franquicia tributarias. Y de acuerdo a todos los actores del mercado, esta OTIC es la gran ganadora de la reforma propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera”. Ramírez Bañados, después de trabajar en la asesoría del proyecto de Nuevo Sence, volvió a su cargo de gerente general de la OTIC de la CCHC.
Hasta ahora las empresas no tenían que aportar por la capacitación de los trabajadores de menores ingresos, con la reforma se generaliza el copago por todos los trabajadores lo que va a provocar que menos trabajadores de baja calificación y bajos ingresos sean enviados por las PYMES a capacitarse.
Pretender, como hace el ministro del Trabajo, que con la creación de un fondo concursable se va a solucionar el problema creado con la generalización del copago no tiene sentido. El fondo concursable es un mecanismo arbitrario que dependerá de los recursos que se le asignen, por el contrario la ley de franquicia tributaria para que las empresas financien la capacitación de su personal es un mecanismo permanente no sujeto a las decisiones políticas de las autoridades de turno.
Generalizar el copago agrava el problema de flujos y falta de liquidez de a Pymes. Faltan estímulos reales a las empresas para capacitar a sus trabajadores, especialmente a aquellos de baja calificación, generalizar el copago será contraproducente. No hay ningún nuevo estímulo para que las empresas se preocupen de capacitar a su fuerza de trabajo. Incorporar a los trabajadores de baja remuneración en el copago, es decir que las empresas tengan que desembolsar dinero que ahora no tienen la obligación de pagar, agrava el problema actual que desincentiva la capacitación, que es que las empresas Pymes con problemas de flujos de dinero tienen que adelantar los recursos hasta recuperarlos de impuestos después de declarar el año tributario.
El trabajo y su organización están ante desafíos tremendos, si no hacemos frente de manera proactiva a estas transformaciones, especialmente las relacionadas con la automatización, la inteligencia artificial y la irrupción de las redes 5G, enfrentaremos un tsunami de destrucción de puestos de trabajo sin capacidad de reconvertir a los trabajadores. Es como mínimo ingenuo pensar que el copago hará que las empresas capaciten en cursos útiles a sus trabajadores, estamos frente a una lógica ideológica extraviada. Si el problema es que 35 mil trabajadores son enviados a los mismos cursos cada año, bastaría reglamentar y controlar para evitarlo, no se necesita una ley para eso.
Concordamos con el ministro Monckeberg que una ganancia de $37 millones de dólares en comisiones e intereses para las OTIC por administrar $250 millones de dólares, es a todas luces excesiva. Creemos que hay que estudiar a necesidad y papel de las OTICs como intermediarios, los tramites administrativos de la franquicia tributaria y de la capacitación que ahora resultan engorrosos y caros a las empresas se pueden simplificar y automatizar.
Empoderar a los trabajadores
Habría que empoderar a los directamente llamados a capacitarse, pero nada de eso esta en este proyecto. Ni los trabajadores directamente interesados ni sus representantes tendrán parte en a decisión del uso de la franquicias para capacitarse. Se hace necesario generalizar con carácter obligatorio los comités bipartitos empresa-trabajadores para hacer copartícipes de las decisiones de capacitación a los trabajadores o sus representantes. Pero en a nueva ley no se crea ningún nuevo mecanismo que permita a los trabajadores de manera autónoma decidir capacitarse, la empresa es la única que tiene esta capacidad, no el trabajador que es el directamente involucrado.
El resultado previsible de este mal proyecto es que los trabajadores de baja calificación serán menos capacitados, el negocio de las OTIC se concentrará aún más y las OTEC más pequeñas van a desaparecer porque el número de trabajadores capacitados va a disminuir significativamente. La Asociación que agrupa a los Organismos Técnicos de Capacitación ha dado la voz de alerta, advierten que cerca de 600 mil trabajadores dejaran de ser capacitados y 16 mil funcionarios de estas OTEC perderán el empleo.
