Leemos esta mañana en el diario que en La Moneda existe “irritación” por la reacción que ha tenido la empresa sanitaria Essal frente al corte de agua en Osorno, que se extiende por varios días y que hasta ahora solo ha tenido una reposición parcial. Desde que se produjo la crisis, el discurso del Ejecutivo ha sido apuntar a una empresa que funciona mal, frente a un gobierno que reacciona con mano dura y exige plazos, con lo cual si la empresa hubiera reaccionado adecuadamente se resolvería el problema. Esta construcción, la del “caso puntual criticable”, omite un cuestionamiento más general respecto a las consecuencias de la privatización de las sanitarias y a las herramientas que actualmente tiene el Estado para fiscalizarlas.

Porque, digámoslo, suena muy bien para los titulares que el Gobierno se irrite, que diga que Essal no ha estado a la altura, que exija plazos, cuando al mismo tiempo no cuenta con mecanismos de coerción real que efectivamente ejerzan presión sobre la compañía. Las multas son misérrimas, el cese de las funciones de Essal no es viable y la reversión de la privatización de las sanitarias no es tema, con lo que en realidad, salvo el derecho al pataleo, lo que nos queda es esperar que el agua vuelva en Osorno y que todo siga como siempre.

La privatización de las sanitarias se enmarca en la reestructuración general capitalista impulsada en Chile durante la dictadura civil-militar, pero que luego fue continuada y profundizada durante los gobiernos de la Concertación y la derecha. Recordemos que, sin que entonces se diera una explicación convincente que no fuera la adhesión ideológica a la privatización, durante el primer gobierno del presidente Piñera se vendió un paquete de acciones que el Estado, a través de Corfo, poseía en Aguas Andinas, Esval y Essbío.

Lo que está ocurriendo en Osorno es parte, por lo tanto, de un marco institucional que debemos entender junto con otras reformas estructurales que hoy se traducen en crisis sociales (sistema de pensiones – No+AFP, Código de Aguas – Crisis Hídrica, Reforma a la Educación – Paro de los Profesores y otras), bajo un proyecto de orden neoliberal. Por lo tanto, detrás del agua que se corta o sale de color azul, detrás de la desesperación de los habitantes de Osorno, está la pregunta central por el rol del Estado.

Lejos de las visiones a las cuales todos los últimos gobiernos han adherido, según los cuales se entiende que el Estado es un mero actor pasivo, que solamente fiscaliza -y mal- al sector privado, debemos recordar que estas empresas son llamadas, por razones obvias, como de servicios básicos, y que por lo tanto el Estado debería como mínimo poder cautelar que su funcionamiento sea adecuado. Lo que vemos aquí es muy parecido a muchas otras situaciones que hemos vivido en los últimos años, como por ejemplo para el terremoto y maremoto de 2010 cuando la telefonía móvil estuvo interrumpida varias horas, no porque hubiera daños a la infraestructura, sino simplemente porque los privados no habían invertido, por razones de su propio negocio, en antenas que respondieran a esa demanda de emergencia.

Este proceso de privatización de las sanitarias ha sido llevado a cabo por personeros designados políticamente que posteriormente pasaron a ser parte del mundo privado. En las empresas sanitarias hay varias ex importantes autoridades públicas, especialmente de los gobiernos de la Concertación, que hicieron ese tránsito, con lo cual es legítimo preguntarse qué méritos hicieron para ser contratados o de qué modo usan hoy sus relaciones políticas para favorecer a quienes les pagan.

Lo que ocurre en Osorno, por lo tanto, no es una empresa que funciona mal: es el despliegue estructural de una avanzada del capital que, entre muchas consecuencias, tiende a precarizar la vida y los derechos de las personas. El Estado renuncia a sus atribuciones, los privados entran al juego, desaparece la posibilidad de soberanía y control público y democrático. Eso es en la raíz lo que está ocurriendo en Osorno.