Lo que organizaciones sociales y expertos venían anunciando desde que el momento en que el presidente Sebastián Piñera firmó el decreto que impuso una nueva política en el país, se confirmó con las cifras entregadas por la Policía de Investigaciones (PDI), números que evidenciaron un gran aumento de ingresos ilegales al país.
Fue en abril de 2018 cuando entraron en vigencia las medidas del Gobierno que, entre otras disposiciones, establecen visas consulares y mayores requisitos de ingreso. Según las cifras de la PDI, que tampoco logra abarcar la totalidad de los casos, ese año fue el que ha registrado mayor cantidad de denuncias, llegando a las 6.310. Sin embargo, este número va en aumento, ya que en lo que va de este 2019 se registran 4.255 denuncias, es decir, un 70 por ciento del total del año pasado.
“Un aumento exponencial y preocupante”, como lo calificó el director del Servicio Jesuita Migante (SJM), José Tomás Vicuña, y que para él tiene que ver con que las medidas del Gobierno. En específico, las mayores restricciones para el acceso de inmigrantes al país no irían en dirección correcta.
“Si bien esto está afuera de la ley, al mismo tiempo es una realidad que hay que abordarla. Si se quiere una migración ordenada, segura y regular, aquí vemos que no se está pudiendo hacer y hay un aumento exponencial de los ingresos por pasos no inhabilitados”, sostuvo el director del SJM.
“Ante nuevos requisitos -que cualquier Estado está en su legítimo derecho de imponer- las personas van buscando nuevos flujos y, a su vez, lo peligroso de esto es que alimenta las redes de tráfico que abusan de las personas migrantes. Hay que abordar esta temática desde un modo regional y aprendiendo de los errores de otros países”, agregó Vicuña.
La última medida del Ejecutivo fue establecer una visa consular para los inmigrantes venezolanos, poco después de que cientos de niñas, niños, mujeres y hombres llegaron al Paso Fronterizo de Chacalluta buscando nuevas oportunidades. Ahora, además de ser la colonia migrante más grande del país, Venezuela lidera el registro de denuncias de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional.
A ellos, les siguen Cuba y República Dominicana, ambos países con requisito de visado consular para ingresar al país. Los otros ciudadanos que tienen que solicitar su visado en su país de origen son los de Haití que, de promediar 14 denuncias al año, pasaron a más de 170.
Algo que para la directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, Francisca Vargas, no se entiende, ya que, además de que la literatura académica refuerza esta idea, fue algo que generó la preocupación de los expertos en Chile, incluso, desde antes de la entrada en vigencia de la nueva política migratoria.
“Lo que nosotros decíamos es que para lo flujos migratorios altos no conviene tener una política migratoria que en la práctica implique un cierre de las posibilidades, porque eso lo que va a traer es que las personas que no logren ingresar por la vía regular, por supuesto que van a ingresar por la vía irregular”, advirtió la abogada.
“Estamos en un contexto de una migración en el mundo que va aumentando, donde hay muchas situaciones de necesidad, desde económicas hasta de protección. Entonces, por supuesto que si tú cierras la puerta, la gente va a entrar por la ventana, y si la ventana está cerrada, va a entrar por el patio”, añadió la directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP.
Sólo este año han ingresado al país 1.536 ciudadanos venezolanos de manera ilegal, una cifra que se condice con que el 48 por ciento de los rechazos de visas en la frontera hayan sido a población venezolana. La información de la PDI indica, además, que en lo que va del año, cinco regiones han superado las denuncias de todo el 2018. Se trata de Coquimbo, O’Higgins, Bíobío, La Araucanía y Los Lagos. Arica y Parinacota es la región con mayor número de denuncias por ingresos ilegales, con 2.083 entre enero y junio de este año.