La delimitación de la jornada laboral es una de las grandes luchas que ha dado el movimiento sindical a través de su historia. Literalmente, mucha sangre ha corrido en su nombre. Hoy muchos países del mundo, incluido Chile, tienen una jornada de 40 horas (o de 45 con una hora de almuerzo). Lo decimos como si nada, pero hay enormes sacrificios que sucesivas olas de trabajadores organizados dieron para que pudiéramos llegar a la situación actual.

En todo caso, y para ser justos y precisos, hay que decir que esta jornada no recae por igual en todos los trabajadores y trabajadoras. Desde hace años, con lento pero creciente éxito, organizaciones e investigadores han venido evidenciando la doble o tripe jornada invisible a la que están expuestas las mujeres. Siguen siendo ellas quienes van al supermercado, cuidan a los hijos y a los adultos mayores y se hacen cargo de la dimensión doméstica de la vida. Para ellas la jornada es mucho más extensa. En una ciudad territorialmente segregada como Santiago, también lo es para quienes deben desplazarse dos horas y a veces cuatro horas para ir y volver del trabajo, como ocurre con vecinos de Renca, Puente Alto o Maipú que trabajan en Vitacura. Por último, la irrupción de las nuevas tecnologías y sus consecuencias en nuestra ubicuidad permanente ha hecho que, por el mero efecto de tener un teléfono inteligente en el bolsillo, la conquista sindical de una jornada laboral haya sido significativamente deteriorada, especialmente por obra de algunos empleadores o jefes que se sienten en la potestad de interferir en las horas de descanso de los trabajadores por asuntos que, perfectamente, podrían esperar hasta el día siguiente.

Es en ese contexto que las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola han promovido, junto con otros colegas, un proyecto para reducir la jornada laboral a 40 horas. Hay que recordar que esta iniciativa disputa con otra del Gobierno, que ha promovido el cambio a una jornada de 180 horas mensuales para favorecer la flexibilidad, la cual, para volverse viable, había prometido también la disminución promedio de la jornada semanal a 41 horas y media.

Era demasiado obvio que no solo sectores políticos, sino también los gremios empresariales y los llamados medios hegemónicos iban a volverse drásticamente en contra de la iniciativa. Lo más suave que se ha dicho es que se trata de una medida populista para agradar a los trabajadores (como si eso fuera un grave pecado) y los más serio es la acusación que se trata de una iniciativa de ley inconstitucional. Como en tantas otras veces, el establishment ha dicho que no es el momento y que primero tiene que reactivarse la economía y mejorar la productividad, para que un remoto mañana (que sabemos que quiere decir nunca) se pueda discutir la idea. Incluso lo inmigrantes han sido usados una vez más como chivos expiatorios, pues al justificar el aumento de la cesantía como supuesta consecuencia de su llegada a nuestro país, se ha planteado también que lo que Chile necesita, en realidad, es más flexibilidad y menos derechos laborales.

En un país donde la voluntad de los grandes intereses económicos es la que suele definir el rumbo de las políticas públicas, se nos ha ido olvidando la obviedad de que éstas deben ser hechas para favorecer la vida de los seres humanos y de la comunidad. Ciertamente, la experiencia vital de las personas en el trabajo es determinante, misma razón por la cual debe ser acotada y situada en un debate mayor sobre cómo dialoga con el tiempo libre y la calidad de vida. Los discursos que solo piensan en la productividad o en la macroeconomía se desnudan en su falta de consideración hacia la importancia que tienen los trabajadores, en tanto seres humanos, en la sociedad.

Si tuviéramos consenso respecto a la necesidad de hacer una reflexión sistémica, prospectiva y de bien común sobre las consecuencias que tiene la actual configuración del trabajo en la sociedad chilena, sin duda habría que hacer dialogar muchas dimensiones, entre las cuales es insoslayable la transformación del trabajo tradicional como consecuencia de la irrupción de las nuevas tecnologías. Pero tal conversación no puede darse en un país como Chile, en donde prima el Plan Laboral de 1981 resumido en la afirmación que hizo el almirante Merino durante su discusión en la Junta Militar: “No tenemos que sacrificarnos por los que vendrán”.

Pues bien, los que vendrán somos nosotros y esa inspiración dio lugar a una asimetría de poder brutal entre trabajadores y empleadores, lo cual ha producido una brecha creciente entre los retornos que recibe el capital y los que reciben los trabajadores y trabajadoras por su labor. En ese contexto, el proyecto de las diputadas Vallejo y Cariola es una luciérnaga que brilla en la oscuridad. Una luz pequeña y aislada, pero que puede ayudar a ver todo lo demás de otra manera.