Luego de que este martes el Ejecutivo repusiera la suma urgencia a su proyecto de Integración Social, este miércoles el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Ley de Integración Social presentado en mensaje por el Presidente de la República. Una votación que estuvo marcada por la fuerte presencia de los comités de allegados y organizaciones sociales que se manifestaban en contra de la iniciativa desde las graderías del Hemiciclo. Pese a esto, el resultado fueron 73 a favor, 55 votos en contra y solo una abstención.
Un proyecto que en el último tiempo copó la agenda de la comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, en donde, lejos de pasar desapercibido, protagonizó acalorados debates. Fue por esto, y frente a la posibilidad de perder la votación, que el Gobierno decidió la semana pasada quitarle la urgencia al proyecto y postergar una votación que en principio estaba agendada para el miércoles pasado. No obstante, este martes repuso la urgencia, siendo votado y despachado al Senado este miércoles.
Minutos antes de que comenzara la sesión en la Cámara, desde la llamada ‘Bancada transversal por la ciudad y la vivienda justa’ hicieron un llamado a toda la oposición a que rechace la iniciativa, argumentando su petición en el carácter “pro inmobiliario” que veían en el proyecto y debido a que éste tiene un nombre engañoso. Un llamado que no tuvo mucho efecto, porque entre los que aprobaron la iniciativa del Ejecutivo estuvieron parlamentarios tanto de la Democracia Cristiana, como del Partido Radical, el Partido Por la Democracia e incluso la Federación Regionalista Verde Social.
Entre los que participan de esta bancada, está el diputado del Frente Amplio y presidente de la comisión de Vivienda, Gonzalo Winter, quien aseguró que, pese a que la integración social es un objetivo valorable, este proyecto lo que hace en el fondo es aumentar las ganancias de las inmobiliarias y aumentar la desregulación. Por esta razón, decidió votar el rechazo de la iniciativa.
“No podemos decirle a los comités de allegados que ahora la forma de acceder a una vivienda social va a ser que la inmobiliaria decide a qué pobre le entrega el departamento que construyó. Yo creo que la integración social es un tremendo objetivo, pero que este proyecto en el fondo lo que hace es ganar la ganancia de las inmobiliarias, aumentar la desregulación de la ciudad, y atentar contra la planificación urbana“, dijo el parlamentario de Revolución Democrática.
Una situación que no pasó desapercibida en la discusión en el Congreso, fueron las solicitudes que hicieron algunos parlamentarios pidiendo que se inhabilitaran a aquellos diputados que estuvieran enfrentados a un conflicto de intereses por poseer negocios inmobiliarios.
Esto, porque una de las mayores críticas a la iniciativa es que en el caso de los edificios de arriendo, el proyecto del Gobierno dice que el Estado entregará terrenos fiscales para que las inmobiliarias construyan, en un porcentaje menor, departamentos de arriendo barato. Así, el resto del terreno, quedaría a su disposición para hacer sus negocios. Pese a esto, ningún parlamentario, ni de oposición ni del oficialismo, se inhabilitó.
Sin embargo, las críticas fueron desestimadas por el diputado de Renovación Nacional y también integrante de la comisión de Vivienda, Diego Paulsen, quien fue unos de los votó a favor de la iniciativa. Antes de entrar al Hemicicl, Paulsen argumentó su decisión en que la aprobación de este proyecto permitiría a los chilenos poder acceder a una mejor regulación y constructibilidad.
“Permite que los espacios que ahora están a cargo del Estado, que son bienes de todos los chilenos, se pongan a disposición de generar una mejor calidad de vida a la gente. Este proyecto va a garantizar que los espacios que hoy existen a disposición del Estado tengan una mejor regulación y además una mejor constructibilidad que permitan entregarle viviendas de calidad a los chilenos”, afirmó el diputado de RN.
Otro de los elementos que se le habían cuestionado al proyecto de Integración Social es que la iniciativa proponía que las inmobiliarias que construyan cierto porcentaje de viviendas sociales en zonas bien equipadas, pudiesen no respetar las normas urbanísticas y pasar por encima de los planos reguladores. Fue justamente por esta razón que el diputado del Partido Por la Democracia y también miembro de la comisión de Vivienda, Rodrigo González, decidió rechazar el proyecto.
Así, luego de la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto de Integración Social del Gobierno pasará a segundo trámite legislativo y continuará su rumbo hacia el Senado.
“Morir luchando, sin casa ni cagando”, gritan los comités de vivienda ad portas de la votación del proyecto del Ejecutivo, mal llamado de “integración social”. En breve votación en general. pic.twitter.com/2wF2mvThOs
— Bancada Comunista e Independientes (@Diputados_PC) August 14, 2019