“El desierto nos entregó trozos de su espalda y su mandíbula, una vida masacrada, mientras sus asesinos llevan décadas de impunidad y campea el negacionismo”. El anterior es el mensaje que publicó la diputada comunista Carmen Hertz, luego de recibir nuevas osamentas de su esposo, el abogado y periodista Carlos Berger Guralnik, quien fue asesinado por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet en 1973.
Cuando fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en el paso de la denominada Caravana de la Muerte por Calama, Berger era militante comunista al igual que la parlamentaria, además de director de la Radio El Loa y jefe de relaciones públicas de Chuquicamata. Luego de ser torturado por semanas, el 19 de octubre del mismo año fue asesinado en medio del desierto y sus restos fueron lanzados al mar.
Pero hoy, 46 años después y en vísperas de un nuevo aniversario del fatídico golpe de Estado, una nueva ofensiva negacionista ha logrado hacerse un espacio en el debate público y los grupos autodenominados “social patriotas” hacen apología de una dictadura cívico-militar que, tan solo en sus primeros años, cobró más de tres mil vidas como la de Berger. Una situación que para la diputada comunista y férrea defensora de los derechos humanos, Carmen Hertz, tiene que ver con que, hasta la fecha, no se ha implementado una política pública que permita establecer una verdad social respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura.
“El hecho de que estén entregando hoy nuevos restos de Carlos, está indicando lo que hicieron. Ellos fueron masacrados, asesinados a pausa, mutilados, enterrados en una fosa clandestina, después exhumados con retroexcavadora y lanzados al mar. Y son los restos que cayeron de la retroexcavadora es lo que hoy ha sido posible identificar”.
¿Por qué hoy en día es importante volver al pasado y conocer en detalle qué fue lo que ocurrió con las víctimas y qué fue lo que les hicieron en esa época?
“Porque, a mi juicio, esas políticas brutales de exterminio y de prácticas genocidas, lamentablemente, hoy no son una verdad social. Es algo que lo conocen los especialistas, los abogados de derechos humanos, los familiares, los jueces y algunos periodistas, pero no ha habido nunca, en todos los gobiernos de posdictadura, una política pública de memoria”.
En ese sentido ¿cuáles son las consecuencias de que no haya existido una política pública en esta materia?
“Que cuando hablamos del exterminio en Chile, salen con Venezuela, con Cuba, siempre con algo, y no se hacen cargo en absoluto de lo ocurrido acá. Y eso yo lo imputo a las características de la transición, que se basó en pactos tácitos de impunidad”.
“Eso ha permitido, entre otras cosas, que hoy sectores de la ultraderecha se ufanen con el negacionismo, con la apología a la dictadura. Y también ha favorecido a este escenario maligno y perverso que se ha instalado en Chile, el hecho de que los complices civiles del exterminio, aquellos que lo propiciaron, que lo aplaudieron y aquellos que hasta el día de hoy lo relativizan, jamás hayan tenido sanción alguna. No sólo penal, no tuvieron sanción moral, no tuvieron sanción política y no tuvieron sanción social”.
¿Desde dónde ve que surgen actualmente esas intención de relativizar o negar lo ocurrido en aquella época?
“La verdad es que esas políticas negacionistas o relativizadoras, lo que por ejemplo dijo el presidente Piñera respecto a Bolsonaro, que cada cual puede tener su opinión, eso es negacionismo. Eso no lo puede decir el Presidente de la República de Chile. ¿Por qué lo hace? Porque en el fondo esas políticas negacionistas, relativizadoras del exterminio, están en el ADN de la derecha. Eso es lo que creen y eso es lo que predican, aunque no lo hagan abiertamente”.
En ese sentido ¿en qué radica la principal deuda que tiene Chile en términos de memoria y cómo ha afectado a la sociedad la falta de un mayor compromiso por parte del Estado?
“Cuando una justicia llega en forma tan tardía es, en la práctica, denegación de justicia. O sea, el Estado chileno tiene deuda en la verdad, en la justicia, en la reparación. Es una deuda gigantesca y esa deuda -que no es con los familiares ni con las víctimas, sino que con la sociedad-, si no se salda y si no hay políticas de memoria, el país lo va a lamentar, porque va a ser muy trágico lo que va a ocurrir”.