Si, finalmente, la demanda ciudadana se abrió paso. El Presidente Martín Vizcarra, acorralado por la mafia fuji-aprista, resolvió el lunes 30, disolver el Congreso de la República y convocar a nuevos comicios parlamentarios para el próximo 26 de enero.
Esta acción, considerada enteramente legítima y racional en España, Inglaterra, o Francia es objetada en estos lares por los núcleos más reaccionarios, y calificada como “chavista”. Y por eso, en lugar de admitirla, sus pares de aquí, resolvieron imitar a la contra venezolana y proclamaron una versión peruana de Guaidó, ungiendo como “Mandataria” a Mercedes Araoz, una personalidad de antecedentes repudiables. “Mis Bagua” le dicen.
Es bueno decir que esta crisis se veía venir. La obsesiva voluntad de la mafia por apoderarse, a cualquier precio, de todos los resortes del Poder doblegando a la mala toda resistencia, debía tener un límite. Y así lo entendió el pueblo. Por eso, desde un inicio, en calles y plazas de toda la República, vino demandando el fin del ciclo, y el cierre del Parlamento Nacional.
En las últimas semanas, la crisis tomó mayores proporciones. El Congreso se propuso liberar a Keiko Fujimori destinada a permanecer en prisión preventiva hasta el juicio que habrá de condenarla próximamente, y copar definitivamente el Tribunal Constitucional mediante un procedimiento considerado “exprés” y que se tramitó en apenas 30 minutos. Y cuando se creía que ya tenía humedecida la pólvora y agotadas sus municiones, resolvió simplemente archivar al proyecto de adelanto de elecciones planteado por el Ejecutivo.
Esta última acción resultó decisiva por el fondo y por la forma. El fondo, incluía el rechazo a una salida sensata y constitucional a la crisis planteada. Y la forma, dejaba al desnudo el descaro de parlamentarios ensoberbecidos y asustados que, en lugar de emitir un dictamen y ponerlo razonablemente a disposición del Pleno del Congreso para que lo debata, optaron por “archivar” la iniciativa con el voto de 13 de los 130 congresistas. Esta decisión por sí sola bastaría para ilegalizar dicho acuerdo. No obstante, buscaron implementarlo a contra mano de la realidad.
La decisión del Presidente Vizcarra responde, por eso, a una necesidad planteada en la lucha contra la corrupción, pero también a la demanda masiva de la población. Por eso fue saludada por casi un millón de peruanos que virtualmente en todas las ciudades del país se lanzaron a la calle al inicio para exigir la medida, y luego a aplaudirla con entusiasmo creciente.
La medida es buena. Y merece activo respaldo ciudadano. Pero no cabe hacerse ilusiones con ella. Es un paso indispensable en la lucha contra una mafia envilecida y en derrota que hoy cuenta apenas con el respaldo de la CONFIEP -los empresarios agrupados y puesto siempre al servicio de sus propios intereses- pero no es la solución a los problemas que hoy agobian al país. Ellos, por cierto, son infinitamente más graves; y sólo podrán encararse cuando seamos realmente capaces de transformar radicalmente la estructura de dominación vigente.
Tres retos están planteados en la perspectiva más o menos inmediata: la vigencia de la írrita Constitución de la Dictadura, que nos fuera impuesta por el fraude y las armas; la adhesión incondicional al “modelo” neoliberal que hace crisis por todos los costados; y el cumplimiento de una política exterior dictada desde Washington y que presupone la renuncia a nuestra independencia y soberanía.
Las demandas populares que se orientaron a la lucha por el cierre del Congreso están preñadas de estas exigencias. Y ellas habrán de hacer luz por la maduración del movimiento. Implicarán, entonces, la preservación de nuestra estructura productiva, la defensa de nuestros recursos energéticos y el uso de las potencialidades de nuestro país en beneficio del desarrollo y el progreso nacional. Todo ello habrá de pasar. Necesariamente, por una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Magna acorde a las exigencias de nuestra realidad.
Aún la mafia piensa que puede aletear. No está dispuesta a darse por vencida. Buscará no sólo recuperar las posiciones perdidas, sino también anhelará vengarse de quienes la derrotaron. Por lo pronto, ahora llamará a la OEA. Espera que el señor Almagro venga a darle la razón. Y que desde otras latitudes, gobiernos despistados -o de su mismo signo- “reconozcan” a la señora Araoz como “Presidenta de la República”.
El telón aún no ha caído. La función no ha terminado. La lucha de nuestro pueblo seguirá un derrotero abierto con coraje y sacrificio.
