La creatividad, persistencia y determinación política de la Coordinadora No+AFP ha acrecentado un nuevo frente conflictivo para el Gobierno, debido a la cantidad significativa de recursos de protección -20 hasta el momento- que se han presentado en las últimas semanas con el propósito de retirar los fondos de pensiones. Al respecto, ayer se conoció que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas también recurrirá al Tribunal Constitucional, como ya ocurrió con el a estas alturas célebre caso de la profesora de Antofagasta.
En paralelo, la Coordinadora ha convocado a una nueva manifestación para el próximo domingo, con cita inicial en Plaza Italia, mientras en el Congreso Nacional se continúa discutiendo lo que el Gobierno ha llamado “reforma previsional”, pero que en realidad son ajustes al mismo sistema de AFP que rige al país desde que fuera instaurado durante la Dictadura.
Hacemos mención a estos frentes simultáneos, porque sin perjuicio de las particularidades de cada uno de ellos el problema es, en última instancia, estructural y político. Estructural, porque en todos los casos en los cuales se han presentado recursos de protección las pensiones recibidas por los recurrentes son miserables y no alcanzan a ser, en rigor, pensiones, asunto que como ustedes saben podría asimilarse a la mayoría de quienes jubilan hoy en Chile. Y político, porque ninguno de los actores que participan del debate está en última instancia hablando de casos, sino del propio sistema de AFP.
Antes, durante décadas, los trabajadores chilenos habían aceptado de forma sumisa las paupérrimas condiciones jubilatorias de las AFPs, en parte porque la envergadura del problema se ha ido develando gradualmente. En la actualidad, según datos de la Fundación Sol, el 90,9% de las pensiones de vejez que pagan las AFP son menores a $149.435, lo que equivale solo al 66% del salario mínimo. Esta contradicción en la política pública chilena es en sí misma absurda, puesto que si por un lado se establece un mínimo de ingresos sin el cual los trabajadores no pueden vivir ¿cómo es que al mismo tiempo se permite que casi todos los jubilados reciban mucho menos que esa cifra?
Las autoridades de Gobierno, que sin disimulo han defendido el orden vigente y con ello a las AFPs, han esquivado este tema de fondo, al mismo tiempo que han planteado que el debate debe darse en el Parlamento y no en la calle ni en el Tribunal Constitucional. Es decir, que se canalice en la discusión legislativa sobre la llamada “reforma previsional”. Se trata de una afirmación temeraria en un país donde las demandas de los movimientos sociales han recibido una y otra vez portazos en el Congreso Nacional, para no ir más atrás, desde el movimiento estudiantil de 2011. Esto, mientras El Mercurio editorializa permanentemente sobre los límites que debe tener la negociación previsional.
Justo ayer, a propósito del rechazo de la acusación constitucional contra la ministra Cubillos, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, afirmaba que “el único contrapeso que hay en el país es el movimiento social” y que “este año logramos conquistas que tal vez actuando desde la esfera político-parlamentaria no habríamos podido tener en ningún caso”. Ya se sabe, ninguna conquista social de la historia de la Humanidad se ha conseguido sin lucha, y ésta no es la excepción.
