El derecho humano a expresarse libremente, a comunicar sin fronteras ni discriminaciones y a acceder a información veraz de interés público, de manera oportuna y plural, resultan imperativos éticos para toda democracia contemporánea y requieren de una serie de condiciones de posibilidad. Por un lado, de medios de comunicación fuertes y diversos –deuda pendiente de la democracia de Chile, uno de los sistemas de medios más concentrados de América Latina- por otro, el ejercicio de un periodismo ético que produzca contenidos informativos y culturales de alta calidad. Ese escenario abre la puerta a un debate público diverso, participativo y capaz de fiscalizar a poderes privados y públicos, entregando elementos para que la ciudadanía ejerza el resto de sus derechos básicos. Una tarea de tal magnitud requiere de trabajadores y trabajadoras del sector productivo de las comunicaciones en condiciones de cumplirla.
El largo recorrido del sindicato de Radio Bio Bio, primero, por constituirse como espacio organizado y luego, por construir condiciones de posibilidad para asumir una negociación colectiva y una movilización de huelga legal, se posiciona como uno de los múltiples ejemplos de la enorme precarización en este sector de trabajadores y lo dificultoso de construir instancias de articulación. El reciente encuentro de dicho sindicato con la Bancada Transversal por las 40 horas evidencia además, una de las demandas programáticas más sensibles para este sector: la jornada horaria.
Hace ya cinco años que el Colegio de Periodistas de Chile en conjunto a diversos sindicatos de medios de comunicación social y una Bancada transversal de parlamentarias y parlamentarios, presentó un proyecto para regular las extensas jornadas de las y los trabajadores de las comunicaciones. La moción propuso modificar la aplicación abusiva del artículo 22 del Código del Trabajo que en su inciso segundo explicita una excepción a la jornada laboral ordinaria, para los trabajadores de prensa escrita, televisión, radiodifusión y empresas de telecomunicaciones y distribuidoras de contenidos: se les puede excluir de la limitación de jornada ordinaria de 45 horas semanales. Aunque suene inverosímil, en una condición de abuso mayor, los periodistas y comunicadores hoy tienen jornadas horarias que pueden llegar a más de 50 horas semanales.
En el marco de la profusa discusión sobre jornada laboral que se ha desarrollado recientemente en nuestro país a raíz del proyecto de ley presentado por la Diputada Camila Vallejo y hoy impulsado por una bancada transversal, puede resultar ilustrativo retomar la vieja discusión por regular la jornada del sector laboral de las comunicaciones. Revisando esa experiencia, cabe señalar que la aprobación del proyecto que modificaba el artículo 22 en la Comisión del Trabajo, despertó el temor de los empresarios mediales asociados en la Federación de Medios de Comunicación que incluye a la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI; la Asociación Nacional de Televisoras, ANATEL, y la Asociación Nacional de la Prensa, ANP, quienes se opusieron tenazmente. La pasión del debate condujo a que desde el Ministerio del Trabajo miraran con preocupación el asunto y decidieran proponer una mesa de conversación alojada en la Subsecretaría de la cartera para así tratar en profundidad varios temas y según se dijo a los trabajadores, “alcanzar acuerdos básicos” para continuar con el debate parlamentario.
Como era de suponer, el lobby de los empresarios mediales, de a poco, fue congelando la discusión en la mesa y alargando el proceso parlamentario bajo el argumento de la severa “crisis” y serie de despidos, que implicaría una medida como esta, si llegaba a ser aprobada. Argumentos nada extraños a la hora de revisar el detalle de las discusiones sobre la aprobación del proyecto de 40 horas semanales. Lo cierto, es que sin modificar el artículo 22, la “crisis” de precariedad y los despidos masivos en el sector de la comunicación continuó. Pero esa “crisis” no resultó preocupante para los propietarios mediáticos.
Esta breve remembranza, es útil no solo para tomar en cuenta una experiencia relativamente reciente, sino además para confrontar los argumentos catastrofistas que suelen instalar los grandes empresarios. Es claro que para la ciudadanía resulta cada vez menos tolerable que una iniciativa de mejora para la calidad de vida de los trabajadores sea emplazada por argumentos falaces. Por el contrario, este debate debiera entenderse como una oportunidad para reconocer y modificar la precaria experiencia laboral de miles, con escaso tiempo para el descanso y el vínculo con sus familias.
En el ámbito de los medios de comunicación, múltiples experiencias de sindicatos de grandes empresas mediáticas de carácter privado y público como Canal 13, Iberoamericana Radio Chile y Televisión Nacional, entre otras, han mostrado la realidad de contratos precarios, polifuncionalidad, trabas para la articulación sindical y claro, extenuantes jornadas bajo el argumento de la entrega noticiosa permanente. De hecho, la huelga del Sindicato de Radio Bio Bio también incluye entre sus demandas la regulación de su jornada laboral y una bonificación para transmisiones especiales.
Si de verdad queremos alejarnos de vaticinios catastrofistas sin asidero, Chile debe promover una discusión seria sobre el respeto a los derechos laborales. Aquello implica confrontar la precariedad, acercándose a regulaciones internacionales en la materia, como por ejemplo las establecidas por la Organización Internacional del Trabajo, que en su Convenio 47 propone 40 horas de trabajo por semana. En el caso de la comunicación, una jornada de dichas características se configuraría como coadyuvante básico para la garantía del buen ejercicio periodístico, del fortalecimiento al derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía y por ende, de la democracia toda.
