Aunque el alzamiento ciudadano de las últimas 48 horas dio cuenta sorpresiva de un hastío ciudadano frente a tantas injusticias estructurales, la respuesta del poder político no tuvo originalidad. Fue de manual. Si pudiéramos resumirlo deberíamos enumerar: represión policial, desvinculación de las protestas de sus razones políticas y sorpresivo abandono del control del centro de la ciudad para, una vez ocurridos los desmanes, tener cómo justificar la medida de orden público más grave que se ha implementado en Chile desde la dictadura.

Raúl Ruiz decía que todo chileno habla siempre entre comillas y en esa dirección el anuncio de ayer, por más grave que fuera, no debería ser leído estrictamente en el plano literal. La declaración de Estado de Emergencia no solo representó el fracaso estrepitoso del Gobierno en su responsabilidad de controlar el territorio, sino que tiene una connotación mucho más grave: en un país donde todavía sangra una dolorosa herida, todos entendemos cuál es la connotación sobre la memoria colectiva cuando desde La Moneda se anuncia que, para resolver un problema político, se le hace entrega del orden público a generales de Ejército.

¿Tendrá esta medida el propósito último de activar el terror que aún anida en forma de trauma en el pueblo de Chile? Si así fuera, ¿se piensa que eso va a resolver el problema de fondo, que es la indignación ciudadana frente la injusticia estructural e institucional?

Lo hemos venido diciendo: Santiago es una ciudad dual. Hay una reducida zona, que es donde reside la élite política, periodística y de expertos, donde no hay problemas sociales. Todo es opulencia y las calles se parecen a Miami, salvo por la ausencia de playas. Pero hay otro extenso territorio donde transcurre la existencia de la abrumadora mayoría de la población capitalina, que es donde revientan todas las inequidades producidas por el sistema: la desigualdad, la distancia de los trabajos, las largas jornadas laborales, los bajos sueldos, las jubilaciones miserables, la mala cobertura en salud y, por supuesto, el alza en el precio del pasaje.

La respuesta a todas estas miserias que se acumulan y alimentan el rencor es y debió ser siempre política. Pero la institucionalidad contra-mayoritaria que evolucionó hacia el control de la actividad política por parte los grandes intereses económicos ha bloqueado una y otra vez las justas demandas sociales, con la pretensión de que aquello sería impune. Pero esta semana, el pueblo de Chile demostró que su otrora combatividad no se había esfumado en el aire y que dormía en alguna parte de la memoria colectiva.

La decisión del Gobierno de responder a una demanda social con militares nos remite a la lección que la oligarquía esperaba que aprendiéramos para siempre: la lucha por los derechos tendría un limite que sería señalado por un batallón. Con ello, se espera que un dispositivo que combina la fuerza en estado puro, el control mediático y la alusión al trauma social desactive la insurrección. Es lo que decía Mauricio Redolés en su paráfrasis del famoso poema de Augusto Monterroso: “y cuando despertó, el 11 de septiembre de 1973 todavía estaba ahí”.

Pero hemos visto que la voluntad de protestar y de manifestar rabia contra el sistema y las autoridades no se redujo. Al revés: a la hora de la redacción de estas líneas los cacerolazos y las convocatorias a nuevas manifestaciones han proliferado, expresando una voluntad de desobediencia civil que no acepta ser acallada.

Parece ser que en el escenario construido en estas horas por el Gobierno no se haya reparado el modo en que condicionó su propio futuro y su imagen ante la Historia. Esta decisión de salirse del espacio de la política tendrá consecuencias, probablemente, irreversibles sobre el cumplimiento de sus objetivos programáticos. En esa línea algunos actores del propio oficialismo han insinuado una precipitación y una falta de comprensión sobre la sociedad que se pretende gobernar. Ante la comunidad internacional, que está reaccionando con asombro, también ha quedado la mancha de un gobierno que pretendió ejercer un liderazgo internacional y que incluso se empeñó en acoger la cumbre de la APEC y la COP 25, pero que ahora aparece desnudo reaccionando a las demandas sociales con brutalidad policial y militares.

Es probable que los próximos días las protestas no amainen y que el Gobierno tenga severas dificultades para tomar el control de la agenda política. Las consecuencias que tendrá para el Ejecutivo la evasión del problema de fondo serán, entonces, mucho más graves que las que se pretenden ejercer desde el poder contra los manifestantes.