“Los más viles ejemplares de la naturaleza humana se encuentran, en todas las épocas, entre los demagogos”. (THOMAS MACAULAY)
El miedo al pueblo ha puesto a temblar a la casta dominante. Teme a un pueblo harto de abusos, segregaciones, humillaciones y desigualdad. La indignación acumulada por años se ha volcado a las calles y no da señales de retornar a la línea de resignación que era su refugio. Se trata de una insurrección popular espontánea, pacífica, sin dirección ni programa, pero que ha incorporado a vastos sectores sociales. Nunca los chilenos hemos estado más unidos que en estos días de repudio al sistema que interrumpió el desarrollo de la democracia y la justicia social que el país había alcanzado hasta 1973. Es un malestar profundo que no solo tiene motivaciones económicas. Si bien el detonador fue la evasión por los estudiantes secundarios de la tarifa del Metro de Santiago, la rebeldía del pueblo se extendió a partir del viernes 18 de octubre como una mancha de aceite a una velocidad pasmosa.
La tarifa del Metro ya es cosa del pasado en esta histórica rebelión social. El gobierno la dejó sin efecto el sábado 19 mediante una ley que la Cámara de Diputados –cosa inusitada- aprobó el domingo 20, y el Senado el lunes 21. Rara vez se ha visto tanta diligencia parlamentaria. Pero entretanto la caldera social hervía porque la demanda del pueblo es mucho más amplia y variada. Afecta no solo a trabajadores y jubilados. El martes 22 el presidente de la República se reunió con presidentes de partidos a fin de recoger sugerencias para aplacar la protesta. Esa misma noche anunció una “agenda social”, que es un verdadero árbol de Pascua, un ofertón de campaña electoral –inspirado por el marketing– con ofertas para todos. Muchas requerirán mesas de trabajo y leyes que los bomberos de la protesta se han comprometido a despachar con máxima urgencia. Para demostrar su renovado espíritu republicano los diputados ofrecieron asimismo rebajar sus dietas (9 millones de pesos mensuales, más viáticos), disminuir su número de 150 a 120 y limitar su reelección.
La “clase política” encontró digno émulo de su demagogia en el gran empresariado, cuya rapacidad ha empujado al pueblo a la desesperación. Andrónico Luksic, el más rico de los ricos (cuya fortuna la revista Forbes calcula en 15.000 millones de dólares), anunció que desde el 1 de enero del 2020 ningún trabajador de sus empresas ganará menos de 500 mil pesos mensuales (700 dólares). El salario mínimo de 301 mil pesos (400 dólares) es lo que gana uno de cada cuatro trabajadores en Chile por jornadas que exceden las 45 horas semanales legales. La prestigiosa Fundación Sol sostiene que el 70% de la población gana menos de 550 mil pesos. Eso explica el sobre endeudamiento de las familias chilenas. El 70% del ingreso de cada hogar está comprometido por deudas. El consumismo –principal combustible de la economía de mercado y estupefaciente de la conciencia de los trabajadores – ha convertido a los chilenos en esclavos de la tarjeta de crédito para subsistir.
El número uno de los ricos invitó también a los otros multimillonarios a que imiten su generoso altruismo. No obstante ningún glotón de este festín capitalista que ya dura 36 años quiso seguir su ejemplo. Ni Sebastián Piñera ( cuya fortuna se estima en 2.800 millones de dólares), acusó recibo del llamado de Luksic.
En medio de este verdadero festival de la demagogia, se levanta una que otra voz sensata en un intento de situar la crisis en su realidad. Es lo que señala el obispo de Concepción, Fernando Chomalí: “En Chile aproximadamente 650 mil jóvenes, entre 18 y 29 años, no estudian ni trabajan; altas tasas de enfermedades mentales y suicidios entre ellos; miles de ancianos solos, abandonados, de los que nadie se preocupa, con tasas de suicidio cada vez mayores…La violencia y la soledad en Chile son una pandemia”.
La inhumana realidad de Chile exige un profundo cambio cultural, social y económico que solo puede acometerse sobre nuevas bases de convivencia que eliminen la segregación social. Necesitamos una democracia participativa y solidaria en que la remoción de los malos funcionarios sea una facultad del pueblo. La superación del conflicto social no consiste en migajas que dejan a salvo la estructura institucional que produjo la crisis. Chile necesita una nueva Constitución Política. El camino es un plebiscito que apruebe la convocatoria a Asamblea Constituyente y acto seguido la elección de los representantes que elaborarán el texto constitucional que finalmente será sometido a veredicto popular.
Chile no puede encaminarse hacia la justicia social agobiado por la carga de una Constitución que ahoga toda posibilidad de soberanía popular. Ha llegado la hora de un cambio verdadero. Es lo que reclama el pueblo en las calles.
Manuel Cabieses Donoso
