Hemos sido testigos en estos días del surgimiento y desarrollo (evolución) de un movimiento transversal en la sociedad chilena, que atraviesa todos los sectores socioeconómicos, que es contagioso, masivo y diverso en sus manifestaciones. Junto con este “movimiento”, se han producido actos vandálicos que han producido destrucciones graves e irreparables al patrimonio público, al patrimonio privado y a la salud y calidad de vida de las personas en el futuro próximo.

Ha generado sorpresa el curso tan rápido de los acontecimientos y la multiplicación y diversificación que va adquiriendo este “movimiento”. Así también, la lenta y violenta respuesta del Gobierno, que no ha logrado encauzar el reclamo social y ha respondido con medidas que han ido aumentando la onda de actos violentistas.

Desde el viernes (18/10) la ciudad comenzó a moverse de una forma muy “atípica” por los problemas de transporte que se generaron por el cierre del metro (cerradas producto de las evasiones masivas, por el alza del pasaje del metro de Santiago). Y, justamente, el alza del pasaje del metro de este transporte público, se transformó en un gatillante que raramente se hubiese previsto iba a encender esta “explosión social” en Chile.

Podría afirmarse que esta explosión ha configurado un momentum, uno de esos puntos de inflexión que tienen las sociedades, y a partir del cual, se puede empezar a “hablar” de un antes y un después. Los historiadores bien podrían decir que “El golpe militar del ’73”, “el triunfo del No”, “el movimiento por la educación”, así como fenómenos socionaturales (terremotos, tsunamis, entre otros) han constituido momentums en el transcurrir de la vida social de Chile.

Este movimiento, este  #ChileDespertó #ChileSeCanso #ChileDespierta es un movimiento por y para la creación de un nuevo pacto social. La génesis de la creación de un nuevo principio normativo que nos debe regir, un pacto social basado en la justicia social, la dignidad y la solidaridad. Así como en el respeto por los derechos y la seguridad social.

Un nuevo pacto social que exige mecanismos de participación, transparencia y mecanismos permanentes de resguardo a la probidad de las distintas instituciones del Estado.

Este pacto social, este acuerdo “normativo” debe establecer los nuevos límites de lo que consideramos justo y digno en ámbitos vinculados con la salud, la educación, el trabajo, el transporte y la vivienda. Tenemos que fijar los nuevos límites de lo que consideramos condiciones de vida justas y dignas para las personas: en el monto de sus pensiones, en las condiciones y calidad de la atención en salud, en el tipo de educación recibida, en los salarios y condiciones de trabajo, así como en la protección y seguridad ante las situaciones de enfermedad y fragilidad. Un pacto social que enfrente decididamente las inequidades territoriales, las condiciones del entorno físico en el que se desenvuelven las personas, incluido el transporte y los espacios públicos, en el territorio donde vivimos. Allí tenemos graves y profundas inequidades, en términos de extensión de áreas verdes, iluminación, seguridad pública, condiciones de las calles y calidad y condiciones de salud y educación entre los distintos municipios del país.

En otras palabras, estamos hablando de un acuerdo social que termine con la violencia estructural, con los abusos sistemáticos y estructurales que vivencian  las personas en el transcurrir de su vida cotidiana. Para terminar con estas inequidades, con esta injusticia social, necesitamos articular una agenda social cuyo acuerdo se oriente a profundas transformaciones en los valores que rigen nuestro actuar social e institucional, así como en las garantías y derechos protegidos por el Estado y la forma en que este los protege.

Necesitamos generar las bases institucionales de un Estado e instituciones públicas de calidad, basadas en la dignidad y el respeto a las personas y protección de sus necesidades. Necesitamos fomentar una sociedad civil solidaria y justa.

Necesitamos generar las condiciones, las prácticas y los sentidos para volver a creer en lo público, en la importancia de lo público. La equidad social ya muy documentada como uno de los grandes determinantes de la salud de las poblaciones, es lo que nos va a lleva a sanarnos como sociedad.

Alejandra Fuentes-García es Académica Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.